Aun cuando en los primeros 17 meses de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum se reportan indicadores de avance de los compromisos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030), otros nuevos retos se presentan. El tema del aumento en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es uno que cobró fuerza en los recientes días; pero no tanto por la cifra en sí misma, sino por la estrategia mediática que se ha seguido por parte de columnistas y “expertos analistas”, quienes resultan ser empleados de instituciones financieras, cuya labor es la venta de primas de riesgo. Por ello, tienden a especular con estas cifras en beneficio de sus empresas.

Es por ello que en las siguientes líneas hablaremos de la inflación y sus causas, para evitar caer en la manipulación de los nostálgicos del neoliberalismo.

Si bien, el INPC reportó un incremento del 0.62 por ciento a tasa quincenal –indicador del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares del país–, se debe explicar que los productos que arrastraron al alza esta cifra corresponden a: bienes del sector agrícola (limón, jitomate y tomate verde), asociados con altos niveles de volatilidad y que, por lo tanto, no tienen el alcance predictivo que se presentó en varios medios de comunicación; e incrementos asociados con los efectos de la guerra en Irán, como es el caso del aumento del 21.8 por ciento en los precios del transporte aéreo, derivado del alza en el precio de la turbosina.

Dado este desglose, la atención debe ponerse en el riesgo que se está gestando a nivel internacional ante una posible importación de la inflación. Pero es importante dejar bien en claro que esta presión está emergiendo por el lado de la oferta, no de la demanda. Es decir, que responde a las proyecciones de escasez de productos a nivel mundial por la destrucción de plantas productoras de energía en el Medio Oriente, pues estas afectaciones generan una escalada en la producción de alimentos y bienes manufactureros.

De ahí la importancia de que en el país se tenga en marcha la estrategia para alcanzar la autosuficiencia en materia de producción energética y alimentaria, y se avance en la sustitución de importaciones mediante el Plan México. Ello, incluso, si el conflicto bélico terminara esta semana, la recuperación económica a nivel mundial sería gradual, y llevaría varios meses –sino es que años–, ya que los daños generados en la infraestructura productiva son considerables.

Dada esta situación, los argumentos basados en las justificaciones teóricas construidas por los economistas neoliberales –adherentes al llamado Nuevo Consenso Monetario– pierden toda vigencia, ya que parten del supuesto teórico –nunca comprobado en la realidad– de que la inflación es un fenómeno monetario, es decir, no causado por condiciones de la producción. De ahí que, para ellos, la inflación debe ser siempre y en todo lugar el principal propósito de la política monetaria del Banco Central.

Sobre esta endeble base se construyó la narrativa durante los gobiernos neoliberales de que México necesitaba tener un Banco Central autónomo, para que éste se enfocara en otorgar al sistema la credibilidad requerida para el óptimo funcionamiento de la economía. El tema es que, para estos economistas, la credibilidad está en función de lograr que los niveles de inflación obtenidos sean lo más cercano posible a los niveles esperados, razón por la cual los seguidores de Milton Friedman siempre ponen tanto énfasis en el combate a la inflación. Como asumen que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, su combate lo centran en el manejo de la tasa de interés como herramienta antiinflacionaria. Sin importar que esto atenta en contra del financiamiento productivo.

Un ejemplo claro lo encontramos en los registros del año 2008, cuando se presentó un alza considerable en el precio internacional del petróleo, que provocó un incremento en el precio de los alimentos, y se pasó de un nivel de inflación del 5.48 por ciento a una inflación general anual de 6.53 por ciento. A ello, y como respuesta de una típica administración neoliberal, el Banco de México mantuvo una postura restrictiva, al elevar la tasa de interés objetivo hasta 8.25 por ciento (en agosto de 2008), nivel que se mantuvo durante tres juntas consecutivas. Esto en detrimento de los créditos productivos y de una falta de interés por atender las necesidades nacionales. Y es que el gobierno de ese entonces tampoco volteó a ver el comportamiento de la canasta alimentaria, ni la canasta salarial.

Lo que contrasta con el escenario económico actual, pese a las presiones por parte de los financieros privados, es que el pasado 26 de marzo, el Banco de México recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, y pasó de 7 por ciento a 6.75 por ciento; además de la política que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó desde el 2022 y que ha sido renovada constantemente por Sheinbaum, con el Paquete en Contra de la Inflación y la Carestía, dirigido a estabilizar el precio de 24 productos de la canasta básica mediante acuerdos consensuados con el sector privado. Esto da cuenta del interés de las últimas dos administraciones por mantener de manera efectiva el poder adquisitivo de las y los mexicanos.

Cierro esta reflexión al sostener que, si la principal institución monetaria en el país –el Banco de México– mantiene como mandato único el combate a la inflación, esto se debe a un argumento de abogados, no a uno basado en la ciencia económica.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa; licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía, UNAM); y maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Su campo de especialización es en economía política.

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