Felipe Calderón no sólo adolece de estrategias efectivas contra el crimen organizado, tampoco tiene respuestas para los temas más básicos como pobreza, educación, salud y alimentación, los cuales son resultado de la aguda crisis que vive el país y que requieren para su atención la mínima sensibilidad social y política.

Es claro, por las evidencias más cercanas, que al equipo de Calderón le hace falta inteligencia, honestidad y conocimiento de la realidad que viven millones de mexicanos afectados por la violencia, el desempleo, el hambre, la enfermedad y, por si lo anterior fuera poco, con mínimas oportunidades educativas.

Una estampa de esta presumida guerra podría ilustrar estas afirmaciones. No precisaré el caso para no poner en riesgo la vida de los mexicanos que hoy ya tienen bastante con su tragedia personal, pero sí hablaré de las circunstancias para refrendar que el gobierno de Calderón no podía ni debía declarar una guerra que de inicio estaba perdida en contra el narcotráfico – en un principio mediática y ahora real con sus muertos y dolor –, sin antes atender los graves problemas socioeconómicos que tiene el país y una prueba de ello es que a tres años de su gobierno México se ha derrumbado y la población sufre las consecuencias de un pésimo gobierno.

Ante las víctimas de la violencia, la población civil, Felipe Calderón no ha tenido respuestas. Increpado una y otra vez, el ocupante de Los Pinos sólo ha atinado a ofrecer a los mexicanos más afectados a ser expatriados a Estados Unidos porque dentro del territorio mexicano su gobierno se declara incapaz y sin posibilidad de protegerlos.

Casi en privado, Calderón les ha ofrecido a familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico el exilio como única alternativa de vida, pues si se quedan seguirán siendo carne de cañón del fiuego cruzado, como ha pasado a miles de niños, mujeres, ancianos y hombres que murieron por cruzar la calle, comer en un restaurante o ir a la escuela cuando se desató algún enfrentamiento entre las fuerzas militares y los sicarios de las drogas.

De acuerdo con información de las entidades policiales estatales y federales, ante el reclamo público que ha recibido Felipe Calderón por parte de los familiares de mexicanos caídos en lugares públicos, el mandatario sólo ha podido ofrecerles el destierro a todos aquellos que sólo exigen justicia.

Es decir, que los familiares de las víctimas del fuego cruzado entre efectivos militares y miembros de los cárteles de la droga, no sólo deben vivir con la pena de la pérdida de sus hijos, hermanos, padres o amigos, sino que nadie en México puede asegurarles tranquilidad, seguridad y confianza de que no volverán a ser molestados.

La respuesta a Calderón de estos mexicanos que han sido agredidos y violentados en su vida privada y paz social, es: ¡No nos vamos señor presidente, haga justicia! En reuniones con familiares de estudiantes, niños y mujeres asesinados, la reacción del mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia, y ante los reclamos y reproches legítimos prefiere lavarse las manos por esas tragedias y su gobierno se deslinda de ellos, como si no fuera el responsable de lo que ha pasado.

Hasta a las autoridades federales de impartición de justicia llegó la petición de ayuda de estas víctimas y la Procuraduría trasladó el caso a la Agencia Federal de Investigaciones en donde atinaron a designar a un grupo de agentes policiales cuya única responsabilidad es vigilar la vida de los familiares afectados. No hubo más después de que a Calderón se le solicitó aplicar la justicia en el caso de los asesinatos de miles de personas inocentes.

Pero los familiares de las víctimas son mujeres pobres, vendedoras ambulantes o trabajadoras de maquiladoras a quienes resulta sumamente incómodo realizar su labor diaria con guaruras a un lado. Este es el surrealismo de un país azotado por el crimen y por la incapacidad, la negligencia y la complicidad de un gobierno que desde que inició su gestión tomó el rumbo equivocado. ¿Acasi no es éste el mejor ejemplo de un Estado fallido?

Mientras en las instancias formales de impartición de justifica y de investigación se les niega a miles de mexicanos el derecho de que sus familiares asesinados no eran delincuentes sino víctimas, hasta que se pruebe lo contrario, sus pequeñas viviendas, su camino al trabajo en una maquiladora o su puesto ambulante es custodiado por fuertes guardaespaldas armados. ¿Cuánto durará esa comedia trágica montada por el gobierno calderonista? ¿No resultaría más sencillo impartir justicia y acabar con la impunidad y la corrupción que se practica en las filas de la burocracia?

Sin duda alguna que sería mejor reconocer los errores y dar marcha atrás en esta lucha equivocada que se ha metido en un callejón sin salida. Pero si las acciones colectivas, recientemente aprobadas en la Cámara de Senadores, pudieran aplicarse a la incapacidad del gobierno federal para proteger a su ciudadanía, en este momento el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón, tendría que renunciar o al menos preocuparse por constituir un fondo económico muy grande para indemnizar a millones de mexicanos. Sin embargo, no se trata de dinero sino de dignidad y de la pérdida irreparable de varias generaciones de mexicanos víctimas y victimarios a causa de la penetración del crimen en muchos sectores de la sociedad.

La complicidad de la banca

Otro ejemplo del encubrimiento de las autoridades y de las mentiras para combatir al crimen organizado, es la constante negativa para investigar y sancionar al sistema financiero privado responsable de lavar en sus circuitos el dinero sucio producto de las actividades ilícitas.

En el expediente del exgobernador priista Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, se expone claramente cómo tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas y hasta la fecha ningún banco o caso de bolsa ha sido sancionada por ello.

En un amplio reportaje de José Reyez y publicado en la revista Contralínea que empieza su circulación esta semana, se reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en paraísos fiscales de Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero.

En forma paralela, el exmandatario abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas políticas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional

En los expedientes judiciales, se explica que de acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y de la Procuraduría General de la República, se cuenta con testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, así como peritajes de la Secretaría de Hacienda, que revelan cómo Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.

Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ningún banco o casa de bolsa ha sido investigado y muchos menos sancionado por ese delito grave.

Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).

José Reyez explica en su trabajo periodístico que desde la “puerta de entrada” del trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos, como se le conoce a la Península de Yucatán, la compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva, fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, José Chejin Pulido, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.

Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Señalado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, intimidación y contra la salud.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/UEDO/004/99, fue capturado el 24 de mayo de 2001 junto con los miembros del cártel de Juárez: Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meráz, Gilberto Fabián Campos Martínez, Oscar Benjamín García Dávila, Agustín Bello Hernández, José Olivo Méndez Rico y Marco Antonio Caamal Canul.

El exfuncionario priista colocó los recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán. Utilizó su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.

Acorralado por la justicia federal tras el interrogatorio al que fue sometido por el entonces fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, actualmente preso en el penal de Nayarit, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas sus cuentas 634-300495-7 en Banpaís; 251-5000023-9 en Bancomer y la tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.

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