Sabemos que el mapa energético global ha dado un vuelco acelerado: las guerras y crisis externas presionan al mercado mundial. Venezuela, a un mes del ataque militar por parte del gobierno de Estados Unidos, acordó readecuar su estructura legislativa y no quedarse como espectador pasivo de su propio destino y, aunque estos cambios generan diferentes interpretaciones sobre la tendencia del país, se están dando pasos frente a una geopolítica “fríamente calculada”.

El proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) el pasado 29 de enero de 2026– puede considerarse como una oportuna estrategia de defensa ante el asedio imperial, si tenemos presente que el gobierno de Donald Trump mantiene como prisioneros de guerra al presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores.

Si ampliamos el horizonte y revisamos la propuesta de reforma de ley, esta no se limita al crudo; ahora incluye todos los hidrocarburos y sus derivados, una visión integral que ubica a Venezuela no solo como exportador de materia prima, como ha sido durante su historia petrolera, sino que ahora perfila para convertirse en una potencia industrial mundial.

Esta ley ratifica que las actividades primarias están reservadas al Estado a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las alianzas para producir se formalizarán a través de los Contratos de Participación Productiva (CPP); estos últimos permitirán sumar esfuerzos con el sector privado para reactivar pozos petroleros que el bloqueo intentó paralizar por casi una década. Con la implementación de los CPP, el Estado venezolano mantendrá la propiedad total del petróleo, pero permitirá que el inversionista asuma el riesgo y el costo de su operación. Esto se puede definir quizá como un “pragmatismo soberano” necesario para captar los recursos económicos suficientes para estabilizar de manera total la economía nacional.

La nueva norma también permitirá que el gobierno venezolano brinde seguridad jurídica y mecanismos claros de arbitraje para los inversionistas; ante el conflicto global que vivimos, las reglas deben ser ágiles para que el petróleo sea una herramienta de negociación y no un flanco débil.

Según la reforma, este cambio histórico permitirá hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales y extranjeras, así como regular todo lo relacionado con la explotación, extracción, comercialización y el aprovechamiento integral del crudo en el país.

Se podría considerar que este nuevo marco legal es un acto de realismo político en una nueva época y, en definitiva, el fin de Venezuela rentista y en camino a convertirse en productiva. La reforma tendrá que asegurar que dicha realidad fortalezca los vínculos sociales, que las y los trabajadores avancen firmemente y que el país se consolide como una potencia energética soberana.

Y de esta forma, permitir las condiciones para que Venezuela se mantenga produciendo tal y como lo demostró al cierre de 2025, donde el 96 por ciento del consumo en el país se produjo en suelo venezolano y destacó por tener un papel protagónico en las políticas de recuperación económica con el aumento de producción nacional y avances significativos en la sustitución de importaciones.

Pero, ¿a dónde irá la renta petrolera con la nueva ley? El objetivo estratégico de esta reforma, bajo pleno contexto de amenaza, debe y tendrá que ser destinado a la felicidad del pueblo y al crecimiento integral de la nación bajo una gestión eficiente. Tal como lo expresó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien destacó que esta ley “permitirá un verdadero salto cualitativo en convertir las reservas de petróleo más grandes del mundo en las reservas de felicidad para el pueblo”.

Pero, ¿y qué pasó con la ley de 2006 propuesta por Chávez? Esta norma mantiene la impronta del comandante Hugo Chávez, quien reafirmó la soberanía sobre los recursos energéticos del país con carácter socialista. Pero sabemos que negociar hoy con una “pistola en la cabeza” genera otro rumbo a la realidad presente. Lo que sí se ratifica y mantiene en esta ley es la preservación de los principios de soberanía e independencia establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Ley de 2006, en gestión técnica y operativa de los proyectos, estuvo en total conducción integral de las operaciones reservadas a PDVSA; fue de exclusividad estatal para la venta del crudo y el Estado asumió todo riesgo financiero. En la nueva norma, los socios privados ejercerán tal conducción y podrán vender crudo sin la exclusividad del Estado; se introducen los CCP y asumen toda la gestión, incluyendo las amenazas económicas exclusivas de cada operadora.

Si bien es cierto que en 2006 Venezuela cerró el año con un precio que se mantenía robusto de 62.48 dólares por barril, tenemos que ser claros y conscientes −en el contexto de la historia reciente− que esa bonanza lograda por la Revolución Bolivariana fue un crecimiento significativo sin bloqueos y sanciones.

Sin duda, la reforma actual sostiene la visión a futuro del presidente Nicolás Maduro, quien, en su firme convicción por mantener siempre el diálogo y las negociaciones con EU, estudió y propuso esta reforma meses antes de su secuestro.

Esta modificación es un instrumento inmediato para rescatar las riquezas que permanecían bajo el cerco de las mil 81 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y en el subsuelo. Ahora, ante el asedio, un presidente secuestrado, un país que se recupera con fuerza de voluntad y con una productividad nacional que alcanzó −según el balance del Consejo Nacional de Economía− el 8.5 por ciento del PIB al cierre de 2025, y que lidera la región según la Cepal, demuestra que −pese a las sanciones y restricciones internacionales− estas nuevas reglas para la negociación e inversión nacional y extranjera será deber del Estado ponerlas al servicio del bienestar integral del pueblo venezolano.  

Con este instrumento, el gobierno nacional aspira que en el país se deje de señalar que poseemos la principal reserva mundial, para empezar a decir que somos el fabricador primordial de petróleo del planeta, dicho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, donde la verdadera soberanía es producir para el pueblo, y producir es vencer; no solo transitar con el modelo rentista petrolero para continuar con el fortalecimiento, producción, consolidación e inversión en salud, educación, ciencia y tecnología, agroalimentaria, cultura, seguridad social y nacional, entre otras, sino mantener las prioridades que se asumen con responsabilidad social a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo, las sanciones, la corrupción y los miles de intentos en desestabilizar al país y la región.

El pueblo venezolano, con sus grandes esfuerzos, se posiciona como gente que resuelve y que siempre va pa’ lante; sabe superar con paciencia estratégica todos los embates del imperio y las guerras del capitalismo. Pero, ante este giro atropellado, la incertidumbre puede estar presente, el ejercicio en este destino será crucial ante una geopolítica mundial que debe contar con una nueva reorganización legal internacional ante la inacción del derecho internacional.

Queda entonces de los gobiernos y pueblos organizados del mundo convertir sus recursos en herramientas para la paz y de crecimiento bueno para una nueva y necesaria humanidad.