La realidad de los derechos humanos en México

Hace 1 año nos encontramos en el marco de la primera audiencia solicitada por el gobierno mexicano entrante, nombrada: “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, en la cual pudimos participar y advertimos que si bien la armonización era importante, ésta sólo representa una parte de la agenda pendiente, dado el grave retroceso que en materia de derechos humanos enfrentamos en México.

En ese momento señalamos que los retos en la agenda de derechos humanos no estaban en el diagnóstico, sino en el diseño de las propuestas y en la coordinación entre dependencias, la ejecución de las acciones y su evaluación de impacto.

Referimos que los espacios de diálogo con la sociedad civil como la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y sus respectivas subcomisiones temáticas eran inoperantes, y que para hacerlas efectivas y eficientes requieren de una transformación profunda y de compromisos concretos por parte de las autoridades. Lo anterior en la medida que durante los últimos años estos espacios se han desgastado pues han sido utilizados para simular consultas y diálogo.

Si bien se habla de un programa nacional, seguimos sin conocer qué mecanismos de diálogo con la sociedad civil impulsará la Secretaría de Gobernación para revertir el desgaste de la Comisión, garantizando la inclusión de las voces de la comunidad de derechos humanos; y cómo vincularán estos espacios a las entidades federativas.

A 1 año de la audiencia sostenida, el diagnóstico en materia de derechos humanos continúa siendo poco alentador. México es un país de contrastes. Los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad. Freedom House califica a México como un país no libre desde 2012. Y la tasa de impunidad continúa siendo de entre 98 y 99 por ciento.

La situación de los estados de la República Mexicana, la situación real de la nación, contrasta con el diagnóstico del gobierno federal. Existe un número indeterminado de personas desaparecidas que, de acuerdo con información emitida por la Secretaría de Gobernación en marzo de 2013, podría ascender a 26 mil 121 personas desaparecidas o extraviadas. Todas, ocurridas en un lapso de 6 años. Hasta ahora, los familiares han hecho sus propias búsquedas a falta de investigaciones serias por parte de las autoridades. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las organizaciones que trabajan ahí han registrado 1 mil 500 personas desaparecidas.

A pesar de las denuncias y los riesgos que conlleva para las familias y las organizaciones que están acompañando, se sigue alzando la voz. Sin embargo, las autoridades no responden. A la fecha no se cuenta con ninguna sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada.

En particular, se ha documentado en algunos casos que cuando hay indicios de participación de agentes policiacos en la desaparición de personas, se vuelven juez y parte y no se investiga hacia adentro de la corporación. No existen protocolos ni acciones para la búsqueda inmediata de parte de las autoridades; y menos, coordinación o colaboración con otras dependencias públicas que pudieran coadyuvar. A la fecha se ha denunciado que las instancias de gobierno no tienen la información documentada y sistematizada.

Se ha estimado que más de 100 mil personas fueron asesinadas en el sexenio pasado. Por su parte, el ombudsman nacional registró 46 mil 15 personas asesinadas de 2006 a 2012, 15 mil 921 cadáveres no identificados y 1 mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas. Se registraron más de 1 mil quejas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, un problema que hemos documentado sobre todo en el sistema penal y en las cárceles. A la fecha, la Procuraduría General de la República únicamente ha realizado dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, en un lapso de 18 años.

La validación en procesos penales de pruebas obtenidas bajo tortura ha operado por décadas como incentivo de esta práctica. Con la transición al sistema penal acusatorio, el Estado tiene la oportunidad de establecer prácticas que cumplan con los tratados internacionales. Sin embargo, hemos visto que la mera ejecución del nuevo sistema no es una garantía contra la tortura. Mientras dure el uso de la tortura como modus operandi, no se podrá avanzar en la profesionalización de la policía y de las investigaciones penales.

México es un país de contrastes y sus discursos de política exterior son muestra de ello. Por eso, mientras México habla sobre apertura al escrutinio y validación de tratados internacionales, en los hechos se niega a eliminar la figura del arraigo, si bien ha demostrado ser una figura que fomenta la tortura.

Una verdadera política pública acorde al cumplimiento de los estándares de derechos humanos pasaría porque México retirase las reservas a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, y la ratificación del Convenio 189, enfocado en la dignificación del trabajo del hogar. También reconocería la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y ratificaría el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Acerca de las personas refugiadas, se ha detectado una práctica sistemática de obstaculización del acceso al derecho al asilo con los procedimientos que actualmente se llevan a cabo, así como un patrón de negativas por parte de las autoridades correspondientes de solicitudes de personas que reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, sobre todo provenientes de Honduras y El Salvador.

En México el fenómeno migratorio, en un contexto en el que la migración tiene distintos papeles como de origen, tránsito, destino y retorno, sigue presentando diferentes retos respecto de la garantía y efectividad de los derechos de las personas migrantes.

Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta enero de 2014 hay 12 mil 580 mujeres privadas de libertad, en un sistema penitenciario donde los centros femeniles tienen capacidad únicamente para 3 mil 83 mujeres, dejando al resto en centros mixtos. También hemos documentado la amplia práctica de detener arbitrariamente y del uso excesivo de la prisión preventiva, donde el 42 por ciento de las personas privadas de libertad viven bajo dicha medida cautelar.

Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de 2014, aún contempla la prisión preventiva de oficio cuando dicha medida es contraria a la esencia misma del estado democrático de derecho. Situación que representa un grave riesgo al principio rector del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, la presunción de inocencia. En México las políticas criminales proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana. Frente a este panorama, la privación de libertad se continúa realizando con base en pruebas fabricadas o confesiones coaccionadas en vez de realizar investigaciones profesionalizadas para dar con los verdaderos responsables de delitos.

A partir de la aprobación, en varios estados, de las reformas que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado. Durante el período 2009- 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas. Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto.

Dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por “cometer” el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha registrado 34 y documentado 10 casos del periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto. En la mayoría de los casos se trata de mujeres con muy pocos recursos económicos y de información, denunciadas por personal de instituciones públicas de salud y trabajadoras sociales, maltratadas física y verbalmente, que luego enfrentan un proceso penal sin asesoría jurídica adecuada y sin los recursos suficientes para pagar fianzas y obtener su libertad bajo caución.

En este país de diferencias y contrastes, persisten las prácticas discriminatorias y la falta de armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas. Esto es especialmente claro por cuanto hace al derecho a la libre determinación, al acceso a la justicia estatal y a la tutela de los derechos territoriales. Así, por un lado se mantienen obstáculos para el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Estado criminaliza a quienes reivindican los derechos de los pueblos indígenas a regirse con base en sus sistemas normativos. Ejemplo de ello son las más de cuatro decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, que enfrentan actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les reconoce como un sistema de justicia indígena vigente en el estado de Guerrero. Por otra parte, se estima que actualmente hay más de 200 conflictos socio-ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales en el país.

México ha difundido como buena práctica que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha aprobado un protocolo para llevar a cabo consultas con los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, mientras que este protocolo no tiene jerarquía de norma legal, leyes secundarias vigentes como la Ley Minera violan día con día el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, al permitir que los territorios indígenas sean concesionados a particulares sin consulta previa. Así ha ocurrido en la Montaña de Guerrero, donde se han entregado cerca de 30 títulos de concesión.

La ruta migratoria sigue siendo escena de decenas de miles de extorsiones, secuestros, agresiones sexuales, casos de trata de personas y abusos de otra índole contra la población migrante, una problemática que alcanzó atención internacional en los últimos años, ya que en 2011, el ombudsman nacional documentó un promedio de más de 22 mil secuestros a migrantes por año.

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida. Desde 2008 hasta la fecha se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia, nunca se ha emitido, a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de 2014.

Otra problemática preocupante es el embarazo adolescente. Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. Del total de nacimientos en México, 17.6 por ciento corresponde a adolescentes de 10 a 19 años. En 2012, hubo 10 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Un embarazo o haber tenido un hijo, es la cuarta causa de deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años.

México es un país de diferencias. Un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la incapacidad del Estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza.

Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son representativos de estas diferencias. En este último existe una realidad histórica de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense, que se traduce en la sistemática violación de derechos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aún no revertida dada la posposición de las reformas a la jurisdicción militar.

La ejecución de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal. La situación de los derechos en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero, y recordando la marginación permanente de los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Sólo atendiendo estos profundos contrastes se podrá impulsar la garantía de los derechos humanos en el país de contrastes que es México.

No podemos dejar de mencionar que mientras el Estado mexicano habla aquí sobre buenas prácticas, se han llevado agresiones diversas en contra de integrantes de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el padre Solalinde y El Centro Fray Tomás, por nombrar los más recientes que se han hecho públicos.

Se cumplen 2 meses del secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2013. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 85 homicidios de periodistas cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación.

Según el Comité para la Protección de Periodistas, 15 reporteros han sido asesinados en Veracruz desde 2000; 10 tan sólo en un estado, en el periodo de gobierno de un gobernador: Javier Duarte.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que cuenta con un registro nacional sobre la situación de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en México en el periodo 2010-2013, sumaron 809 casos de agresiones. Por su parte, tan solo durante 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 242 agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en el país. Dicho esto, es importante señalar el subrregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan. La impunidad es del 95 por ciento.

La efectividad de los mecanismos se debe medir en función de sus resultados. El número de quejas o solicitudes que se hacen para recibir protección, sólo demuestra el incremento en el miedo y peligro real en el que viven las y los defensores. Tampoco se puede medir la efectividad con base en el número de acciones burocráticas (oficios escritos, licitaciones, actos administrativos o teléfonos celulares entregados). Nos parece que para evaluar la política pública de derechos humanos sería conveniente preguntarse: ¿Qué porcentaje de las quejas y denuncias presentadas son investigadas sin dilación, de manera independiente y efectiva? ¿Qué porcentaje de estas denuncias llega a una resolución judicial? Es decir, ¿en cuántos de estos casos de los que habla el Estado ha habido sentencias por las agresiones, ataques o asesinatos de defensores o defensoras? Como bien lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones efectivas es el mecanismo idóneo para evitar la impunidad y evitar que se perpetúen las violaciones a los derechos humanos.

Y frente a eso, el gobierno informa sobre un Mecanismo Gubernamental en el cual, en diversas ocasiones, hemos llamado la atención sobre el funcionamiento del Mecanismo pues resulta de gran importancia que el personal encargado de la operación del Mecanismo cuente con un perfil adecuado y con capacitación integral en la materia, incluyendo una perspectiva de género. En este sentido, es altamente preocupante que la mayoría del personal que sí cuenta con la trayectoria y capacidades indispensables para este trabajo, y requeridas por la Ley, ha sido forzado a renunciar en los últimos días. Ellos en una carta, cuya copia ha sido enviada también a esta Comisión, denuncian hostigamiento, discriminación, y lo que se viene generando es una situación de un mal clima laboral que causa malos rendimientos y un equipo que difícilmente podemos esperar sea eficiente. Igualmente, al quedarse el Mecanismo sin el coordinador, este actualmente no puede operar, lo cual resulta grave porque actualmente hay 89 casos pendientes de revisar.

Por otra parte, la rotación de personal y las renuncias por presiones no generan certeza y seguridad en las personas defensoras y periodistas, y configura un escenario de mayor indefensión, así como acentúa la situación de riesgo que padecen aquellas personas que ya cuentan con medidas del Mecanismo, o que sus casos están en proceso de análisis. Ante esta situación cuatro integrantes de la Junta de Gobierno han llamado la atención a los responsables levantándose de la mesa de discusión –lo cual no amenaza la operación de la Junta– y exigiendo pronta resolución de estas deficiencias.

Si bien existe una agenda amplia de pendientes que han sido mínimamente mencionados y muchos también han sido invisibilizados, en esta ocasión queremos dejar un mensaje claro:

 “El Estado ha pedido esta audiencia para ventilar sus buenas prácticas en materia de derechos humanos, pero no existe una sola práctica en la problemática más urgente que enfrenta el país: la crisis de personas desaparecidas causada por la guerra contra las drogas.

 “En esa medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bien puede preguntar o sugerir al Estado la adopción de prácticas que han adoptado otros estados de la región para enfrentar este fenómeno: la creación de mecanismos nacionales de búsqueda, el fortalecimiento de los servicios forenses, el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la creación de bancos de ADN, la depuración de las listas de personas desaparecidas, el tratamiento digno a las víctimas. Prácticas todas estas que se han verificado en otros países de la región, en buena medida gracias al acompañamiento de la CIDH, pero que en México hoy brillan por su ausencia, como lo confirma la propia presentación del Estado que nada refiere al respecto.

 “Las dimensiones de lo que ocurre en el país, reiteramos, son inconmensurables, si se considera que se han publicado cifras de más de 26 mil 121 personas desaparecidas, lo que además explica la reticencia de México a aceptar la competencia del Comité en la materia del ámbito universal, indicador claro de la posición estatal frente al problema.”

En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; GIRE; Equis: Justicia para las Mujeres; Asociadas por lo Justo; Asilegal; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Información y otras 78 organizaciones defensoras de derechos humanos

 

 

Tribunal Unitario Agrario viola derechos de comunidad nahua de Zacualpan, denuncian

El 19 de marzo del presente año, el Registro Agrario Nacional (RAN) contestó, de manera verbal, al nuevo Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, J Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, que no podía dar respuesta a su solicitud de Registro de la Asamblea realizada el 23 de febrero, pues según él, “apegado a derecho”, se debían respetar los tiempos (irrenunciables), que otorgaron al Comisariado para entregar la documentación faltante, en un trámite que llevaba ya 23 días. Los señores Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán, el depuesto Comisariado, ingresaron el 14 de marzo una solicitud de nulidad de la Asamblea y sus acuerdos, que –erróneamente y violando los derechos de la comunidad indígena– el Tribunal Unitario Agrario admitió el 18 de marzo.

Sorprendentemente (por la rapidez), al día siguiente, el licenciado Antonio Luis Betancourt, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, dictó un acuerdo (expediente 81/14) en franca violación al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando garantías esenciales y derechos fundamentales que dejan en completo estado de indefensión a la comunidad indígena de Zacualpan:

Otorgó a Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán la Suspensión para que el Registro Agrario “se abstenga de realizar cualquier anotación, actuación judicial o trámite relativo al acta de Asamblea de fecha 23 de febrero”.

En este acuerdo, sin que los indígenas sean oídos ni vencidos en juicio, la autoridad responsable –en forma inconstitucional, ilegal y violatoria de todo derecho indígena– desconoce sin razón y sin fundamento alguno el Acuerdo tomado por el máximo órgano de gobierno de la comunidad indígena, que es la Asamblea.

En un mismo momento, desconociendo el Estatuto Comunal, el Tribunal Unitario Agrario inventó un nuevo término, y llama “sustitutos” a los nuevos representantes de la comunidad indígena, que desconoce la elección que por unanimidad de los comuneros, y que consta en el Acta de Asamblea General del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Zacualpan, mediante la cual se reconoce la elección del presidente, secretaria y tesorera; desconociendo todo derecho y despojando a la comunidad indígena de su protección especial.

Por esta razón, el 24 de marzo pasado el Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan interpuso simultáneamente un recurso de queja y recurso de apelación ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en esta ciudad de Colima, en el que se presentan los siguientes agravios: el auto de admisión de la demanda de fecha 18 y 19 de marzo y la suspensión decretada; así como la improcedencia de la demanda presentada, toda vez que Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán no cuentan con la calidad jurídica para promover la nulidad de las asambleas generales, de conformidad con el artículo 407 de la Ley Federal de la Reforma Agraria.

Al mismo tiempo se interpone un juicio de amparo indirecto ante el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, que fue admitido con el número 580/2014, cuya audiencia se llevará a cabo el 25 de abril del presente año, en el que se sustentan las violaciones a los derechos humanos del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, violación a la garantía de audiencia, se reclama la inconstitucional e ilegal privación de los derechos que corresponden a la elección celebrada en Asamblea, la ilegal admisión de la demanda, la suspensión dictada al Registro Agrario, así como la violación a la Constitución Política de este país y a diversos convenios y tratados internacionales en materia de derecho indígena.

A pesar de que el Tribunal Unitario Agrario reconoce al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, este reconocimiento con el apelativo de Comisariado “Sustituto” a su vez, le quita derechos a la comunidad indígena que le otorga ya la Constitución y convenios y tratados internacionales. Con esta actuación del Tribunal Unitario Agrario, del Registro Agrario, de la Procuraduría Agraria, nos queda claro que hay una deliberada acción en contra de la comunidad indígena de Zacualpan, al dar prioridad y beneficio al depuesto Comisariado de Bienes Comunales, constituido por tres personas, y aplicar todo el peso de la ley a la comunidad indígena nahua de Zacualpan.

El Comisariado de Bienes Comunales ha comenzado a trabajar, ya que desde el 23 de febrero el máximo órgano de gobierno de la comunidad indígena de Zacualpan, que es la Asamblea, por unanimidad, le otorgó el nombramiento que lo respalda. Además, su personalidad legal se encuentra debidamente reconocida por el RAN, de conformidad con dicho reconocimiento contenido en el oficio número 001019 emitido por el RAN de fecha 11 de marzo de 2014, fecha a partir de la cual se efectuó la anotación preventiva, misma que surte efectos para representar legalmente a la comunidad indígena.

Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan

Bios Iguana, AC.

 

 

Pemex criminaliza protesta de Greenpeace

La organización internacional Greenpeace denuncia el intento de Petróleos Mexicanos (Pemex) por acallar la protesta civil pacífica y la libertad de expresión al perseguir judicialmente a una de las activistas de esta organización no gubernamental que realizó una manifestación pacífica en instalaciones públicas de la paraestatal.

Pemex persigue por ‘daños’ a una de los seis activistas que el sábado 1 de marzo realizó una protesta pacífica para exigir al gobierno federal energías renovables. El resto de los activistas es acusado por las autoridades federales del delito de allanamiento de morada, mismos que no han sido comprobados.

La paraestatal, dirigida por Emilio Lozoya, acusa “daños” a un reflector supuestamente provocados por la activista de Greenpeace Rosina González, una luminaria que la Procuraduría General de la República (PGR) valúa en 78 mil pesos. Se trata de un delito que conlleva entre 4 y 10 años de prisión; no obstante, Pemex no ha comprobado fehacientemente la causa del supuesto daño ni el monto al que ascendería. La acusación de allanamiento de morada está en entredicho debido a que se trata de un edificio público, propiedad de todos los mexicanos, y no de una vivienda particular.

Los cargos que se le imputan a nuestros activistas y en especial a Rosina González son absurdos y desproporcionados y deben ser retirados cuanto antes. Se trata de un intento por justificar la ilegal detención de la que fueron objeto los activistas. La denuncia de daños la presentó Pemex varias horas después de que los activistas habían sido detenidos por las autoridades sin justificación.

El día de la acción, Rosina fue una de las activistas se que descolgó desde lo alto de la torre y desplegó una manta. La posibilidad de que Rosina González pase de 4 a 10 años en prisión por haber dañado una lámpara –por más cara que sea–, está fuera de toda proporción. Es totalmente absurdo y ridículo y por ello confiamos en que Pemex retirará los cargos que ahora tiene contra alguien como Rosina, quien solo está trabajando por defender nuestro futuro.

En vez de que Pemex se ocupe en solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en las leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante.

El día de la acción, seis activistas de Greenpeace ingresaron a la torre de Pemex en el Puerto de Veracruz desde donde desplegaron una manta con el objetivo de exigir al presidente Enrique Peña Nieto que su propuesta de legislación secundaria para la reforma energética esté dirigida a cumplir con la meta de 35 por ciento de participación de energía proveniente de fuentes renovables para 2024, como lo establece la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Luego de esta actividad pacífica, y a pesar de no existir denuncia alguna ni mucho menos flagrancia, los activistas fueron detenidos por la Policía Naval y, tras varias horas de detención ilegal en las instalaciones de dicha dependencia en Playa Linda, fueron trasladados a la delegación de la PGR en Veracruz, acusados presuntamente de haber causado “daños” y de un supuesto allanamiento de morada. El lunes, a la 1:00 de la madrugada, tras 28 horas de detención, y luego del pago de una fianza de 100 mil pesos, los seis activistas fueron liberados.

Por los cargos de allanamiento de morada y daños, Greenpeace solicitó un amparo federal que impida la detención de los activistas. Asimismo, la organización interpuso ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de las numerosas violaciones a las garantías fundamentales de los activistas.

Entre los señalamientos realizados por Greenpeace se encuentran la violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención de que fueron objeto los activistas por 28 horas, ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial y sujetos a pagar una fianza para dejarlos en libertad al ser acusados de delitos que no han sido debidamente comprobados.

Greenpeace denunció ante la citada Comisión al agente del ministerio público federal de la mesa VI investigadora con sede en Veracruz, al coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, al coordinador general de la Policía Naval en Veracruz-Boca del Río y al delegado de la PGR.

Exigimos que Pemex retire los cargos de “daños” contra Rosina González y deje de criminalizar la protesta y violentar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, las autoridades federales deben quitar los cargos de allanamiento de morada toda vez que dicha imputación no aplica en este caso al tratarse de un edificio público.

Greenpeace hace un llamado a todos los ciudadanos para actuar y entrar al sitio www.greenpeacenocalla.org para exigirle al titular de Pemex, Emilio Lozoya, retirar los cargos contra Rosina y dejar de criminalizar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, invita a replicar esta denuncia en las redes sociales mediante el uso de los hashtags #PemexNoNosCalla y #GreenpeaceNoCalla.

Greenpeace México