Organizaciones sociales de Chile expresan alerta ante el gobierno de José Antonio Kast, quien asume el 11 de marzo tras ganar la presidencia. Sindicatos, migrantes, mujeres y docentes advierten riesgos para derechos laborales, políticas migratorias, equidad de género y educación pública

Santiago, Chile. Organizaciones de trabajadores, migrantes, mujeres y educadores de Chile, entre otros grupos de defensa de los derechos sociales, están alertas ante la asunción del ultraderechista José Antonio Kast, el primer presidente surgido de unas elecciones que se ha declarado admirador del dictador Augusto Pinochet.

Kast asumirá el 11 de marzo tras ganar con una amplia votación de 58.16 por ciento la segunda vuelta electoral, el 14 de diciembre.

Es el mayor giro hacia la derecha en este alargado país sudamericano desde el fin de la dictadura que gobernó entre 1973 y 1990, tras un cruento golpe de Estado

Kast logró alcanzar la presidencia en su tercera postulación. Triunfó prometiendo poner fin al crimen organizado, la expulsión de los migrantes ilegales, mayoritariamente venezolanos, y la recuperación de la economía con una política proempresarial.

Sus propuestas generan preocupación entre las organizaciones sociales, como comprobó IPS con dirigentes de sectores sindicales, de migrantes, de mujeres y de educadores.

Sindicalismo teme la precarización

Juan Manuel Díaz preside la Central Unitaria de Trabajadores, que reúne a 780 mil afiliados de los 1 millón 300 mil sindicalizados en este país de 18 millones 400 mil habitantes y 10 millones de población activa.

Un principio de la mayor organización sindical chilena es respetar los procesos democráticos, dijo Díaz a IPS.

“Recuperamos y valoramos ser interlocutores de todos los gobiernos y ante nuevas autoridades nuestro rol es avanzar y defender derechos conquistados”, detalló.

Kast anticipó que entre sus objetivos está flexibilizar el mercado laboral.

“Nuestra preocupación es que genere un banco de horas, flexibilizando más aún”, sostuvo Díaz, para quien el mercado laboral chileno es ya muy flexible.

El dirigente pone en duda que Kast sostenga la ley vigente desde abril de 2024, que reduce gradualmente la jornada laboral, desde las actuales 44 horas, a 42 este año mismo, 2026, y 40 en 2028.

“Nuestro mercado laboral es precario como ningún otro porque hay muchísimas formas de contratar o despedir a un trabajador”, aseveró.

Según Díaz, Kast dio una señal muy clara cuando apenas resultó electo, viajó a Argentina junto a líderes empresariales para reunirse con el presidente Javier Milei, también ultraderechista.

“Coincide con la reforma que impulsa Milei para modificar las relaciones laborales, cambiar el rol de los sindicatos y permitir hasta el trueque para pagar los salarios”, aseveró.

Planteó su preocupación porque disminuyan las competencias de la Dirección del Trabajo, un ente público que protege al eslabón más débil que es el trabajador.

“En el programa de Kast está explícito que quitará atribuciones a la Dirección del Trabajo porque la considera un organismo de militantes políticos dedicados a multar a las empresas”, denunció.

Indicó que “la gente tiene miedo a quedar cesante porque su endeudamiento va creciendo. Y por eso acepta trabajar en cualquier cosa, pero a costa de derechos y beneficios y en condiciones casi infra humanas”.

Afirmó que el trabajo en Chile se ha precarizado por la subcontratación permitida legalmente que facilita externalizar funciones propias de una empresa.

“En 2010 en Codelco había 15 mil 700 trabajadores de planta y 32 mil externos. Hoy quedan 5 mil de planta”, denunció Díaz, en referencia a la estatal Corporación Nacional del Cobre, más conocida por su acrónimo Codelco, responsable de la explotación y exportación del mineral, el principal producto de exportación del país.

Algo similar ocurre en la administración del Estado y de los municipios, en un país donde el gobierno central contaba en marzo de 2025 con 507 mil 790 empleados.

“Este Estado, con todos los presidentes democráticos, es el peor empleador porque su planta debería estar constituida por 80 por ciento de trabajadores permanentes y solo 20 por ciento con pagos de honorarios o sujetos a una renovación periódica de sus trabajos en cortos plazos de tiempo. Hoy está al revés”, afirmó.

Los pagados por honorarios son aquellos contratados para funciones específicas y de manera temporal, que pueden ser mantenidos indefinidamente sin que se sumen a la plantilla de empleados fijos.

Expulsión de migrantes entre las prioridades

Durante su candidatura presidencial de 2021, cuando lo derrotó el ahora mandatario saliente, el izquierdista Gabriel Boric, Kast anticipó el fin del Ministerio de la Mujer y el término del derecho de aborto terapéutico, solo permitido bajo tres causales, entre otras medidas para reducir derechos de género y otras conquistas de la sociedad.

En la pasada campaña Kast evitó estas definiciones para concentrarse en temas de seguridad nacional, con la promesa de terminar con la violencia de bandas criminales, en un país con cifras delictivas moderadas, expulsar a miles de inmigrantes, reducir el Estado terminando con los operadores políticos y bajar impuestos a las empresas.

Kast mantiene sus valores ultraconservadores, pero indica que estos no serán relevantes en el “gobierno de emergencia” que iniciará el 11 de marzo.

Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento de Acción Migrante, cree que la migración se utilizó políticamente en la campaña recordando que Kast prometió contenerla, imponer restricciones y expulsar a los que están en situación irregular.

Se trata de una profundización de la política migratoria aplicada desde 2018 que militarizó la frontera y fortaleció el maltrato a los que pretenden ingresar al territorio.

“Este relato está alejado de toda evidencia y niega los aportes que la migración entrega incluso en condiciones de irregularidad”, sostuvo Cardoza.

En 2018 había 1 millón 300 mil 859 migrantes en Chile y en 2023 aumentaron a 1 millón 918 mil 583, argumenta.

“Militarizaron la frontera y la migración siguió creciendo. Y los inmigrantes irregulares pasaron de 10 mil 375 a 336 mil 984 personas”, aseveró.

El Banco Mundial y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) coincidieron en que la migración aporta 10.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) chileno.

“Contribuye al desarrollo y no le cuesta un peso a la sociedad. Están aportando, pero en condiciones de vida cada vez peores. Desde el 2018 creció la pobreza multidimensional de los migrantes”, explicó Cardoza.

Según este dirigente, si Kast hace efectiva su propuesta migratoria, dañará a la economía del país y no solo a la migración.

“Los discursos de expulsar a la migración irregular son mentirosos porque es imposible para un gobierno expulsar 330 mil personas en su período de cuatro años en las condiciones en que se pretende”, aseveró.

Añadió que “es una locura tener a los migrantes en condiciones precarias porque solo les sirve a inescrupulosos que los contratan para explotarlos”.

“Se está precarizando la vida de migrantes con restricciones y maltrato. Es brutal restringir y cerrar los caminos de derechos básicos a los migrantes”, subrayó.

Mujeres sin expectativas, solo temor

Rosa Yáñez, directora del Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), dijo a IPS que con Kast las mujeres no tienen expectativas de mejorar su situación y sus derechos.

“Estamos temerosas y con incertidumbre porque no sabemos, por ejemplo, qué pasará con el ministerio de la mujer y la equidad de género”, sostuvo.

Este movimiento fue creado hace 90 años para promover el voto de las mujeres, lo que se logró en 1949

“La esperanza que tenemos las mujeres organizadas con el próximo gobierno es nada”, comentó la dirigente en el marco de una asamblea de la organización, que el 10 de enero debatió cómo actuar ante el gobierno de Kast.

“Estamos preocupadas y debatimos qué hacer, porque en la casa no nos vamos a quedar. Impulsaremos acciones cuando veamos amenazados algunos derechos”, explicó a IPS.

Como demandas urgentes mencionó “la necesidad de que las mujeres tengan mejores planes para enfrentar la vejez. No solamente con pensiones sino con atención integral de salud”.

“Que las mujeres viejas que no tienen dónde vivir sean acogidas en viviendas estatales porque el candidato hoy electo dijo que la familia debiera hacerse cargo”, declaró Yáñez.

Subrayó las demandas sobre sexualidad pues “corresponde a las mujeres decidir sobre sus cuerpos. Queremos una ley de aborto de acuerdo a lo que la mujer necesita: atención de calidad, gratuita y en servicio público”.

Expresó también temor por la eventual pérdida de la entrega gratuita de la anticoncepción de emergencia.

“Creemos que lo primero que hará el próximo gobierno es quitar la causal por violación para permitir el aborto”, añadió.

Yáñez admite el problema de las bandas delictuales, pero afirma que “provoca más inseguridad tener un sueldo mínimo miserable que no permite llegar a fin de mes”.

Kast anticipó que recortará en sus primeros 18 meses en el poder 6 mil millones de dólares del presupuesto y las organizaciones temen que esto signifique reducir planes sociales.

“Las mujeres seremos perjudicadas porque ellos son partidarios de que volvamos a nuestras casas, a criar y a lo doméstico porque no nos corresponde estar en el trabajo”, sostuvo la directora del MEMCH.

Yáñez anticipa que la defensa de derechos comenzará con una movilización el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la antesala de la juramentación de Kast.

“Las mujeres sabemos organizarnos, tenemos fuerza y no vamos a estar quietas para defender lo ganado y no perder derechos, autonomía como personas, mujeres y organización”, resumió.

Relevar la educación pública

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, dijo a IPS que los maestros están expectantes ante el gobierno de Kast, aunque no les corresponde definirse como opositores o partidarios.

“Hay preocupación, sobre todo con políticas educacionales que signifiquen retrocesos, pérdida de derechos”, admitió en diálogo con IPS.

“Durante décadas las políticas han defendido la educación privada favoreciendo el negocio educativo. Para nosotros el Estado tiene una gran deuda con la educación”, aseveró.

“No hay países que con políticas de mercado hayan mejorado la educación”, indicó Aguilar.

Enumeró problemas como violencia dentro de las escuelas, sobrecarga laboral y salarios bajos respecto a otros profesionales del Estado.

Según Aguilar, se agudizará el déficit docente y faltarán entre 30 y 35 mil profesores hacia 2030 porque menos jóvenes están interesados en la profesión.

“Más de 25 por ciento de los profesores jóvenes deserta antes del quinto año del ejercicio profesional y prefieren trabajar en otra actividad donde obtienen mejores salarios”, explicó.

Aguilar anticipa que los profesores tendrán con Kast la misma actitud crítica que ante otros gobiernos.

“Siempre estaremos disponibles para dialogar. Y cuando se agoten esas instancias, recurriremos a otros mecanismos como la movilización”, resumió.

En Chile se vivió un momento de revolución social en 2019, con multitudinarias protestas en contra de las bajas pensiones, del contubernio empresarial para subir precios a productos de consumo básico y otras demandas para profundizar la democracia.

Durante la gestión de Boric no se logró aprobar una nueva constitución por un doble rechazo plebiscitario, primero a un proyecto elaborado por constituyentes de izquierda  y luego a una propuesta derechista encabezada por constituyentes del Partido Republicano, creado por Kast.

El fracaso de ambos procesos hace anticipar que las tensiones sociales acumuladas acentuarán las movilizaciones populares si el gobierno de Kast concreta retrocesos en los derechos alcanzados durante el ciclo democrático iniciado en 1990.

Orlando Milesi/Inter Press Service (IPS)*

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