La Secretaría de la Función Pública sancionó y acusó penalmente a seis servidores públicos, entre los que destaca el director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quienes participaban en operaciones irregulares en la venta de bienes e inmuebles por parte del Servicio de Administración de Enajenación de Bienes
Adrián Fajardo Castellanos, director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, renunció a su cargo el pasado lunes 16 de agosto al verse involucrado en hechos de corrupción en la venta de bienes e inmuebles del Servicio de Administración de Enajenación de Bienes (Sae).
Responsable de firmar a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera las querellas penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero, este funcionario fue inhabilitado desde el pasado 1 de julio, sin embargo se mantuvo en el puesto hasta el 15 de agosto, lo que puso en riesgo todas las acusaciones penales que en el último mes y medio haya presentado la Secretaría de Hacienda ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Al estar inhabilitado, este servidor público dejó sin efecto todos los expedientes que rubricó, relacionados con delicadas investigaciones por el delito de lavado de dinero y concluidos entre el 1 de julio y el 16 de agosto de 2010, tiempo en el que permaneció en el cargo.
A pesar de la gravedad, la Secretaría de la Función Pública (SFP) apenas advirtió la anomalía cuando Contralínea solicitó conocer el estado que guardaba este caso. Y aunque este 18 de agosto anunciará la inhabilitación y renuncia del exfuncionario, la invalidez de los expedientes que firmó Fajardo Castellanos no tendrá marcha atrás.
En este caso, la UIF habría violado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al permitir que su director de Formulación y Seguimiento de Denuncias se mantuviera en el cargo después de haber sido sancionado.
De acuerdo con el expediente R/SAE/001/2010, Fajardo Castellanos incurrió en “negligencia administrativa”. Por ello, la Función Pública lo inhabilitó por seis meses desde el 30 de junio pasado.
Dicha sanción impide al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio y hasta el 27 de diciembre de 2010, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP.
Sin embargo, Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción que ordenó y que le informó en tiempo la Función Pública.
Con la anuencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de quien se dice muy amigo, Fajardo Castellanos siguió laborando en la Unidad de Inteligencia Financiera hasta el viernes 13 de agosto de 2010, es decir un mes y medio después de que había entrado en vigor su inhabilitación.
Para conocer el motivo por el que la Secretaría de Hacienda mantuvo en esa importante responsabilidad de formulación de denuncias a un funcionario inhabilitado, se buscó al secretario Ernesto Cordero, pero la dependencia prefirió guardar silencio ante este caso de corrupción administrativa.
En consecuencia, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la Procuraduría General de la República ese funcionario de Hacienda, durante los últimos 45 días, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas podrían aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.
Los otros cinco funcionarios del Sae sancionados y acusados penalmente ante la PGR, son el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del Sae fue suspendido con 90 días.
La acusación penal en contra de estos funcionarios prevé una sanción privativa de la libertad de tres a doce años de prisión, y además también fueron acusados penalmente tres empresarios involucrados en el fraude al Sae.
Más información, el próximo domingo 22 de agosto en Contralínea.
