En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum destaca el combate a la corrupción farmacéutica, aduanal y en las concesiones de agua. En el sector salud, se frenó la adquisición de medicamentos genéricos con un sobrecosto de 13 mil millones de pesos y se destituyó a los entonces directivos de Birmex presuntamente involucrados; más recientemente, se exhibió a 32 proveedores que han fallado en la entrega de medicamentos, sobre todo de tratamientos oncológicos, a los que se denunciará penalmente si se encuentran indicios de colusión para dañar la salud de los mexicanos; y también se empezó a estatizar al ISSSTE. En el ámbito aduanal, se desarticuló una red dedicada al llamado huachicol fiscal, en la que operaban cinco marinos en activo y uno en retiro, y se pusieron filtros para detectar contrabando de combustibles, además de imponer aranceles a productos asiáticos y cancelar cinco empresas IMMEX que importaban productos ilegalmente. Y en el ámbito del agua, se puso orden en las bases de datos y se detectó que en el caso de concesiones de agua para uso agrícola se destina el recurso para campos de golf, complejos industriales y balnearios

El próximo 1 de octubre se cumple un año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. El “segundo piso de la cuarta transformación” –como lo ha nombrado la presidenta de la República, en reconocimiento a la continuidad del proyecto de nación del humanismo mexicano– ya tiene su sello propio: éste se advierte desde la forma en la que la primera mandataria enfrenta las agresiones del gobierno de Donald Trump, hasta la manera de encarar problemáticas domésticas, como la corrupción y la violencia.

En materia de combate a la corrupción, en estos 12 meses destacan tres ámbitos: el de la salud pública, donde se han frenado procesos que involucran colusión entre proveedores de medicamentos y autoridades; el de las aduanas, con la desarticulación de una red de huachicol fiscal y otras acciones destinadas a frenar el contrabando de mercancías; y el del agua, donde se busca acabar con el robo y la apropiación indebida del recurso.

Combate a la corrupción en sector Salud

El 11 de marzo de 2025, Contralínea reveló que las secretarías de Salud y Anticorrupción y Buen Gobierno descubrieron una filtración interna de información privilegiada y confidencial en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026; particularmente, se trató de 175 claves relacionadas con el proceso de adquisición de medicinas genéricas; y que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se canceló dicha compra para reponer todo el procedimiento. [ https://contralinea.com.mx/interno/semana/cancelan-compra-multimillonaria-de-medicamentos-genericos-por-filtracion-de-birmex/ ]

La filtración de información provino de la empresa pública federal Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, que entonces encabezaba Iván de Jesús Olmos Cansino), instancia a la que se le confió el proceso licitatorio de toda la compra consolidada, considerada la más grande en su historia, pues implicó una inversión pública de más de 240 mil millones de pesos, y cubre a todo el sector: hospitales y clínicas del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex, Marina, INSAHE y Salud.

La filtración se detectó a fines de 2024, y se originaron más de 170 quejas presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y los órganos internos de control, por parte de competidores que acusaron un mismo modus operandi en beneficio de algunas empresas que han acaparado el mercado de las medicinas.

El 18 de marzo, en la conferencia presidencial, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark confirmó que en el proceso de compra consolidada 2025-2026 de medicamentos e insumos médicos se tuvo que suspender la adquisición de 175 claves, pues se descubrió que Birmex adjudicó contratos con sobrecostos de alrededor de 13 mil millones de pesos.

El funcionario indicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuaba investigando los presuntos hechos de corrupción, y que el grupo directivo de Birmex fue separado del cargo –­incluido el entonces titular–, para continuar con las averiguaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, tanto administrativas como penales.

“Estamos hablando de un posible incremento de costos cercano a los 13 mil millones de pesos, que significa que podemos, inclusive, al reparar estos fallos y adjudicárselos a los proveedores de mejores condiciones, tener un ahorro, inclusive, mucho mayor a lo que estamos ya viendo hoy con lo que se está pidiendo y solicitando de piezas”, explicó el subsecretario.

Agregó: “esa es la parte que la propia presidenta nos ha pedido, bueno, le ha pedido a la Secretaría Anticorrupción y Gobierno que se cumpla a la cabalidad la ley, no sólo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal. Creemos que en esta primera compra que nos toca a nosotros, tenemos que pintar la raya, que no hay ni un solo espacio, ni un centímetro para admitir este tipo de prácticas y así dejar claro que de aquí para adelante nadie ni siquiera lo intente”.

El subsecretario Eduardo Clark indicó que “tan pronto fueron [publicados] los resultados de la licitación, hace casi seis o siete semanas, identificamos 175 insumos, es decir, 175 medicamentos o material de curación, etcétera, que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo; es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado. Y nos pusimos, entonces, inmediatamente en contacto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. Asimismo, puntualizó que aún con el sobreprecio, no se generará un perjuicio al erario, “ya que esas piezas no se han comprado todavía”.

Tras estos hechos, el gobierno federal convocó a subastas inversas con el objetivo no sólo de obtener precios justos, sino también de no retrasar los procesos de adjudicación de contratos. Esto último, para evitar que hubiera desabasto de medicinas.

Proveedores incumplidos

Cerrar la puerta a la corrupción en el sector salud ha sido la constante. El pasado 23 de septiembre, el subsecretario Clark reveló la lista de 32 proveedores que hace 4 meses ganaron las licitaciones públicas –tanto de la compra consolidada como de las subastas inversas para surtir medicamentos al sistema nacional de salud–, y que han incumplido con la entrega de los productos.

Entre éstos, sobresalen los casos de las empresas surten medicamentos oncológicos: Accord Farma, Zurich Pharma, Laboratorios Pisa, Zeux Lifesciences, Novag Infancia, y Amarox Pharma. Ello, porque en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se documentaron prácticas indebidas, como el ocultamiento intencional de los tratamientos contra el cáncer por parte de algunas empresas, lo que podría constituir delitos contra la salud.

El subsecretario Eduardo Clark denunció que los más incumplidos fueron Bioxintegral Servicios, con 100 por ciento de incumplimiento; Productos Farmacéuticos, 88.6 por ciento; Serral, 83.7 por ciento; Comercializadora Ucin, 83.6 por ciento; Distribuidora de Consumibles Médicos CR, 79.4 por ciento; Abastecedora Higiénica de Sonora, 78.6 por ciento; Global Business Group, 77.5 por ciento; Médica Polaris, 75.4 por ciento; Labco Soluciones Médicas, 74 por ciento; Discalab, 73.7 por ciento; Grupo Médico Castro Díaz, SC, 71 por ciento; Gelpharma, 66.8 por ciento; y Puerta del Sol Capital, 66.5 por ciento.

Al respecto, Contralínea le consultó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –en la misma conferencia del 23 de septiembre– si su gobierno presentaría denuncias penales, en caso de que se comprobaran delitos contra la salud. La primera mandataria respondió que sí. Y explicó que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, “está haciendo la investigación, ha estado dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos. Y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal; no solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”.

Sheinbaum Pardo agregó que ya se han detectado varias prácticas presuntamente irregulares y “se ha puesto mucho orden”. Como ejemplo, citó la colusión entre los proveedores y autoridades o personal médico: “se acostumbraba que llegaba la farmacéutica directo al centro de salud a convencer a un médico, a un director, o a algún hospital, de que ‘ese era el mejor medicamento posible’, y por haber, a veces incluso con colusión con algún servidor público en el sistema de salud, y se pedía ese medicamento que en realidad era siete veces más caro, y que daba exactamente los mismos resultados o menos resultados que otro”. Por ello, explicó que se han realizado protocolos para establecer qué medicinas se adquieren, con base en criterios científicos. Para ello, explicó, se consultó a médicos especialistas para determinar las características de los tratamientos.

La presidenta de la República dijo a Contralínea que, en el caso de los medicamentos oncológicos, se solicitaban algunos muy especializados que cuestan millones de pesos, y que no estaban indicados para algunos tipos de cáncer. También detalló que, incluso, “hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud, o de Birmex o de las instituciones, que se venden en la farmacia de enfrente. Entonces, con Cofepris estamos haciendo una investigación muy profunda de toda esta situación que encontramos, que ya, de hecho, ya se había limpiado una parte, pero que todavía [falta]”.

Acerca de cómo se dan cuenta de estas anomalías, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que días después de surtir las farmacias de las clínicas y hospitales públicos –incluidos los medicamentos oncológicos–, ya había peticiones de más medicamentos porque supuestamente había desabasto.

Presente en la conferencia presidencial, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, expuso que en la subasta inversa se encontraron medicamentos que se habían cotizado con sobrecostos. Ejemplificó con el caso de una medicina que se ofrecía en 20 mil pesos la pieza, y en la subasta inversa bajó a 4 mil pesos, “lo cual quiere decir todo el margen que se estaba llevando originalmente”.

A pesar de indicar que la gran mayoría de proveedores ha entregado los medicamentos, Martí Batres dijo que el hecho de “que falten cuatro, cinco, seis, siete, ahí tenemos un problema porque puede haber pacientes, aunque no sean muchos, que requieren uno de esos medicamentos; sobre todo, en los casos oncológicos es más delicado todavía, porque con un paciente que esté buscando, que necesite ese medicamento y no está llegando por la morosidad de un proveedor, ahí ya tenemos un problema con un paciente, con la gente. O sea, es que no es que le fallen a la institución, es que hay personas que necesitan ese medicamento para sobrevivir”. Por ello, llamó a las empresas “a que tengan no sólo un perfil comercial, sino también humano”.

Combate a la corrupción aduanal

Otra de las áreas donde más se ha reforzado el combate a la corrupción es el sistema nacional de aduanas. Al respecto, el gobierno de Sheinbaum Pardo detectó que el régimen aduanal ligado al Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) estaría involucrado en actos ilícitos, como el contrabando. Ello, porque permite a las empresas autorizadas importar temporalmente mercancías para exportarlas o prestar servicios de exportación, sin declarar impuestos o cuotas compensatorias.

En este caso, el 1 de abril de 2025 se realizó un mega operativo para desarticular redes de contrabando, que se conoció como Operación Limpieza en Baja California y Jalisco. En ésta, participaron la Secretaría de Economía, la Unidad de Inteligencia Financiera, la ANAM y la Guardia Nacional, y derivó en la cancelación de cinco empresas beneficiarias del Programa IMMEX, señaladas de simular procesos de manufactura con empresas fachadas.

Se trata de: Kaizen Inc, S de RL de CV, y Co Production de Tijuana, SA de CV, ubicadas en Tijuana; Soluciones Empresariales MH Fashion, S de RL de CV, y Philkor Trends, S de RL de CV, ubicadas en Ensenada, Baja California; y Grupo Maquilador Sin Frontera, SA de CV, ubicada en Zapopan, Jalisco. Según la SE, en conjunto, estas empresas incrementaron en 1 mil 355 por ciento sus importaciones de calzado, por 9 mil millones de pesos, por lo que presuntamente habrían hecho mal uso del programa, al importar productos terminados que se quedan y venden en México, lo que representa una competencia desleal, pues no pagan aranceles, IVA ni ISR.

La Secretaría de Economía informó que, en operativos anteriores, ya había cancelado el programa IMMEX a empresas de Aguascalientes y Baja California que, presuntamente, realizaban operaciones simuladas de importaciones de textil confeccionado por un valor de 15 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum atiende de forma directa y diaria el tema aduanero, no sólo por sus implicaciones en la recaudación fiscal, sino también por lo sensible que es en la relación bilateral con Estados Unidos. Para ello, se creó una plataforma al inicio de su sexenio, y cada mes se reúne con los directivos de las aduanas para que le informen la recaudación y todas las problemáticas que se enfrentan. Ello incluye la atención de hechos de corrupción, pues a pesar de todos los esfuerzos que realizó el pasado gobierno de López Obrador –al pasar el mando civil al Ejército, luego a la Marina–, no se pudo limpiar ese sector. Incluso, se registraron varios asesinatos de mandos aduaneros en el contexto de las operaciones de limpieza.

Respecto de la relación bilateral, el pasado 28 de marzo, durante la visita a México de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ratificaron el Acuerdo de Aduanas que, entre otras cosas, revisa su funcionamiento y el de las empresas de paquetería.

Al respecto, el pasado 2 de abril, la presidenta Sheinbaum declaró en su conferencia: “estamos haciendo un trabajo muy importante en Aduanas, muy importante. Fíjense, yo le doy seguimiento diario al ingreso de aduanas, diario: aduana por aduana, tenemos una plataforma. Y me reúno a partir del mes pasado, cada mes, con los responsables de las aduanas para hablar con ellos de la recaudación de cada aduana del país, entre otras muchas cosas que estamos haciendo”.

Un día antes, el 1 de abril, la primera mandataria confirmó que en la reunión con la secretaria Kristi Noem se acordó ratificar la cooperación en materia aduanera. “Lo que se firmó –lo firmaron el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos– es que continúa este Acuerdo de Aduanas y que se va a seguir trabajando en información conjunta”. Y agregó: “en 2022 se firmó un acuerdo con el presidente López Obrador que tenía que ver con revisión de Aduanas, particularmente con revisión de paquetería e información conjunta. Entonces, ese convenio se firmó nuevamente, se ratificó el convenio”.

Otro golpe al contrabando se dio a conocer el 7 de septiembre, derivado de la investigación relacionada con la incautación de 10 millones de litros de huachicol –contrabando de combustibles– en marzo pasado. A inicios de septiembre, las secretarías de Seguridad y Marina, junto con la Fiscalía General de la República, detuvieron a 14 personas involucradas, entre ellas, cinco marinos en activo y uno en retiro –entre ellos, un sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán–, junto con tres empresarios y cinco exfuncionarios de Aduanas.

En conferencia, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó: “primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación, y aprovecho también, para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de esta honorable institución”.

Acerca de las detenciones, el funcionario explicó que las acciones de inteligencia y de investigación “revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”; y confirmaron la existencia de la “organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch agregó que esta información llevó a la identificación de la manera de actuar de este grupo, basada “en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos”. Añadió que los operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde detuvieron a los presuntos criminales, se llevaron varios días.

El origen de las investigaciones se remonta al pasado 31 de marzo, cuando las autoridades federales aseguraron 10 millones de litros de diésel, así como armas y vehículos, de un buque que había arribado “al puerto de Tampico [Tamaulipas], el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes”, indicó en su momento la Marina. También se incautaron 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aprehendido el martes 2 de septiembre, quien es sobrino político del extitular de la Marina, Ojeda Durán. Farías Laguna fue comandante de la Décima Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, de enero de 2024 a enero de 2025.

Otro de los detenidos fue Francisco Javier Antonio Martínez, el jueves 4 de septiembre. Fungió como director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, Tamaulipas.

Combate al robo de agua

Y otra área en la que se ha puesto orden es el sector hídrico. Al respecto, el pasado 24 de septiembre se dio a conocer en la conferencia presidencial que, tras la revisión del 90 por ciento de los títulos de concesión de agua vigentes, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) halló irregularidades en 58 mil 938 de ellos.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, reveló que, entre las irregularidades, destacan casos ligados a complejos industriales, balnearios y clubes de golf, cuyas concesiones son para uso agrícola, por lo que no pagan derechos. Además se ha encontrado que hay vigencias no especificadas en los títulos, falsificación o duplicidad de concesiones, uso diferente al que se establece en la concesión, o ubicación errónea.

El subdirector Rodríguez Alonso expuso como ejemplo el caso de 197 títulos que tenían registro para uso urbano, pero en realidad usaban el agua de manera particular; otros 272 de uso agrícola –por los que no se pagan derechos–, que no se destinan a producir alimentos, sino que “son complejos industriales, balnearios, club de golf”, o venta de agua a través de pipas; 29 mil 539 por falta de certeza en la fecha de vencimiento; y 18 mil 753 con inconsistencias en la ubicación.

En el caso de títulos falsificados, dijo que mayormente ocurre “donde los acuíferos son deficitarios, es decir, donde no hay agua”. Varios de esos casos se ubican en el centro y norte del país. Además, el funcionario de la Conagua resaltó que, hasta ahora, han realizado 3 mil 912 visitas a lugares con concesiones, las cuales han derivado en 490 clausuras de los títulos.

Añadió que, con el ordenamiento de las concesiones, ha habido un aumento en la recaudación de recursos. “Comparado el mes de agosto de 2024 con 2025, tenemos un incremento de 2 mil 938 millones [de pesos], es decir, un 15 por ciento”.

Rodríguez Alonso narró que iniciaron la revisión de todas las concesiones debido a que, al inicio de la actual administración, se encontraron muchas inconsistencias en los archivos de la Conagua. “Encontramos tres bases de datos que eran incompatibles entre sí, con registros duplicados, datos incompletos y consecuentemente no podía darse un seguimiento a los trámites que estaban en Conagua”. Ello provocó rezago en trámites, de 145 mil cuando entraron al gobierno, y un registro poco confiable.