Ante el desacato por parte de autoridades de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura (Sader) y Salud (Salud) en la elaboración de un programa que atendiera la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, el Estado mexicano debe ir más allá y contar con una Ley General sobre Plaguicidas para fortalecer un marco regulatorio que realmente “aborde la definición, los criterios y el listado” de los herbicidas, y así garantizar una justicia ambiental, señaló el relator especial de Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A Orellana.

Para el experto, el uso de plaguicidas altamente peligrosos constituye uno de los problemas más graves que enfrenta el país, debido a sus efectos contaminantes y a los daños que generan en la salud, el agua y el medio ambiente. Y, aunque reconoció el liderazgo internacional de México en materia ambiental y de derechos humanos, advirtió que aún faltan compromisos efectivos para asegurar “el libre y pleno ejercicio del derecho humano a un medio ambiente”, lo que incluye un entorno no tóxico.

“México ha hecho avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental y es vital que el país continúe en esa senda, pero aún le falta una Ley General de Sustancias Químicas, así como una Ley General sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos”. Por ello, el marco normativo también debe ir acompañado por otra serie de políticas públicas. “Es urgente que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de coordinación entre las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, especialmente entre las de salud y las ambientales”.

Esta postura se vincula con la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó violaciones a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud, derivadas del incumplimiento del Estado en la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos. Y es que la recomendación determinó que autoridades de los sectores agrícola, ambiental y sanitario “incumplieron su deber de debida diligencia al no restringir ni prohibir estos químicos”, así como al no prevenir la contaminación y sus efectos en la salud y el entorno.

Por ello, el informe del relator especial retoma este antecedente y advierte que, si bien se han emprendido algunas acciones, persisten vacíos importantes en la materia. “Resulta preocupante que la CNDH haya considerado que la recomendación fue plenamente cumplida, a pesar de que todavía no hay un plan sectorial con metas medibles sobre estos plaguicidas altamente peligrosos, muchos de los cuales aún no han sido prohibidos”.

Incluso, la recomendación plantea como eje central que dependencias como la Semarnat, Sader y Salud deberían elaborar programas sectoriales con objetivos, metas y estrategias claras para la reducción y prohibición progresiva de estos plaguicidas, con mecanismos de evaluación y monitoreo. Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que el cumplimiento de estas medidas sigue siendo limitado, y que la falta de implementación efectiva ha permitido que los riesgos asociados a estos químicos aún persistan e incluso se agraven, situación que fue expuesta al relator durante su visita a México.

Ley General sobre Plaguicidas

La propuesta de crear una Ley General sobre Plaguicidas –con énfasis en los altamente peligrosos– se inscribe en un contexto legislativo marcado por una serie de intentos fallidos de regulación y de resistencias políticas y económicas. Hasta ahora, las propuestas por avanzar en la materia –principalmente a partir de reformas a la Ley General de Salud– han enfrentado a la “oposición” coordinada de organismos agroempresariales y la industria de plaguicidas, así como a las interpretaciones controvertidas sobre “posibles conflictos con acuerdos comerciales internacionales”, como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló el doctor Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México.

En este contexto, el doctor Bejarano recordó que, en el sexenio anterior, durante la LXV Legislatura, la senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario de Morena, impulsó una iniciativa de reforma para establecer un programa gradual de prohibición de plaguicidas altamente peligrosos y estimular la entrada de bioinsumos, “pero quedó parada en el contexto de la oposición al decreto presidencial de glifosato”.

Otro ejemplo de freno a la regulación de plaguicidas se dio en el mismo recinto, donde se paró una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la cual buscaba reformar el Artículo 278 de la Ley General de Salud, que incluía “la definición de plaguicidas altamente peligrosos y los criterios que la definen”. Con esta iniciativa también se dio revés al intento por modificar el Artículo 279, en donde se establecía que la Secretaría de Salud implementaría una revisión sistemática de los plaguicidas altamente peligrosos, con la idea de transitar hacia “alternativas de menor impacto a la salud humana y ambiental”, y que se publicaría esta lista en el Diario Oficial de la Federación.

“Esta iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados pero se paró en el Senado por un dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Estudios legislativos, que argumentó que resultaría riesgoso en el contexto del comercio internacional y se podría interpretar como una barrera técnica al comercio y en contraposición a las disposiciones con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio”, sostuvo el doctor Fernando Bejarano.

En este contexto, Orellana advirtió en sus recomendaciones preliminares sobre las limitaciones del decreto presidencial que prohibió 35 moléculas de plaguicidas en septiembre de 2025, al calificarlo como un acto “simbólico”. Con ello, señaló su preocupación porque varias de estas sustancias ya no se encontraban en uso o habían sido excluidas del comercio, lo que reduce el impacto real de la medida.

Asimismo, el relator destacó que aún persiste un amplio universo de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en el país, algunos de los cuales han sido prohibidos en otras naciones. En ese sentido, hizo un llamado para ampliar la lista de sustancias restringidas e incluir compuestos como el clorpirifos, el fipronil, los neonicotinoides y el paraquat, ampliamente cuestionados por sus efectos en la salud humana y el ambiente.

Por su parte, el doctor Bejarano señaló que, según el informe presentado ante el relator, en México se ha privilegiado la consulta con la industria de plaguicidas en los procesos regulatorios, lo que ha limitado avances más contundentes. “Aún quedan alrededor de 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de los cuales 161 están prohibidos en otros países”, advirtió.

Asimismo, el especialista dijo que el propio relator hizo énfasis en la necesidad de cumplir con la legislación ambiental vigente, particularmente lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prohíbe la importación de plaguicidas vetados en sus países de origen. Esta disposición, contenida en el Artículo 144, añadió, requiere no solo actualización, sino una aplicación efectiva para evitar contradicciones en la política regulatoria nacional.

México alista nuevo decreto; busca prohibir 61 plaguicidas

Bajo este contexto, el relator especial de Naciones Unidas, Marco A Orellana, informó que tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano prepara un nuevo decreto para prohibir 61 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos. De concretarse, señaló, “esto sería un paso muy bienvenido”, y representaría una oportunidad para implementar compromisos internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Entre estos compromisos destaca la prohibición del clorpirifos, un plaguicida altamente peligroso con efectos neurotóxicos, particularmente dañino para niñas y niños; ya que, a pesar de su amplio uso en México, hasta ahora no se han detallado medidas concretas para su eliminación, pese a lo acordado en el marco de dicho convenio internacional.

Plaguicidas y mortandad de abejas

El informe de cierre del relator también advierte que resulta indispensable un marco regulatorio robusto que prohíba los plaguicidas cuando existan indicios de daño a la salud humana o a los polinizadores. Entre las sustancias señaladas destacan el fipronil, los neonicotinoides y el paraquat.

Sobre este tema, el funcionario refirió testimonios de comunidades mayas en Campeche, quienes denunciaron afectaciones a sus derechos culturales y a la relación armónica con los ecosistemas debido a la liberación de estos químicos en el ambiente. De manera particular, advirtió que la Península de Yucatán enfrenta desafíos significativos por el uso constante de plaguicidas altamente peligrosos, agravados por las características del suelo.

“La muerte masiva de abejas debido al uso de sustancias como el glifosato, el fipronil y neonicotinoides y de cócteles de plaguicidas, así como una práctica constante de monocultivo, un tipo de sistema agrícola que degrada el suelo y propicia mayor vulnerabilidad ecosistémica, afecta la salud de los habitantes de la zona, y el sustento y la cultura de las comunidades apícolas”, señala el documento.

Sobre este tema, Contralínea ha documentado que la muerte masiva de colonias de abejas coincide con el uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el fipronil y los neonicotinoides, comúnmente utilizados en zonas de monocultivo y en la siembra de semillas transgénicas.

Y es que, de acuerdo con un censo realizado por el investigador Eric Vides Borrel, de El Colegio de la Frontera Sur, entre 2013 y 2024 se perdieron aproximadamente 296 mil colonias de Apis mellifera en al menos 15 estados de México. Esta crisis, asociada al uso de sustancias como el tiametoxam e imidacloprid, refleja el impacto que los modelos agrícolas intensivos y el uso de agroquímicos tienen sobre los polinizadores y, en consecuencia, sobre los ecosistemas y la producción alimentaria.

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