La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Estados Unidos que presentara pruebas que sustenten los presuntos vínculos de 11 empresas sancionadas por sus autoridades con el Cártel del Noreste. Señaló que, según la información que le proporcionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha identificado esos nexos.
Durante la conferencia matutina de este 14 de octubre, la mandataria explicó que México no replica automáticamente las medidas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadunidense.
Indicó que, en algunos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acompaña esas medidas con el bloqueo de cuentas cuando detecta irregularidades. Sin embargo, sostuvo que hay situaciones en las que la autoridad mexicana no encuentra elementos para proceder de la misma manera.
Claudia Sheinbaum insistió en que las autoridades estadunidenses deben proporcionar al gobierno mexicano las pruebas que sustenten los señalamientos de vínculos con organizaciones criminales.
“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, expresó.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que la información que entregue Estados Unidos permitiría sustentar las investigaciones correspondientes en México, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, aclaró que, si la UIF detecta irregularidades financieras relevantes, debe presentar una denuncia ante la FGR para que esta realice las indagatorias respectivas.
Las sanciones fueron anunciadas el 13 de octubre por el Departamento del Tesoro contra cuatro personas y 11 empresas por presuntos nexos con el Cártel del Noreste. Las medidas incluyen el bloqueo de bienes sujetos a la jurisdicción estadunidense y restricciones a las transacciones con las personas y entidades señaladas.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó ese mismo día que la UIF identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos mencionó movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Al referirse al caso, la presidenta distinguió esos indicios financieros de la acreditación de vínculos con una organización delictiva e insistió en la necesidad de contar con pruebas que sustenten tales señalamientos.
