Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, propietarios de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, actualmente señaladas por presuntas irregularidades en la obtención de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), estuvieron involucrados en una controversia similar desde 1999, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que su gobierno busca terminar con lo que denominó el “coyotaje” de las empresas dedicadas a producir material electoral.

“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, planteó la primera mandataria durante su conferencia, al referirse a las investigaciones sobre compañías que desde hace años han obtenido contratos para fabricar papelería y materiales utilizados en los procesos electorales.

Asimismo, afirmó que, tras los recientes señalamientos sobre empresas proveedoras del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), pidió investigar desde cuándo operan y quiénes han sido sus principales beneficiarios.

La presidenta sostuvo que el antecedente de los hermanos Hernández Casillas se remonta a 1999, cuando estuvieron relacionados con una controversia por la adjudicación de un contrato para elaborar material electoral en el Estado de México.

Agregó que, de acuerdo con información publicada por El Universal el 20 de mayo de 2005, José Alfredo Hernández Casillas, entonces representante legal de Cartonera Plástica, estuvo involucrado en una adjudicación cuestionada que derivó en la renuncia del entonces presidente del Instituto Electoral del Estado de México, José María Sáinz Gómez, y en la salida del contralor Héctor Lara.

“En 1999 conflicto similar, –citó la nota– o sea, el Universal sabe esto porque ellos lo sacaron y todos los periodistas lo conocen que hoy están denunciando, que supuestamente viene con la señora Taddei, que, repito, que se investigue, que nadie debe defender corruptela”, afirmó.

De este modo, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que las controversias relacionadas con estas empresas hayan comenzado durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE.

Además, sostuvo que el problema no se limita a una administración del INE, sino que debe revisarse la manera en que históricamente se han asignado contratos para producir los materiales electorales, pues existen pocas empresas que concentran este mercado. “Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas, porque hay muy pocas empresas, son como cuatro empresas que se dedican a la papelería electoral”.

Sheinbaum Pardo planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los contratos y determine si existen responsabilidades administrativas o penales. “que ahora parece que es una cosa nueva, no, no es nueva y tiene que investigar la Auditoría Superior de la Federación, deslindar responsabilidades y presentar las sanciones administrativas y si es necesario penales”, sostuvo.

Como alternativa a la concentración de contratos privados, propuso fortalecer Talleres Gráficos de México, “que es una empresa del Estado Mexicano para producir la papelería electoral toda”.

El pasado 20 de octubre, Contralínea consultó a la titular del Ejecutivo federal sobre el proceso de consolidación de Talleres Gráficos, al presentar a la empresa como una alternativa para tener mayores controles de seguridad sobre esta papelería electoral. Aunque en ese momento la primera mandataria indicó que solicitaría a la Secretaría de Gobernación realizar una revisión, esta mañana confirmó que sí se contempla la opción.

La presidenta de la República planteó que, si se mantiene la participación de empresas privadas, debe existir una competencia mucho mayor y bajo reglas transparentes, en lugar de que un grupo reducido de compañías concentre contratos durante años: “en todo caso si va a haber más empresas, pues que se compita y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral también desde hace tiempo”.

Consideró que una de las vías para corregir estas prácticas es transparentar los procesos de contratación, aplicar las sanciones que correspondan y fortalecer la capacidad del Estado para producir los materiales electorales.

En ese sentido, agregó que Talleres Gráficos de México tendría que contar con mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia de sus operaciones: “con sus imprentas y la transparencia de talleres, un comité que pueda revisar toda la transparencia, pero el fortalecimiento de los talleres gráficos del Estado mexicano y que ahí se produzca la papelería electoral”.

La presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que el antecedente de 1999 y los contratos acumulados durante los últimos años muestran la necesidad de revisar el origen y la permanencia de las empresas que han participado en el mercado de materiales electorales. “Hay que acabar con los coyotes electorales. ¿Cómo? Fortaleciendo la imprenta del Estado mexicano”.

Contralínea identificó a Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas como “empresas coyotes” porque, de acuerdo con su investigación “A empresas ‘coyotes’, contratos por mil millones para material electoral”, publicada en noviembre de 2023, operaban como intermediarias en la fabricación de materiales electorales, sin acreditar capacidad propia de producción, como plantas, maquinaria y personal suficiente.

A pesar de la situación, entre 2018 y 2023 obtuvieron al menos 43 contratos de organismos electorales por más de mil 197 millones de pesos. En el caso de Cajas Graf y Corporativo Zeg, se señaló como propietarios a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Según la investigación de esta casa editorial, después de obtener los contratos, estas compañías subcontrataban a fabricantes que, a su vez, podían recurrir a otras empresas, lo que multiplicaba los intermediarios, elevaba los costos y generaba riesgos de incumplimiento en los plazos de entrega, la calidad y los controles de seguridad.

Contralínea advirtió que la falta de supervisión sobre la producción, el número de boletas elaboradas y la destrucción de los excedentes podía comprometer la seguridad de los materiales electorales.