El retiro de visas del gobierno de Estados Unidos “tiene un sentido político esencialmente”, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informara que recibió una comunicación de dicho país en la que se le notificó la cancelación de su visa.

Enfatizó que, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), “no hay nada contra el hijo del presidente”, y agregó que en el caso de que existieran investigaciones, “nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito”, y subrayó que no se abrirá ninguna indagatoria en México solo porque Estados Unidos haya revocado una visa.

La primera mandataria cuestionó la forma en que se ha aplicado la medida en los últimos meses, “no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos”.

Ante ello, planteó realizar una revisión sobre lo que ocurre con este tipo de acciones en otros países de América Latina en comparación con México pues, a su criterio, la utilización de las visas contra personas políticamente expuestas constituye “un sentido de injerencia en la política mexicana […] porque no veo yo otra razón”.

Sheinbaum Pardo explicó que del lado mexicano la oposición, a la que calificó como “cada vez es más entreguista a Estados Unidos”, utiliza esta información para tratar de desestabilizar al movimiento de la cuarta transformación.

Particularmente criticó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por acudir a Estados Unidos para solicitar el retiro de visas a ciudadanos mexicanos.

La jefa del Ejecutivo federal calificó como “vergonzoso” el actuar del dirigente priista, al señalar que se trata de un hombre “de dudosa reputación que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos ‘quítale visa a este y este porque resulta que hablaron mal de mí’”.

Lo anterior en el contexto del viaje de ‘Alito’ Moreno para solicitar en el Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Marco Rubio, la cancelación de visados contra políticos de Morena, ello tras darse a conocer que dos personas cercanas a su círculo fueron detenidas por presunto peculado, una investigación que podría aportar elementos para su desafuero.

“¿Qué es eso? ¿Qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así?”, preguntó, y del mismo modo cuestionó a los legisladores mexicanos que utilizan medios de comunicación estadunidenses para arremeter contra la nación, “¿Qué se puede esperar de los senadores mexicanos que usan todas las televisoras de Estados Unidos para hablar mal de México?”.

La presidenta de la República indicó que quienes recurren a autoridades extranjeras para influir en la política nacional buscan que “en México gobierne otro país”, o incluso “son aquellos que quieren quizá que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa en México”.

Asimismo, comparó esta posición con la de los grupos conservadores del siglo XIX que recurrieron a una potencia extranjera para buscar un gobierno monárquico. “Son aquellos que quieren, como los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que un monarca extranjero gobernara México porque aquí no había capacidad de hacerlo”.

En contraste, sostuvo que su gobierno no se identifica con quienes buscan la intervención extranjera en los asuntos nacionales. “No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos; no somos herederos de los que van a buscar la injerencia extranjera para dominar a México; no somos herederos ni de Santana, ni de Victoriano Huerta, ni de Porfirio Díaz; somos herederos de lo mejor de México y eso es lo que tiene el pueblo en el corazón”.

En ese sentido Sheinbaum Pardo, señaló que cualquier señalamiento contra ciudadanos mexicanos debe sustentarse en pruebas y, de existir elementos constitutivos de un delito, corresponde a las autoridades mexicanas realizar las investigaciones y, en su caso, llevar los procesos ante los tribunales.

Utilizó como ejemplo el caso de Sinaloa, al señalar que Estados Unidos no ha entregado a México elementos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya que, a juicio de la FGR, permitan sustentar públicamente los señalamientos realizados. “Estados Unidos a la fecha no ha presentado ninguna prueba más que lo que hizo público, que no representa prueba alguna para la Fiscalía General de la República”.

Por ello, sostuvo que mientras no existan pruebas contundentes y fehacientes que sean evaluadas por las autoridades mexicanas, no corresponde iniciar acciones judiciales en el país.

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