Cuando se trata del despojo de territorios, grandes empresarios están dispuestos a llegar a la violencia. El desarrollo de proyectos de desarrollo no sólo genera conflictos sociales sino medioambientales. Los candidatos han sido particularmente ambiguos en este tema. El último debate será en Yucatán, la segunda entidad con más conflictos de este tipo: los presidenciables no deberían rehuir a fijar una posición

El último debate presidencial está cerca. Los dirigentes políticos estatales estarán trabajando arduamente para recibir con alfombras, bombos y platillos a sus respectivos candidatos. Tal vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Yucatán celebrará que en México aún conservan un oasis electoral en medio de un desierto preferencial causado por López Obrador; el Partido Acción Nacional (PAN)-Yucatán expresará que la batalla llevada a cabo es respetable en contra del partido en el poder; en tanto, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-Yucatán compartirá su desdicha por caminar en un terreno rijosamente priísta o panista –según sea el municipio–. Sin embargo, tanto a nivel nacional como estatal hay una ausencia en sus discursos sobre una problemática acuciante que coincide con la sede y el tema del debate: las energías renovables como parte del desarrollo sustentable y el cambio climático en Yucatán. Anticipándome que no será motivo de plática política, comparto algunas inquietudes para generar la discusión previa al debate.

En de marzo de 2015, el director de Planeación y Políticas de la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Roberto Vallejo, dijo que el “tema ambiental, la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de nuevas fuentes de energía” se han convertido “en un tema económico y financiero” (20 minutos, 4 de marzo de 2015). Esta lógica economicista está acorde con la Reforma Energética decretada desde finales de 2013 por el gobierno federal, la cual tiene por ejes la apertura a la participación de particulares y la concepción de una reforma verde a favor de la inversión en el desarrollo tecnológico. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo sustentable hermana el ambientalismo con los estilos de desarrollo tradicionales, que iguala desarrollo con crecimiento económico. Aunque, el aspecto económico se superpone por encima de lo ecológico.

El desarrollo de los proyectos de energía renovable está dentro de esta lógica economicista; y precisamente el enfoque desarrollista de las soluciones al Cambio Climático genera tensiones, conflictos, ambigüedades y ambivalencias en una sociedad mexicana marcada por la desigualdad económica.

Yucatán es el segundo capítulo de conflictos relacionados a los proyectos de energía renovable; Oaxaca fue el inicio de un largo trazo de batallas contra consorcios internacionales que invadieron territorios indígenas, contenidos de gran riqueza natural y cultural. Y en el transcurso de esta lucha hubo violencia y criminalidad de parte de las empresas que veían estancadas sus inversiones. En este sentido, si el último debate presidencial fuera en Oaxaca, éste debería ser un asunto obligado para los candidatos; pero será en Yucatán, donde las mismas irregularidades están emergiendo debido a una configuración social asimétrica de poder/conocimiento desde la política energética.

El gobierno estatal ha puesto en práctica la visión economicista del desarrollo sustentable con la alianza estratégica entre la Seduma y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) desde 2015-2017 con la organización anual del “Expo Foro Ambiental”. Puede decirse que la salvaguarda del derecho ambiental de la población yucateca está en manos de los empresarios.

Si nos preguntamos ¿quién está del otro lado de la relación asimétrica?, remitiría al lector a una investigación impulsada por Proyecto México REDD+ de 2015, sobre las causantes de la deforestación en la Península de Yucatán. Entre las causas directas resaltan la agricultura, la ganadería y específicamente el método milpero “roza-tumba-quema” (Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación en la Península de Yucatán, p 29). Esta investigación se adhiere a la idea emitida por las agencias de desarrollo del gobierno mexicano, las cuales “tienden a considerar la agricultura migratoria tradicional como la actividad más ecológicamente destructiva” (ibid, p 30). De este modo, se ha posicionado a los agricultores, ganaderos y milperos como culpables del problema ecológico peninsular. Aquí no estoy negando que la ganadería tenga un efecto negativo, pero si es el caso, ¿por qué no se han elaborado programas para modificar la ganadería yucateca?

A través de datos públicos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Gaceta Ecológica de la Semarnat y de la prensa local, hemos identificado 18 proyectos eólicos (proyectados para 2021) y 11 fotovoltaicos dispersos en 32 localidades, aproximadamente. Actualmente sólo siete proyectos, entre solares y eólicos, están en conflicto debido a irregularidades en las firmas de contratos de arrendamiento y en las consultas públicas e indígenas. Aquí me enfoco al tipo eólico.

La llegada de las empresas eólicas a los ejidos yucatecos tiene un pecado de origen: las estrategias para la firma de contratos de arrendamiento son engañosas. Los empresarios traen consigo kilos de cochinita pibil, compran y reparten panes y refrescos, o regalan gorras con logos de las empresas. Si existe algún parecido con los mítines políticos no son coincidencias, habla del respaldo de las instituciones correspondientes, como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Para algunos esta dinámica no tendría nada de malo, pero se tiene claro que se usa para omitir información relevante a la comunidad ejidal. Es evidente que en una comunidad dedicada toda su vida al trabajo en el campo y con carácter bilingüe (maya-español) es difícil lograr una comunicación efectiva sobre los detalles técnicos que implica un parque eólico o granja fotovoltaica. Esta responsabilidad recae en las instituciones agrarias y en las mismas empresas; las primeras como defensoras de los intereses ejidales y las segundas como interesadas en invertir en territorios ajenos. En ambos lados, la responsabilidad ha sido abandonada.

La información no llega como debería ser. Las comunidades firman los contratos de arrendamiento no por la información recibida a cabalidad, sino por el engatusamiento a través de los regalos –palabra utilizada por unos ejidatarios yucatecos–. La inconformidad aparece cuando las empresas no cumplen con la cantidad y los tiempos acordados de los pagos, y los ejidatarios se encuentran indefensos para exigirlos.

En este contexto, asociaciones civiles y organizaciones como el Foro para del Desarrollo Sustentable, AC; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Articulación de Energía Sustentable de Yucatán; Indignación, AC, y la Asamblea de defensores del territorio maya Múuch’ Xíinbal han intentado recopilar información necesaria para compartir y difundir al interior de los pueblos yucatecos. Sin embargo, el acceso a la información ha sido escabroso, se requirió de insistentes diálogos con los representantes federales para conseguir los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) de los proyectos de energía renovable.

Mediante diálogos con los campesinos, una parte de la comunidad académica coincidió que uno de los principales perjuicios en el proceso de construcción sería la deforestación que afectaría no sólo tierras de uso común, sino también el hábitat de la fauna territorial, como la del jaguarundi y el venado.

Estas tensiones se evitarían si se hubiera procurado el diálogo y la participación de la población. Las pocas actividades económicas, como el cultivo del henequén, del maíz, de la producción apícola y la ganadería se encuentran interpeladas por dichos proyectos, cuyas ubicaciones geográficas se imbrican con los apiarios, henequenales, ranchos y milpas.

Sin embargo, otros requerimientos son necesarios al tratarse de poblaciones de origen maya. La ley internacional reconoce que la posesión de tierras pertenecientes a población indígena debe ser respetada. Con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos establece la obligatoriedad de la Consulta Previa, Libre e Informada. Esta consulta tiene como fin alcanzar el consentimiento y los acuerdos con los pobladores indígenas. Hasta ahora, las consultas han sido meros procesos simulados.

Aquí llego al punto medular. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, proclama en el Principio 10 la importancia del acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. La actual implementación de los proyectos de energía renovable carece de estos tres aspectos. La información es difícilmente accesible al público central, que son las comunidades indígenas; la participación ha sido nula en las decisiones debido a la relación asimétrica establecida entre empresarios y pobladores. Estas dos condiciones negativas conllevan a que la justicia ambiental también sea imposible.

El debate presidencial sobre el desarrollo sustentable y el cambio climático debe girar en torno a si se retomará un proyecto más ecológico que económico, y si se garantizará el acceso a la información, la participación y la justicia. Hasta ahora, José Meade y Ricardo Anaya no han mostrado una postura crítica frente a esta situación aquí reseñada, sino todo lo contrario. Andrés López lo hizo últimamente con pequeños deslices al hablar del proyecto La Rumora de Baja California; aunque su percepción coincide con los resultados preliminares de las investigaciones hechas desde la ecología política: los proyectos ecológicos son meras negociaciones económicas para favorecer a pequeños grupos empresariales.

La reciente publicación de NaturAMLO ofrece una visión esperanzadora. La política energética-ambiental requiere de la perspectiva de Derechos Humanos y el respeto a la autodeterminación de pueblos originarios y comunidades locales.

No espero que se toque a detalle este tema en el debate, aunque sí algunos minutos; porque se requiere de un posicionamiento claro respecto a una problemática que no se ha politizado como debería hacerse en este proceso electoral.

Ezer R May May*

*Antropólogo social e historiador

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