La Academia Internacional de Capacitación Policial, anunciada por el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri González, no cuenta con la autorización necesaria para operar, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a los gobiernos estatales, al embajador Ronald Johnson y al gobierno de Estados Unidos que cumplan las leyes mexicanas en materia de cooperación internacional.
Durante su conferencia, informó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 fueron identificados nueve proyectos de cooperación entre el gobierno de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, por un monto conjunto de 4 millones 698 mil pesos. De ellos, ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, señaló que la academia no figura entre los proyectos avalados: “En estos proyectos no está la academia que se inauguró o en la que se puso la primera piedra”.
La primera mandataria también se refirió a la filtración de un documento dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibido el 25 de septiembre, en el que se notificó la visita de Johnson. Precisó que esa comunicación no acreditaba la autorización federal para construir y operar la academia.
Para sustentar la participación prevista de agencias estadunidenses, solicitó proyectar un video de la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez, durante la colocación de la primera piedra. “Este centro de capacitación internacional representa un paso tan importante, está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos”, declaró el funcionario en la grabación.
Al explicar el marco jurídico aplicable, Sheinbaum citó los artículos 89 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señaló que el primero faculta a la presidenta para dirigir la política exterior y celebrar tratados con aprobación del Senado, mientras que el segundo prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.
Agregó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, corresponde al Estado mexicano suscribir la cooperación bilateral en seguridad, y que las actividades de agentes extranjeros y sus reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorización.
La presidenta citó además un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según el cual las entidades federativas y los municipios carecen de personalidad jurídica internacional para representar a México. Por ello, explicó, los convenios de cooperación técnica, capacitación, seguridad o intercambio con gobiernos extranjeros requieren la intervención del Ejecutivo federal, a través de la SRE, y, cuando corresponda, la aprobación del Senado.
También aludió a la Convención de Viena para sostener que las relaciones entre Estados deben conducirse mediante los gobiernos encargados de la política exterior, sin la intervención directa de autoridades locales.
Sobre el procedimiento, explicó que el gobierno estatal debe presentar una solicitud a la presidenta de México, a través de la SRE, conforme al convenio o programa de seguridad suscrito por el Estado mexicano.
La Secretaría solicita entonces la opinión de las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), competentes en seguridad y relaciones exteriores. Este grupo analiza los proyectos y determina su aprobación o rechazo en sesiones periódicas.
Tras la revisión, la SRE emite el dictamen y comunica la determinación al gobierno estatal. Si el proyecto es aprobado, lo registra y da seguimiento a su implementación. La entidad federativa debe informar a la Secretaría sobre su desarrollo.
Sheinbaum señaló que la academia podría operar si cumple con los requisitos y obtiene las autorizaciones correspondientes, pues entre sus objetivos figuran asuntos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, delitos que identificó como del ámbito federal.
Aclaró que su gobierno no se opone a la cooperación internacional en seguridad: “No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley porque no puede ser que uno hable del estado de derecho y que después a la hora de la hora pues no cumpla con los requisitos”.
