Se saben impunes: declararon los territorios ocupados como parte de su “Estado”. Encima, instauraron un proyecto supremacista donde los palestinos no son reconocidos con la misma calidad de personas que los judíos. Estados Unidos calla. La Unión Europea apenas balbucea. No hay quien frene a un régimen profundamente racista, antidemocrático y violador del derecho internacional

El parlamento del régimen de Israel ha aprobado un controvertido proyecto de ley, con el que declara los territorios palestinos ocupados como “Estado judío”.

En una decisión política, donde se saca la careta y que confirma el carácter racista del régimen israelí, el gobierno presidido por Benjamín Netanyahu consolida una entidad supremacista bajo la preeminencia de lo judío, con la aprobación de una ley que define al régimen como un “Estado judío”. Es el racismo y la discriminación institucionalizada.

El parlamento del régimen israelí aprobó el pasado jueves 19 de julio con 62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones la llamada “Ley de Estado-Nación” que considera parte del ficticio “Estado Judío” los territorios palestinos ocupados de la Ribera Occidental, al mismo tiempo que declara la ciudad de Al Quds – Jerusalén –como capital del régimen de Tel Aviv. Al mismo tiempo que consolida la política de construcción y ampliación de los asentamientos con colonos judíos sionistas, que han invadido el West Bank.

El Sionismo sin careta

La pretensión sionista de avanzar hacia la consolidación de un régimen racista, al estilo de la Sudáfrica del Apartheid y del régimen nacionalsocialista entre 1933 y 1945 en Alemania, no es un tema nuevo. Ya en una sesión del Consejo de Ministros del gabinete de Benjamín Netanyahu, en noviembre de 2014, el premier sionista declaró que se avanzaría por aprobar una norma, que debía consagrar el carácter judío de Israel. Esto, pasando por encima de cualquier consideración de lo que se conoce como democracia y barriendo de una plumada aquel mito, repetido hasta el hartazgo, por la hasbara sionista, respecto a que Israel representa “la mayor democracia de Oriente Medio”.

Efectivamente, en aquella fecha, Netanyahu afirmó que “entregaré al Ejecutivo la Ley del Estado-Nación y los principios que creo deberían guiar su legislación. El Estado de Israel es el Estado-Nación para el pueblo judío. Tiene los mismos derechos individuales para cada ciudadano e insistimos en esto. Pero, sólo el pueblo judío tiene derechos nacionales: una bandera, un himno, el derecho de todo judío de emigrar al país y otros símbolos nacionales.

Lo mencionado está sólo garantizado a nuestro pueblo, en su único “Estado”. Una intríngulis verbal de lo cual sólo es rescatable la revelación que la mascarada de seudodemocracia israelí, ha sido sólo un cuento para incautos y militantes sionistas.

Hoy, ese ideal racista planteado por Netanyahu y que cuenta con el aval de los más abyecto de la ultraderecha de Israel, de los grupos que representan a colonos extremistas y aquellos grupos ultraortodoxos, se ha concretado, develando así la verdadera cara del sionismo y echando tierra en ese mito de considerar a la entidad sionista como “la mayor democracia de Oriente Medio”. Una falacia difundida urbi et orbe por los medios de información manejados por el sionismo y que han dedicado las últimas décadas a tratar de limpiar la cara criminal de uno de los regímenes más brutales que haya conocido la humanidad.

De Núremberg a Tel Aviv

Resulta sintomático que estas leyes israelíes tienen su símil en leyes racistas que el régimen nacionalsocialista alemán aplicó décadas atrás, contra personas que profesaban la fe judía. Y digo “sintomático”, pues resulta abrumador constar que aquellos que se supone sufrieron la segregación, la discriminación, la violación de sus derechos humanos, repiten a la vuelta de la historia la misma conducta criminal, en este caso contra el pueblo palestino.

Lo reseñado resulta doblemente perturbador, en primer lugar porque el sionismo ha recibido jugosos réditos –tal como lo describe magistralmente el intelectual judío Norman Finkelstein en su Libro La Industria del Holocausto– justamente apelando a los crímenes cometidos contra el pueblo judío, cuya base legal se encontraba en las leyes racistas de Nüremberg y posteriormente en los asesinatos masivos cometidos en campos de concentración que el régimen nacionalsocialista instaló, no sólo en territorio alemán, sino también en aquellos sometidos a la ocupación militar y con miles de colonos germanos.

Y, por otra parte, esa historia, ampliamente difundida y asimilada como incuestionable por el mundo occidental respecto al crónico victimismo judío, tiene hoy, precisamente, como victimarios a aquellos que en su momento fueron sacrificados en el altar de un régimen totalitario. ¿Cómo es posible pasar, al cabo de muy poco tiempo, de los años de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de conformación de la entidad sionista en 1948, a transformarse en un régimen criminal, racista, que usa métodos similares al nacionalsocialismo, pero ahora contra millones de hombres y mujeres palestinos?

En Alemania de la década de 1930, en el mitin partidista anual celebrado en Núremberg el 15 de septiembre de 1935, los nazis dieron a conocer una serie de leyes que institucionalizaron las teorías raciales que sustentaban la ideología del nacionalsocialismo. Producto de esas leyes,  se le negaba a una serie de residentes en Alemania la ciudadanía de ese país –entre ellos y mayoritariamente a alemanes que profesaban la religión judía– y se les prohibía, por ejemplo, casarse o tener relaciones sexuales con personas de “sangre alemana o afín”.

Misma prohibición que se amplió a negros y gitanos. Además de ese marco legal más amplio, las leyes de Núremberg establecieron una serie de ordenanzas de carácter secundario, que inhabilitaron a los judíos a votar, privándolos de la mayor parte de sus derechos políticos.

Las leyes les negaban a los judíos la ciudadanía alemana y les prohibían casarse o tener relaciones sexuales con personas de “sangre alemana o afín”. Había ordenanzas secundarias a las leyes, que inhabilitaban a los alemanes de religión judía para votar y los privaban de la mayor parte de los derechos políticos. En el plano económico, estos alemanes, sindicados como “no puros” ajenos a la raza superior aria, eran privados también de sus derechos. Sus propiedades eran confiscadas y se comenzó un proceso de “arianización” de todo lo que fuera propiedad de alemanes, sindicados como judíos.

Ochenta y tres años han transcurrido desde las leyes de Núremberg, que consagraron el carácter racista del régimen nacionalsocialista y que en este año 2018 vuelven al escenario internacional bajo el ropaje vestido por un régimen colonialista, que consagra bajo su supuesta “superioridad racial”, una ley que avanza en el sueño sionista de exterminar a todo aquel que no sea “puro” en un símil de la observancia de kashrut que sus seguidores definen como un sello de la identidad judía, incluso más que cualquier otra Mitzvá –mandamiento–, acentuando ese mito que el judaísmo es mucho más que una “religión”.

Así se le ha dado rango de ley a una definición de Estado-Nación judío, para así darle consistencia a ese discurso espurio enarbolado respecto a que la ideología sionista representa a un Movimiento de Liberación Nacional. Una ley que prioriza los denominados valores judíos sobre cualquier valor democrático en los territorios ocupados desde 1948 y aquellos que se usurpan desde la guerra de junio de 1967 y donde además se declara a contrapelo de todo el derecho internacional a Al Quds como la capital de Israel.

Se crea así una entidad exclusiva para los judíos, permitiendo comunidades sólo para aquellos que profesen la fe judía, estableciendo el hebreo como el idioma oficial de Israel y relegando el árabe de un idioma oficial a uno con “estatus especial”.

Para el dirigente Fawzi Barhum, portavoz del Movimiento de Resistencia islámica de Palestina –Hamas – “todas estas leyes y resoluciones son infundadas y no se cumplirán ni cambiarán nada sobre el terreno. El pueblo palestino seguirá siendo el soberano de esta tierra”. Por su parte el gobierno turco, a través del portavoz de gobierno, Ibrahim Kalin condenó como “racista [la ley aprobada por el régimen ocupante israelí], ya que pretende borrar legalmente al pueblo palestino de su tierra natal, estableciendo un Estado de Apartheid. Llamamos a la comunidad internacional a responder esta injusticia”.

Las palabras del funcionario de gobierno turco se ampliaron en forma más condenatoria con la declaración de la cancillería de su país afirmando que “la ley aprobada por Israel pisotea los principios del derecho universal e ignora los derechos de los ciudadanos palestinos”.

El hecho que la ley presente el derecho a la autodeterminación, como un derecho que sólo se aplica a los judíos es el producto de una mentalidad trasnochada y discriminatoria”, concluyó la Cancillería turca a través de un comunicado. Turquía hace referencia así al hecho que dentro de Israel –en los territorios de la Palestina Histórica ocupada desde 1948– los árabes constituyen el 20 por ciento de la población y en su enorme mayoría son descendientes de aquellos palestinos que permanecieron en sus tierras, expoliadas por Israel, tras la Nakba.

En el caso de la Unión Europea, en declaraciones tibias, como suele ser la norma cuando se trata del régimen israelí, que cuenta con claras influencias en los gobiernos de Londres y París a través del lobby sionista en esos países, expresó a través del portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Maja Kocijancic, su preocupación por la aprobación de esta ley israelí supremacista. “Desde que comenzó el proceso ya hemos expresado nuestras preocupaciones recalcando el respeto por Israel como Estado democrático”.

La Unión Europea continuará en contacto con las autoridades del país, para comunicarles su mensaje respecto a que la democracia y la igualdad, incluidos los derechos de las minorías, son derechos clave que definen nuestras sociedades y creemos que Israel también debe respetarlos. “Nuestra postura es muy clara y considera que se debe hacer todo lo posible, para evitar los obstáculos que impidan alcanzar la solución de los ‘dos Estados’, admitiendo que la ley racista hace más difícil esa realidad.

Una crítica de un diplomático europeo, más acorde con la realidad, fue la que emitió el embajador de la Unión Europea ante Israel, Emanuele Giaufret, quien en conversaciones llevadas a cabo con diputados del partido gobernante israelí, Likud, repudió la iniciativa de la Ley del gobierno de Netanyahu de conformar un “Estado” de mayoría judía en la Palestina ocupada. Giafreut  señaló, según dieron a conocer medios de información israelí que “la Ley impulsada por Netanyahu huele a racismo ya que discrimina a grupos, especialmente a los árabes”. Ante las palabras de Giafreut, el gobierno sionista convocó al alto diplomático europeo, para expresarle su queja ante las opiniones vertidas.

La ley racista del Estado-Nación aprobada el jueves 19 de julio por el régimen sionista encabezado por Benjamín Netanyahu concreta las aspiraciones y sueños sionista en materia de consideraciones respecto a los mitos de “pueblo elegido” como también el de ocupar una “tierra prometida”. Recordemos que desde el momento mismo que el proceso de colonización sionista del territorio palestino comenzó a ejecutarse a fines del Siglo XIX, se comienza a configurar un nuevo escenario geopolítico, que más temprano que tarde entraría en conflicto, inevitablemente, con los pueblos de la región.

Esto, porque la ideología del sionismo, el modo de producción y de vida traído por los colonos sionistas desde Europa –amparados en un marco ficticio de supuesta religiosidad– tenía la misión de servir de punta de los apetitos imperiales de occidente y sobre todo al estar dotados de una visión de futuro exclusiva y excluyente procedieron a una colonización llevada a sangre y fuego.

Esto, mediante la expulsión de la población nativa, lo que generaría lógicos conflictos considerando que la población colona, a partir de sus premisas ideológicas y teñidas del mito religioso comenzaron un lento pero sostenido proceso de segregación, expolio, usurpación y robo de las tierras palestinas.

Se une a lo anterior el trabajo de usurpar sus riquezas culturales, violar los derechos de esa población nativa que termina, finalmente con la división de Palestina y la satisfacción momentánea de los apetitos sionistas en 1948. Y digo satisfacción momentánea pues el hambre de crímenes, la colonización y el racismo seguirían en forma contumaz, agregando la segregación racial, la construcción de asentamientos en tierras tras la línea verde establecida tras la guerra de 1967, la construcción de un muro de apartheid, demolición de viviendas, destrucción de cultivos, la prohibición del retorno de los refugiados.

Una política similar a la ejecutad por los racistas sudafricanos contra la población negra. Israel muestra así, con la ley aprobada el 19 de julio de 2018 su rostro criminal que termina de desenmascarar los verdaderos propósitos del régimen sionista: crear una entidad únicamente judía, donde ningún otro ser humano tenga derechos ni posibilidades de vivir como un ser humano.

Es el sueño racista hecho realidad, son las leyes de Tel Aviv como paráfrasis de aquellas del nacionalsocialismo en Núremberg. Una ley racista que consolida esa idea de considerarse una raza superior tal como lo sostuvo el fallecido terrorista y exprimer ministro israelí Menachem Beginante ante el Parlamento israelí –Knesset–, citado por Amnón Kapeliouk en “Begin y las Bestias”, New Statesman, el 25 de junio de 1982:

 “Nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos.

“De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos”.

A confesión de parte relevo de pruebas.

Pablo Jofre Leal

*Periodista y escritor chileno; analista internacional; master en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid; especialista en Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb

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