En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres denuncias contra el estado paraguayo por la negativa a restituir territorios a pueblos indios. La mayoría de las familias indígenas laboran en condiciones de semiesclavitud en tierras que fueron de sus abuelos
Natalia Ruiz Díaz / IPS-Voces de la Tierra
Asunción, Paraguay. La comunidad indígena Xákmok Kásek insiste en reclamar la restitución de sus tierras ancestrales en el noroccidental Chaco paraguayo, a 370 kilómetros de Asunción, mientras sobrevive en medio de privaciones.
Tras casi 20 años de espera, el reclamo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El territorio reivindicado por los nativos comprende 10 mil 700 hectáreas situadas en el departamento Presidente Hayes, uno de los que alberga la mayor cantidad de población indígena de este país, que constituye 2 por ciento de los 6.1 millones de habitantes.
Más de medio centenar de familias forman la comunidad Xákmok Kásek del pueblo sanapaná, uno de los 20 grupos étnicos aborígenes de este país, y habitan una parcela de 1 mil hectáreas cedida por el Estado con el compromiso de la restitución del territorio reclamado.
Ante el incumplimiento reiterado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó el 3 de julio a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH, que recibió la primera denuncia del caso en 2001, solicitó al alto tribunal americano que “ordene al Estado otorgar tierra a la comunidad indígena Xákmok Kásek, brindarle servicios sanitarios, alimenticios y educativos, así como otorgar otras medidas de reparación y garantías de no repetición, como adelante se indican”.
La comisión también pide a la corte “que ordene al Estado que indemnice los daños materiales e inmateriales causados a la comunidad y sus miembros. Finalmente, la comisión solicita a la corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos legales incurridos por las víctimas en la tramitación del caso tanto a nivel nacional, como las que se originan en la tramitación del presente caso ante el sistema interamericano”.
En su alegato, la CIDH considera que la falta de resolución satisfactoria del reclamo afecta el acceso de los indígenas a la propiedad y posesión de su territorio, y agrava la vulnerabilidad alimentaria, médica y sanitaria de la comunidad, además de amenazar la supervivencia de sus miembros.
“Vivimos en condiciones precarias, y el agua es un tema complicado que arrastramos todos los años”, dijo a IPS el líder de la comunidad Xákmok Kásek, Gerardo Larrosa, en comunicación por teléfono celular.
Las familias, que habitan en chozas, no tienen agua potable ni atención de salud. Los niños padecen desnutrición y hay incidencia de enfermedades como tuberculosis, diarreas y mal de Chagas, así como epidemias ocasionales.
Entre los datos que constan en el informe de la CIDH se afirma que entre 1991 y 2007 fallecieron al menos 28 personas, 19 de ellas niños y niñas, y la mayoría por causas evitables con asistencia médica básica.
“En la comunidad tenemos una pequeña escuela que fue donada por una institución privada, pero no contamos con apoyo del Estado”, agregó Larrosa.
La lucha de los Xákmok Kásek es vieja. El Estado paraguayo les otorgó la personería jurídica en 1987, y las primeras gestiones de reclamo territorial se iniciaron en 1986; pero, ante la falta de respuesta, comenzaron los trámites formales en 1990.
Desde entonces, la fracción reclamada pasó a manos de distintos propietarios. Hoy, parte de esa tierra es alterada por la explotación de varias haciendas ganaderas.
“Los indígenas fueron despojados de sus tierras, lo que ocasionó una restricción en el acceso a sus medios tradicionales de subsistencia, y los miembros de la comunidad se vieron obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud en las estancias (fincas ganaderas)”, dijo a IPS el activista Ricardo Morínigo, de la organización no gubernamental Tierraviva, que ha patrocinado la denuncia.
Por más de una década, el propietario de la estancia Salazar se negó a vender la fracción reclamada por los Xákmok Kásek. Hoy, casi 40 por ciento del territorio reivindicado se halla en manos de un nuevo propietario que también se niega a la venta.
“A estas negativas de los propietarios se sumó el escaso interés de los sucesivos gobiernos en lograr la expropiación”, subrayó Morínigo.
El gobierno quiere “llegar a una solución amistosa, un acuerdo donde se prevea la compra de la tierra y la expropiación que la comunidad reclama”, dijo a IPS Abraham Franco, de la Procuraduría General del Estado y miembro de la comisión interinstitucional que atiende el caso ante la CIDH y la corte.
Un obstáculo mayor, alegó Franco, fue que parte del territorio solicitado fue declarado reserva de dominio privado por decreto gubernamental.
En enero de 2008, el Estado declaró a la estancia Salazar como área silvestre protegida bajo dominio privado por un periodo de cinco años. Algunas zonas coinciden con el territorio que la comunidad Xákmok Kásek reivindica.
Según la Ley 352/94, las áreas silvestres protegidas bajo dominio privado no pueden expropiarse durante el lapso de validez de la declaratoria. Por eso, ésta es una modalidad muy aplicada en propiedades de los ganaderos del Chaco, que así evitan la expropiación.
Xákmok Kásek es una de las pocas comunidades sanapaná que aún subsisten en el Chaco. Una de sus características salientes es la música y la danza, diferente a la de los demás pueblos de la familia maskoy a la que pertenece.
El contacto con grupos no indígenas asentados en el Chaco a fines del siglo XVIII dinamizó esta tradición musical. Hoy los sanapanás siguen construyendo sus instrumentos: tambores, flautas y violín, adaptado de la cultura blanca.
La comunidad sufrió una disminución considerable en poco más de una década. En 1995 estaba conformada por 113 familias y 449 personas, de las que este año quedan 65 familias y 268 personas.
Esa reducción, explicó Larrosa, obedece a que varias familias se alejaron de la comunidad por las difíciles condiciones de vida y a la falta de respuestas a sus reclamos.
La demanda de la comunidad Xákmok Kásek es la tercera en materia indígena presentada por la CIDH ante la corte contra el Estado paraguayo.
El máximo tribunal de derechos humanos del continente ya condenó a Paraguay en otros dos casos: el de la comunidad Yakye Axa, en 2005, y el de Sawhoyamaxa, en 2006, ambas del pueblo chaqueño enxet, por la violación de los derechos a la vida, a la propiedad y a las garantías judiciales, entre otras infracciones.
Los plazos establecidos por la corte para la restitución territorial ya expiraron en los dos procesos. En el caso Yakye Axa, el gobierno de Fernando Lugo solicitó en noviembre de 2008 la expropiación de las tierras, pedido que aún se encuentra a estudio de la Cámara de Senadores.
En el juicio de la comunidad Sawhoyamaxa, la corte celebró en julio una audiencia de revisión de cumplimiento de la sentencia, ante la cual el Estado reconoció la negativa del propietario legal de las tierras a llegar a un acuerdo y se comprometió a plantear un nuevo pedido de expropiación.
Para Morínigo, esta nueva demanda demuestra que el Estado no tiene interés en garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas.
“En la era denominada ‘de cambio‘, el caso Xákmok Kásek llegó a la corte por la inacción del Estado”, dijo Larrosa a IPS mientras se dirigía de regreso a su comunidad.
