El Instituto Federal Electoral (IFE) decidió el pasado miércoles 23 de enero, en una votación de cinco contra cuatro, exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto por el famoso caso Monex.

               

La mayoría de los medios de comunicación y de los opinadores seguramente tratarán el tema en sus respectivos espacios. Lo burdo de la decisión me impide por ahora emitir una opinión que no esté nublada por la indignación y la rabia como ciudadano. Baste decir que el voto decisivo fue emitido por un abogado que antes de ser consejero electoral fue secretario del Trabajo en el gobierno de José López Portillo, procurador General de la República en el gobierno del ya fallecido Miguel de la Madrid y secretario general del PRI.

 

Pero además, el Consejo General del IFE tomó otras decisiones dignas de analizarse.

 

Resolvió parcialmente un recurso de queja promovido por una organización ciudadana, el Q-UFRPP 275/12. El hecho es de por sí interesante, pues se trata probablemente de la primera queja en la historia del IFE, presentada por ciudadanos, que se considera fundada (es decir, en el que los ciudadanos “vencieron” procesalmente a un partido político).

 

La organización Todos Contamos, que realizó un monitoreo imparcial sobre el proceso electoral de 2012, presentó, por conducto de su coordinador Pablo Amílcar Sandoval, una serie de pruebas –fotografías y videos recabados por ciudadanos– que documentan múltiples irregularidades.

 

Casi la totalidad de las irregularidades que detectaron se relacionaban con el candidato del PRI y del PVEM. En su escrito, solicitaron a la autoridad electoral que complementara las pruebas que ellos ofrecían con otras diligencias y documentos que permitirían acreditar completamente las denuncias consistentes en compra del voto, compra de credenciales, datos y claves de elector; condicionamiento de programas de gobierno; violación de la secrecía del voto; utilización de recursos públicos con fines electorales; interferencia de sectores religiosos en el proceso electoral; irregularidades en boletas, materiales y credenciales para votar; y gastos de campaña presumiblemente no reportados.

 

A pesar de que la organización Todos Contamos evidenció cientos de casos, el IFE únicamente retomó ocho de sus denuncias para resolverlas en el citado expediente. Solamente en estos pocos casos decidió complementar la denuncia que hacían los ciudadanos con la información que la autoridad electoral tenía a su disposición.

 

Al hacerlo, advirtió que Enrique Peña Nieto y los partidos que lo presentaron como candidato a la Presidencia de la República habían omitido reportar las bardas y espectaculares dentro de sus gastos de campaña. Esto resulta grave no solamente porque se oculta información y se realizan gastos sin supervisión de la autoridad electoral, sino porque además se impide la adecuada fiscalización del financiamiento del PRI.

 

Es decir, ocultar gastos de campaña hace que la competencia sea desleal, pero además, permite al PRI manejar recursos cuya procedencia (posiblemente ilícita) desconoce tanto el IFE como la ciudadanía. Todos Contamos evidenció así que la elección de 2012 no fue equitativa, pero además, que en la campaña de Peña Nieto existieron recursos cuya procedencia es desconocida.

 

El IFE debió ante esto realizar una profunda investigación y exigirle al PRI que acreditara el origen lícito de esos recursos. Permitir que dinero ilícito se infiltre en la política nacional acabará por destruir la de por sí ya endeble y maltrecha democracia mexicana.

 

En lugar de ello, el Instituto toma por buenas las afirmaciones del PRI y del Partido Verde Ecologista de México que, como deja patente el expediente de la queja, se limitaron a afirmar una y otra vez que ellos no sabían nada de esos espectaculares en los que aparecían sus logotipos y el rostro de su candidato. Además sostienen que no pueden ser sancionados por la aparición espontánea de propaganda de su candidato, cuyo origen ellos desconocen.

 

El IFE acepta las afirmaciones del PRI sin realizar mayor investigación, con lo que convalida la teoría de la generación espontánea de espectaculares. Esta teoría –que concluye que los espectaculares fueron aportaciones “en especie” por parte de personas no identificadas– es digna de una jurisprudencia del “imparcial” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano, que puede ser discutida en la próxima cena que mantengan con los esbirros de Enrique Peña Nieto para discutir los términos en los que habrán de resolver, en última instancia, el asunto que comentamos. Evidentemente no puedo probar que ocurrirá una cena que todavía no tiene lugar, pero recordemos que es práctica del Tribunal Electoral reunirse con emisarios de Peña para discutir los asuntos en los que se ve involucrado (ver http://bit.ly/geCRLU).

 

Pero la belleza y generosidad del IFE no paran aquí. Además de creer todo lo que el PRI dice, lograron hacerle un “descuentito” al momento de cuantificar la multa. Resulta que al tiempo de considerar la gravedad de la infracción (pues incluso recibir aportaciones en especie de personas no identificadas es ilegal) la autoridad electoral realizó un estudio de mercado para saber el precio de los espectaculares y sancionar en consecuencia.

 

Pues resulta que el estudio de mercado del IFE les permitió concluir que los espectaculares de Peña Nieto son más baratos que las pintas en las bardas.

¡Sí, señor lector! ¡Sí, querida lectora! Solamente en el caso de la campaña priísta a la Presidencia es más barato poner espectaculares que pintar bardas.

 

El truco está en los servicios que cotizó el IFE. Solamente preguntó a algunos proveedores cuánto costaba fabricar los espectaculares. Y eso es lo que tomó en cuenta para sancionar al PRI, es decir, el costo del plástico de las dimensiones de un espectacular. Sin embargo, no cotizó el precio de la renta de los espectaculares. Por eso el IFE concluye que es más barato pintar bardas que los espectaculares, pues no toma en cuenta el costo de la renta de los espacios que en el caso de los espectaculares es, evidentemente, lo más caro.

 

La última bofetada a la ciudadanía es el precio que utilizan en el IFE para sancionar al PRI: 5 mil 742 pesos en el Distrito Federal. Si el IFE tuviera razón, los espectaculares serían el medio de publicidad más barato del mundo.

 

Es posible que alguien en el Instituto Federal Electoral, en la Unidad de Fiscalización, cometiera un error al hacer su trabajo. También puede ser que todo haya sido a propósito. Lo negativo es que los consejeros en el IFE se creen a sí mismos reyes que ejercen un poder ilimitado (como diría Ibargüengoitia) y son renuentes a reconocer sus errores. Si los ciudadanos nos quedamos callados, podría ser que un día nos demos cuenta de que nosotros somos sus esclavos.

 

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralinea 320 / febrero 2013