Los funcionarios del Poder Ejecutivo fácilmente burlan las disposiciones emitidas por jueces, magistrados y ministros. De 1996 a 2014 se registran más de 15 mil incidentes de inejecución, pero sólo 15 servidores (el 0.1 por ciento) fueron consignados por desacato y separados de sus cargos.
Es indudable que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional transformó radicalmente las coordenadas de la política mundial. Ya no basta con definirse de “izquierda” o de “derecha”.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en el amparo directo en revisión 2806/2012 que ha generado opiniones encontradas.
En México existe una campaña de linchamiento mediático en contra de quienes se atreven a pensar diferente y salir a las calles a protestar. Los noticieros reportan las marchas pero omiten una y otra vez las reivindicaciones o causas de la protesta. La cobertura sesgada sobre el conflicto de los estudiantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o de las protestas de maestros en Oaxaca y Guerrero son ejemplos palpables.
Es posible que la exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco, haya sido mal asesorada, y por ello continúe tratando de reactivar un conflicto que ha sido superado por vías legales e institucionales.
Recientemente autoridades del Estado mexicano, periodistas, opinadores, abogados y hasta el ombudsman nacional han desatado una ola de “condenas” en contra de las policías comunitarias de Guerrero (instituciones que operan desde hace varios lustros), al tratar de equipararlas con “grupos de autodefensa” que surgieron apenas hace algunos meses y que se prestan a exhibiciones mediáticas.
El Instituto Federal Electoral (IFE) decidió el pasado miércoles 23 de enero, en una votación de cinco contra cuatro, exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto por el famoso caso Monex.
Desde hace varios meses, Enrique Peña Nieto ha expresado su intención de impulsar una reforma electoral que afectará profundamente la composición del Congreso de la Unión. Su intención es, abiertamente, concentrar mayor poder en la fuerza política mayoritaria (que él espera será el Partido Revolucionario Institucional apoyado por Televisa) al eliminar o reducir las curules que se reparten en el Congreso bajo el principio de representación proporcional.
Al Occidente de la Ciudad de México se construyó, a partir de la década de 1980, una zona que aspiraba a demostrar los beneficios y la superioridad de la ideología neoliberal. Curiosamente se construyó excluyendo y expulsando a quienes formaron parte –en el pasado– de otra utopía, la del fraile Vasco de Quiroga quien trató de crear en el “nuevo mundo” del siglo XVI, inspirado en las ideas de Tomás Moro, comunidades indígenas caracterizadas por el trabajo colectivo, la igualdad y la ausencia de caciques, señores o patrones. En la moderna Santa Fe, es todo lo contrario a esos sueños.
Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.
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