El reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) identificar a 17 personas que no habían sido investigadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán Álvarez.

Durante una conferencia realizada este lunes en la Secretaría de Gobernación, Pazarán explicó que la nueva línea de investigación profundizó en los vínculos que integrantes de Guerreros Unidos mantuvieron, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con personas relacionadas a la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, Guerrero.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se cumplimentaron 30 detenciones relacionadas con el caso. Entre ellas se encuentran las del exgobernador Ángel Aguirre; la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Lambertina Galeana Marín; la exvisitadora del mismo órgano, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, y el médico legista Julio César Valladares Baranda, quien se encontraba en la barandilla de Iguala la noche de los hechos.

En esa línea, integrantes de Guerreros Unidos identificados como Gabi y Chucky, ambos fallecidos, así como Gusano, mantuvieron comunicaciones con Rodolfo N, propietario de la funeraria El Ángel. Posteriormente, Rodolfo N sostuvo ocho comunicaciones con Irving N, entonces estudiante y actualmente nutriólogo, quien también tuvo contacto con integrantes del grupo criminal.

La familia de Rodolfo N tenía, además de las funerarias, la concesión del Semefo y participación en la administración de un panteón. Esa estructura abarcaba distintas etapas relacionadas con los cuerpos, desde su levantamiento hasta su certificación y destino final.

A ello se sumó el hallazgo, en agosto de 2025, de que Rodolfo N utilizó el 4 de octubre de 2014 el teléfono del normalista Julio César Mondragón Fontes, asesinado durante los ataques de Iguala.

La FGR investiga si la infraestructura de la funeraria y el Semefo fue utilizada por Guerreros Unidos para eliminar evidencias mediante incineraciones. Esta hipótesis se relaciona con declaraciones de los testigos colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto, rendidas entre 2020 y 2025, en las que se señaló que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias. Los antecedentes de la investigación establecen que la familia operaba el Semefo de Iguala desde 2010, bajo supervisión del gobierno de Guerrero.

Los cateos realizados posteriormente incorporaron nuevos elementos. En octubre de 2025, la funeraria El Ángel fue cateada y se localizaron un resto óseo, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentos relacionados con Irving N y un horno crematorio sin registro oficial.

También fueron encontrados certificados de defunción, oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación con firmas y sellos oficiales, pero sin información. La Fiscalía investiga si estos formatos fueron utilizados para respaldar traslados o inhumaciones, aunque todavía debe determinarse si efectivamente fueron empleados con ese propósito. Rodolfo N padre y Rodolfo N hijo fueron detenidos y permanecen vinculados a proceso y en prisión preventiva en el Altiplano.

El 8 de diciembre de 2025, un segundo cateo en el Semefo permitió localizar restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas, referencias a fechas de 2014, restos calcinados y piezas dentales sobre un colchón.

Las búsquedas en el predio continuaron hasta junio de 2026, con la participación de un representante de las familias y de la Comisión Nacional de Búsqueda. En total se localizaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, casquillos y documentos. El Equipo Argentino de Antropología Forense participa en el análisis a petición de las familias.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que los hallazgos no se reducen a un solo resto o a una bolsa, sino que comprenden cientos de fragmentos. Varios ya fueron sometidos a análisis genéticos, sin coincidencia con los padres de los estudiantes.

Los primeros restos localizados detrás del Semefo, el 26 de marzo de 2026, coincidieron genéticamente con un fragmento hallado por la Fiscalía en 2021, en una fosa clandestina cercana a Taxco. Medina consideró este vínculo como una irregularidad que debe ser investigada.

De esta línea derivó un segundo proceso contra Rodolfo N padre por delincuencia organizada y desaparición forzada. El 17 de junio de 2026 se libraron siete órdenes de aprehensión: cuatro contra integrantes de la familia propietaria –Rodolfo N padre, Violeta N, Rodolfo N hijo y Helen N– y tres contra servidores públicos: César Manuel N, director de los servicios médicos forenses de Guerrero; Ben N, exsecretario de Salud de Iguala; y Valladares Baranda, el médico legista que estaba en la barandilla. Los siete están vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

Nuevas líneas de investigación que abrió el reanálisis

De acuerdo con los funcionarios, la revisión de los registros telefónicos también permitió rastrear el uso posterior de los teléfonos de los estudiantes, como resultado, se identificó que el celular de Jorge Antonio Tizapa fue utilizado del 23 al 25 de octubre de 2014 por Mauro N, exservidor público de Iguala. Una jueza de Toluca libró contra él, el 25 de agosto de 2026, una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Asimismo, el teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza fue utilizado el 30 de septiembre por un policía municipal que trabajó durante la noche de los ataques y posteriormente por su pareja. El de Israel Caballero Sánchez quedó en manos de la esposa de un exservidor público adscrito a la barandilla.

A partir de estos registros, el subsecretario Medina señaló como prioritaria la línea de la barandilla, respaldada por siete declaraciones que ubican ahí a estudiantes: cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente.

Además, al hacer el análisis documental, la Fiscalía identificó en octubre de 2025 a un presunto integrante de Guerreros Unidos que aparecía en los expedientes únicamente con un alias y que en 2014 tenía 14 años. Tras ser detenido en abril de 2026, aceptó colaborar con la investigación y en julio aportó información y señaló puntos de búsqueda.

En paralelo avanzó la línea de las videograbaciones del Palacio de Justicia estatal, cuyas cámaras daban al lugar donde desaparecieron los estudiantes. Galeana Marín y Estrada Ortega aceptaron colaborar, y sus declaraciones sirvieron para sustentar la detención del exgobernador Ángel Aguirre. La orden contra Aguirre fue cumplimentada el 6 de agosto de 2026 por desaparición forzada, detalló Pazarán.

Procesos abiertos

La FGR mantiene abiertos los procesos de extradición de José Ulises N y Abraham N, ambos en Estados Unidos, y de Tomás N, localizado en Israel.

En el caso de Tomás N se han realizado 22 teleconferencias y tres videoconferencias, además de traducirse más de 6 mil cuartillas al inglés y al hebreo. Estados Unidos deportó de manera controlada a Edgar Damián N el 26 de junio de 2025 y a Juan Alberto N el 5 de noviembre del mismo año.

La unidad especial tiene 162 expedientes y 168 personas sujetas a proceso: 130 están en prisión y 38 enfrentan otra medida cautelar, de acuerdo con las cifras presentadas por Pazarán.

Los procesos pendientes se cruzan con uno de los reclamos que las familias mantienen desde hace años: la entrega de folios de la Secretaría de la Defensa Nacional. Medina recordó que la dependencia ha entregado más de 120 mil hojas y 33 folios SURF y que, tras una nueva revisión solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió que no existe información adicional.

Las familias, sin embargo, exigen 866 folios cuya entrega fue ordenada mediante una sentencia federal. Medina sostuvo que ni la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia ni la FGR fueron notificadas como parte de ese proceso.

La revisión también alcanza a funcionarios que participaron en las investigaciones del caso. Medina mencionó a cinco exservidores de la extinta Procuraduría General de la República, 17 militares con orden de aprehensión cumplida de las 20 emitidas, un elemento de la Marina y policías federales. La mayoría de las personas procesadas, agregó, son integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales.

En ese contexto, Pazarán reconoció que las líneas relacionadas con la funeraria El Ángel y los registros telefónicos ya habían aparecido en investigaciones anteriores. La diferencia, explicó, es que en el caso de la funeraria entonces solo se realizó una inspección ministerial con fotografías. Las posibles irregularidades cometidas durante aquellas indagatorias deberán ser determinadas por el Órgano Interno de Control de la FGR.

La revisión de lo ocurrido en las primeras investigaciones ocurre mientras el gobierno busca reforzar el acompañamiento internacional. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no está activo y, de acuerdo con Medina, se busca con la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una ruta para incorporar nuevos expertos.

En cuanto a los restos relacionados con la llamada “verdad histórica”, cuya utilidad algunas familias cuestionan por dudas sobre su origen, Medina sostuvo que la Fiscalía no puede descartar pruebas. Las nuevas detenciones y líneas de investigación forman parte, dijo, de esa revisión. “Ninguna prueba tiene que ser excluida”, afirmó.