La maquinaria para derrocar al presidente de Nicaragua trabaja a marchas forzadas. Busca concretar esta oportunidad que se gestó desde hace varios meses. Más allá de las responsabilidades, errores y titubeos del mandatario Daniel Ortega, lo que vive el país centroamericano es una operación coordinada desde Estadios Unidos con base en el manual TC-1801 de Guerra No Convencional y el JP-3-13 de desinformación
La Habana, Cuba. Con un saldo de unos 30 muertos y varias decenas de heridos, los recientes disturbios en Nicaragua y la correspondiente campaña desinformativa demuestran una vez más la forma en que Estados Unidos impulsa sus planes subversivos en la región.
A partir de la reforma al sistema de seguridad social decretada por el gobierno, comenzaron algunas protestas de la ciudadanía que llegaron a niveles nunca vistos en muchos años en la nación centroamericana, y que de inmediato fueron aprovechados por la derecha nicaragüense y sus patrocinadores en el exterior para desestabilizar al país.
Bandas delictivas atacaron ambulancias, comercios, autos, instituciones oficiales, viviendas familiares y espacios públicos, lo que creó pánico y provocó una cadena de hechos desestabilizadores en esa nación, una de las menos violentas de la zona.
A pesar de que las autoridades de Managua decidieron echar atrás estas medidas, las manifestaciones continuaron, pero con un nivel de coordinación que reveló una posible “asistencia” externa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, condenó el 24 de abril lo que denominó “la violencia política repugnante” empleada por la policía, mientras los principales medios de prensa estadunidenses aseguraban que los manifestantes exigían la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Las declaraciones de Sanders tuvieron lugar un día después de que el Departamento de Estado ordenara abandonar el país al personal diplomático no imprescindible y sus familiares en Managua.
Con esta medida, la administración del presidente Donald Trump pretende magnificar la gravedad de la situación en Managua y otras ciudades de ese país, y presionar a sus aliados y socios para que adopten medidas similares con el fin de aislar al Gobierno de Ortega.
A juicio del diario The Miami Herald, la evacuación de la mayor parte del personal de la sede estadunidense –algo que la Casa Blanca no hizo ni siquiera durante la guerra de la década de 1980– es una señal de que Washington considera que la situación allí es “peligrosamente inestable”.
De forma casi simultánea, sectores de la ultraderecha en el Congreso estadunidense, en particular representantes de Florida, reactivaron sus planes contra Ortega y revitalizaron el proyecto de ley Nica Act.
Dicho proyecto condiciona cualquier financiamiento estadunidense al gobierno nicaragüense a la implementación de “reformas democráticas” en correspondencia con los intereses hegemónicos de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, legisladores pidieron al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, al Congreso y a los países aliados “que se mantengan en absoluta solidaridad” con los nicaragüenses y contra las autoridades locales.
A través de las redes sociales, sitios digitales “alternativos” vinculados a las protestas y medios de prensa de la derecha local, los organizadores de este operativo destinado a subvertir el orden interno en Nicaragua, hacen un esfuerzo supremo por exacerbar el descontento popular con el fin de elevar los disturbios a niveles tales que las fuerzas del orden se vean obligadas a contraatacar con mayor intensidad.
Un operativo según los manuales
Expertos señalan que en este operativo contra el gobierno de Ortega aparece el trabajo sucio mancomunado de los asesores de la Casa Blanca, funcionarios del Departamento de Estado, los servicios de inteligencia y las entidades subordinadas al Pentágono, entre otros factores.
El empleo de las recetas más importantes de los manuales de campaña de las Fuerzas Armadas estadunidenses, en particular la Circular de Entrenamiento TC-1801 Guerra No Convencional (GNC) publicada en 2010, volvió a salir a la palestra.
En casos como Nicaragua, Estados Unidos emplea múltiples entidades federales en sus misiones de subversión, desde las agencias de espionaje hasta especialistas en manipulación de los medios informativos, tal y como establecen algunos documentos oficiales.
Al respecto la TC-1801 define la GNC como el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno, o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, en un territorio enemigo.
Los esfuerzos de Estados Unidos con la GNC están dirigidos a explotar las vulnerabilidades sicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir sus propósitos estratégicos.
El texto asegura además que “el objetivo es lograr un enfoque integral y el éxito a largo plazo, pues en varios momentos de un conflicto resulta necesaria la integración de las instituciones multinacionales e intergubernamentales”.
La experiencia en otras naciones latinoamericanas y caribeñas demuestra el papel desestabilizador de organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), entidad gubernamental subordinada al Departamento de Estado, que sirve de fachada de los servicios de espionaje.
Las operaciones de información
Las llamadas Operaciones de Información (OI) de las Fuerzas Armadas estadunidenses forman parte del dispositivo de tergiversación de la verdad desplegado en apoyo a actividades subversivas como las que se llevan a cabo contra Nicaragua y otras naciones que no son del agrado de Washington.
Según el manual JP-3-13, aprobado en noviembre de 2012, que regula esa actividad, las OI tienen como fin el empleo coordinado de la propaganda y otros métodos similares.
Su objetivo es “influir, corromper y usurpar el proceso de toma de decisiones del adversario”, todo mediante el uso de rumores, mentiras, acusaciones con argumentos falsos que de forma inmediata invaden los titulares de los principales medios de prensa.
También el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) constituye un elemento clave en estas funciones, en “una alianza poco conocida” –según The Washington Post– entre esa entidad y la jefatura de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), unidades élite del Pentágono, factor importante en la GNC. Esta cooperación interagencias tiene como objetivo manipular la información, una de las principales armas de la subversión.
Actualmente Venezuela y Siria son algunas de las naciones víctimas de este ensayo mediático en el cual desempeñan un papel de primer orden los grandes medios de comunicación masiva del mundo, controlados en más del 90 por ciento por los principales centros de poder hegemónico.
Los especialistas estadunidenses, al igual que en otros países occidentales, utilizan además cuentas falsas en las redes sociales, así como clubes de supuestos seguidores de determinadas “causas justas”, que se suman a las campañas contra los países que son blanco de agresiones como esta.
Lo que hoy sucede en Nicaragua y Venezuela puede acontecer mañana en cualquier otra nación “hostil” hacia Estados Unidos y para eso los principales estrategas y asesores presidenciales –ahora reforzados con varios halcones de política exterior y seguridad nacional– esperan la más mínima oportunidad o asomo de descontento.
De todas formas, si no se presentan tales circunstancias las fabrican con el fin de facilitar las operaciones subversivas y si es posible, derrocar a los gobiernos correspondientes.
La meta principal de todas estas actividades en Nicaragua, al igual que otras similares en Cuba, Venezuela, Bolivia y demás naciones del área, es contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la política exterior de Washington, acercarse en la medida de lo posible a su política de “cambio de régimen” cuando sea necesario y transformar las percepciones negativas de la población hacia Estados Unidos y su política exterior.
Roberto García Hernández/Prensa Latina
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