Las mentiras petroleras del gobierno

Después de padecer durante 30 años un sistemático deterioro en su funcionamiento y en su importancia estratégica dentro del desarrollo de México, son de sobra conocidas las razones que mantienen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una situación crítica, así como las medidas que tienen que aplicarse para superarla. Fingir desconocerlas y proponer la intensificación de la misma terapia causante del desastre para supuestamente tratar de superarlo no es más que una postura burda, un grosero insulto a la inteligencia de las mayorías.

A nadie debe sorprender la respuesta violenta de ellas ante las reiteradas e insultantes provocaciones montadas por las elites dominantes, obsesionadas por tensar los conflictos sociales y llevarlos hasta un punto sin retorno. Sus medidas arbitrarias, unilaterales, son las responsables de los eventuales días turbulentos. Salvo en los casos de la derecha que babea rabiosamente por sus fauces para exigir la represión abierta, los intelectuales orgánicos y los gacetilleros a sueldo del sistema, que destilan sus amargas sustancias viscerales en contra de la oposición, no existen argumentos razonables para descalificar a los descontentos que protagonizaron los enfrentamientos con los aparatos represivos del Estado al iniciarse el mes de septiembre.

¿De qué otra manera esperaban que reaccionaran los que se manifestaban ante el estado de sitio impuesto en la capital, que pensaban mostrar pacíficamente su rechazo a la reforma energética, al carnavalesco ritual del besamanos presidencial, su malestar a un gobierno que llega a su primer informe huérfano de democracia y reprobado en materia económica y social? ¿Ante los militares disfrazados de policías que fueron soltados como una jauría que les mostraban sus filosos colmillos para inhibir su derecho a disentir y que desde el principio empezaron a agredir y detener a opositores? ¿Ante la ausencia de canales institucionales que atiendan las demandas sociales y desalienten los movimientos extremistas? ¿Ante el empleo de los drones que como buitres resguardaban el edificio de San Lázaro, junto con la manada uniformada y las vallas de 3 metros de altura que vedaban el acceso a la “casa del pueblo” al mismo pueblo, medida que recuerda al congreso disuelto por Victoriano Huerta, mientras sus comisionistas “representantes” prianistas, los “vendidos” –Dolores Padierna dixit– Chuchos-perredistas y demás –los “pithecanthropus erectus”, “la aristocracia pulquera” como la calificó Ricardo Monreal–, en la casa sin pueblo, rememoraban el alemán Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel-Erlass), al asestar la puñalada peñista a los maestros, con la Ley General al Servicio Profesional Docente aprobada en el sínodo nocturno, con el filo de la media noche?

Con o sin los provocadores infiltrados del Estado, el día de furia fue justificado. La cólera es legítima ante un régimen ilegítimo y autoritario, antisocial en su desacreditado proyecto oligárquico y transnacional, el cual sólo acepta la sumisión y la represión como método de domesticación. No es desdeñable el valor de quienes han perdido el miedo paralizante y decidido poner los ideales y el cuerpo por delante, aun con el riesgo de perder la libertad o incluso la vida; de quienes empiezan a decir: “ni a irse ni a quedarse, a resistir”, como diría el poeta Juan Gelman, creador de La Rosa Blindada; de los “esperanzados sin remedio”; los del “destino furioso” que, en una época donde las expectativas de cambio han retrocedido a las zonas pantanosas, gritan: “obligaremos al futuro/ a volver otra vez”. Pero tampoco hay que olvidar que las acciones aisladas son apenas un atisbo, pálidos ensayos que suelen perderse en la intrascendencia mientras los movimientos sociales no se organicen en la defensa de los intereses y los recursos de la nación, alrededor de un proyecto alternativo al capitalismo neoliberal. La fiesta de la utopía libertaria tiene que ser colectiva, en contra de las elites dominantes que sólo dejan a los vendavales sociales como la única salida para limpiar el ambiente enrarecido provocado por la descomposición del sistema.

La asociación rentable o cómo Enrique Peña Nieto aparece en la escena como una ridícula marioneta bailando al ritmo de las cuerdas movidas por las corporaciones

Difícilmente alguien puede estar en contra de la reestructuración petrolera y eléctrica, pese a la ambigüedad del concepto. Pero ipso facto surge el desacuerdo hasta la confrontación debido al sentido nada confuso de la pretendida por Peña. ¿Por qué? Primero porque la “modernización” peñista descansa en las mismas políticas causantes del desastre, las cuales fueron instrumentados por los gobiernos priístas y panistas precedentes y con quienes comparte el mismo credo neoliberal, bajo las directrices impuestas del Consenso de Washington. Después, porque su contribución radica en la mayor extranjerización energética.

1) El saqueo fiscal de la renta petrolera. Después del pago de impuestos las ganancias de Pemex se convierten en pérdidas. Ello explica sus limitaciones financieras para cubrir sus programas de inversión en exploración de nuevos yacimientos, la producción de hidrocarburos y gas natural, de productos petrolíferos (gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, combustóleo) y petroquímicos (amoniaco, etileno, etcétera), en infraestructura o tecnología, y la necesidad de endeudarse para compensar los recursos arrebatados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) Lo anterior se explica, a su vez, por la política tributaria regresiva. Con dicho saqueo el Estado compensa la debilidad estructural de sus ingresos, una de las peores del mundo, provocada por el sesgo neoliberal de la recaudación de los impuestos directos a los indirectos, el estancamiento económico crónico, los escasos empleos formales o la indolencia de la Secretaría de Hacienda en la recaudación; de la baja en la tasa de impuestos marginales a la renta a las empresas y los sectores de altos ingresos, agravada por las deducciones y la evasión en sus pagos, la existencia de regímenes especiales de tributación, las exenciones a las inversiones financieras y los subsidios a la inversión, deterioro apenas compensado con el alza de los gravámenes al consumo (IVA, gasolinas, cigarros, etcétera).

3) La política de los gobiernos neoliberales para desmantelar y reprivatizar la industria petrolera: que concentra la actividad de Pemex en la máxima producción irracional de hidrocarburos y castiga el resto de la cadena productiva para cederla al empresariado.

4) La conversión de la empresa en una de las más infames fuentes de corrupción de los funcionarios públicos, a través del tráfico de influencias o el contratismo, entre otras formas, fenómeno que no es más que expresión de otro problema grave: la impunidad que carcome a Pemex, al Estado, al sistema, ante la ausencia del estado de derecho.

La información disponible de Pemex y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es irrecusable. En las gráficas 1 y 2 se observan dos fases claramente contrastantes entre los ingresos de Pemex, sus impuestos pagados y los recursos destinados a la inversión física de la empresa. La primera corresponde al periodo 1938-1982, es decir, época del “nacionalismo-revolucionario”, con su etapa cardenista y “populista”, odiada y considerada como una entelequia por los “modernos globalizados” neoliberales, incluyendo, desde luego, a los peñistas, a los que pertenece la segunda (1983-2018).

En la primera, los impuestos federales pagados equivalieron al 19 por ciento, en promedio, de los ingresos de Pemex (actualmente considerados como los beneficios obtenidos por las ventas en el mercado interno y exterior y por servicios), aunque comenzaron a elevarse en la segunda mitad de la década de 1970. Aquel año representaron el 12 por ciento; en 1975 al 20 por ciento; y en 1980 hasta el 50 por ciento. La inversión media equivalió a 30 por ciento de los ingresos, y con relación a los impuestos llegó a superarlos hasta en 65 por ciento. El mejor lapso de inversión de Pemex fue entre 1940 y 1979 cuando, en promedio, llegó a más que duplicar el pago de impuestos.

Sin embargo, la situación anterior dio un giro radical con el ascenso de los “modernizadores”, tan “preocupados” por el presente y el futuro de Pemex. La proporción de los impuestos ante los ingresos se multiplica por tres: la media pasa a 55 por ciento. Ello exige reajustes en los gastos de la paraestatal. Y la inversión es la sacrificada. Su media respecto de los ingresos baja a 11 por ciento y el peor castigo corresponde a los gobiernos panista, en la que equivale a 3 por ciento (2001-2008). La relación inversión-impuestos se desploma 30 por cierto.

En 2009-2012 la inversión muestra una mejoría importante. Pero ello se debe a una circunstancia: la participación privada, el contratismo y sus jugosas y corruptas ganancias compartidas entre funcionarios y los empresarios. Primero fueron los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto) en exploración, producción, refinación, gas, petroquímica básica, en donde se pudo, hasta 2008, cuando se prohibieron. Sin embargo, la “creatividad” depredadora ha sido exuberante: contratos de arrendamiento, de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones, tal y como la periodista Nancy Flores ha documentado en su trabajo Con Calderón, privatización total de Pemex (http://contralinea.com.mx/2011/03/13/con-calderon-privatizacion-total-de-pemex/).

Otra perspectiva ofrece un mejor panorama de lo que ha sido en saqueo descarado e impune de la renta petrolera, la destrucción de la industria y su desmantelamiento. Esto puede verse en la gráfica tres. Si se elimina la inflación, los ingresos acumulados de Pemex entre 1983 y 2012 ascendieron a 22.7 billones de pesos reales de 2010. Después de cubrirse los gastos, obtuvo un rendimiento antes del pago de impuestos por 12.3 billones. En ese lapso pagó 12.7 billones por concepto de gravámenes. Como buen causante cautivo y responsable, Pemex cuadró sus hojas de balance con una pérdida acumulada por 479 mil millones. En promedio, el pago de impuestos superó en 2 por ciento todos sus rendimientos. Entre 1998 y 2012, sólo en 2 años, por puro accidente, arrojó una ganancia. Esos años fueron los de voracidad extrema: los impuestos superaron hasta en 10 por ciento sus beneficios. El primer semestre de Peña no se diferenció en nada a esa rapiña de la renta.

Las dos épocas señaladas ofrecen sus contrastes. Mientras que en el odiado “nacionalismo-revolucionario” la economía creció a una tasa media real anual de poco más de 6 por ciento, con una cierta mejoría en el bienestar social, la “modernizadora” con sus abundantes capitales foráneos, apenas lo hizo en 2 por ciento, con una caudalosa estela de miseria y pobreza generalizada: 80 millones os contemplan.

Una de las diferencias fundamentales es que mientras los recursos petroleros contribuyeron a un desarrollo basado en el mercado interno, la otra contribuyó a un estancamiento crónico apoyado en el mercado externo.

Los primeros revolucionarios, dice Lorenzo Meyer, tuvieron la virtud de considerar a la reforma petrolera como una piedra de toque para un desarrollo que pretendía la autonomía y una mayor independencia frente a Estados Unidos y el exterior. Ello lo reafirmó Lázaro Cárdenas. Por eso salvaguardaron los hidrocarburos constitucionalmente. Sus herederos contrarrevolucionarios consideran lo anterior para el proyecto que impulsan, sustentado en la integración y la subordinación mundial, donde los efectos multiplicadores se trasladan hacia afuera, junto con los capitales.

Su odio hacia el cardenismo no impidió que oportunistamente Peña Nieto exhumara la zalea histórica de Lázaro Cárdenas para colocársela encima y tratar de engañar a las mayorías, para tratar de convencerlas, por medio de mentiras, para que apoyen su proyecto reprivatizador y desnacionalizador.

De los factores responsables de la crítica situación de Pemex, no pretende cambiarlos. Sólo busca darles algunos retoques cosméticos.

*Economista