La “tridictadura”
Este 5 de julio, gran parte de la decadente y corrupta clase gobernante y legislativa que padecemos los mexicanos llegará nuevamente a estados de poder. Dicha clase simplemente cambiará de posiciones o incluso de partido político sin que la sociedad se beneficie de este proceso electoral. Es muy probable que personajes de todos los partidos políticos, que en el desempeño de cargos públicos o legislativos demostraron una notoria incapacidad y deshonestidad, resulten nuevamente gobernantes o representantes populares. Y es que las elites partidistas tienen secuestrados los cargos públicos y legislativos por representar éstos un gran negocio que les da poder, altísimos ingresos, prestaciones inexplicables y una discrecional oportunidad de tráfico de influencias. Los mexicanos, en el caso de votar, lo haremos bajo los designios de las mafias partidistas, las cuales saben que aun con el voto o no voto de la sociedad seguirán disfrutando de sus privilegios. Por tanto, las costosas y poco inteligentes campañas políticas sólo son para disfrazar la tridictadura partidista que agobia a nuestro país. Esta tridictadura está compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), sin que esto quiera decir que los demás partidos no son igual que los mencionados. Las costosas y poco inteligentes campañas son también para disputarse entre ellos el gran negocio que representan los gobiernos de los estados, las delegaciones políticas, presidencias municipales y diputaciones locales y federales. En estos momentos, la sociedad está inerme ante esa tridictadura, ya que gran parte de esa sociedad ocupa su mayor tiempo y energía en sobrevivir económicamente. Ya nos defraudaron y saquearon y lo volverán a hacer, toda vez que las elites han creado el marco jurídico y las instituciones a modo para conservar el poder y sus beneficios, así como para garantizar la impunidad a todo acto de corrupción de esa hermandad gobernante.
¿Qué hacer entonces ante un único y ofensivo escenario, en donde sólo existe un menú de croquetas de diferentes colores? ¿Dejar de comer? ¿O comer las croquetas aun a costa de nuestra dignidad? De una u otra forma en el corto plazo las elecciones volverán a beneficiar a esa clase política cínica y soberbia que ni nos ve ni nos oye. Es urgente que la sociedad se una para lograr que los partidos políticos modifiquen sus estatutos para establecer que, a los cargos de funcionario público, la sociedad pueda acceder como derecho mediante exámenes de oposición en donde verdaderamente cuente la honestidad y capacidad de los aspirantes. Sólo así se podrá generar una nueva clase política que rompa los pactos de corrupción y permanencia de la clase gobernante.
Manuel Guerrero Ramos
Denuncian “fumigación” en guarderías riesgosas para niños
El reciente siniestro que tuvo lugar el 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, nos debe llevar a reflexionar sobre las acciones a nivel preventivo que el Estado mexicano realiza a favor de los infantes que permanecen en esos espacios. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya ha señalado que la seguridad de las niñas y los niños en las guarderías es del propio instituto y no de las personas a quienes se subrogan. Un suceso tan lamentable nos demuestra que la atención otorgada a estos inmuebles no es la adecuada, y que el Estado no cumple con su obligación de garantizar la seguridad de los niños y niñas contemplados en diversos instrumentos vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño entre otros.
Ante el anuncio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de abrir una investigación de forma “oficiosa”, nos debemos asegurar de que en caso de emitirse una recomendación se le dé el seguimiento adecuado y que las autoridades a las que se destine la cumplan debidamente a fin de prevenir futuras violaciones a los derechos de las niñas y los niños. Se debe recordar que no es la primera vez que se investiga con motivo de irregularidades encontradas en estancias encargadas del cuidado de lactantes, niños y niñas en edad preescolar. Existe como precedente la recomendación 14/2008, emitida en abril de 2008 por la CNDH, referente a la fumigación en estancias de bienestar y desarrollo infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), “por los riesgos a que está expuesta la salud de niñas y niños que acuden a las estancias de desarrollo infantil del ISSSTE, a causa de las fumigaciones periódicas que se realizan en esos sitios”.
La recomendación 14/2008, impulsada por padres de familia, el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC, establece que el ISSSTE “estaría faltando a su obligación de proteger el derecho a la salud de la población infantil, ya que pone en riesgo en forma reiterada a los niños que asisten diariamente a las estancias en las que se realizan las fumigaciones con las sustancias reportadas como tóxicas.”
Igualmente, señala: “La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) omite tomar las medidas necesarias de vigilancia y control para detener este riesgo innecesario, ya que, para que se efectúen las fumigaciones, se debe justificar su aplicación, además de acreditar fehacientemente que no existen riesgos para la salud de los infantes expuestos a estas sustancias químicas activas, toda vez que la fumigación por calendarización con plaguicidas impone un riesgo a la salud de una población especialmente vulnerable, considerando como tal a los menores.”
Sin embargo, la recomendación 14/2008 de la CNDH, aceptada por las instituciones a quienes fue dirigida a través de sus titulares José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, y a Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, no ha sido acatada, y hasta la fecha se continúa fumigando en las estancias de bienestar y desarrollo infantil, a pesar de que ha sido acreditado que no existe un marco normativo que obligue a estas fumigaciones. De igual forma, Cofepris no ha emitido las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) necesarias con la finalidad de regular y controlar el uso de sustancias tóxicas que se aplican en las fumigaciones, cuando hay menores de edad involucrados. A pregunta expresa acerca de la NOM contemplada en la recomendación, la Cofepris respondió que se tiene en consideración la elaboración de una norma que regule las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante la aplicación de plaguicidas, cuestión que se aleja de lo planteado en la recomendación en comento, toda vez que la recomendación se refiere a la regulación y el control de sustancias tóxicas en procedimientos que involucren menores de edad.
Por estos motivos, exigimos a las autoridades destinatarias de la recomendación: se dé cumplimiento a la recomendación; se suspendan las fumigaciones periódicas en las estancias de bienestar infantil; se prioricen las medidas preventivas y acciones necesarias para erradicar fauna nociva antes de la utilización de sustancias tóxicas.
Exigimos a la CNDH: dé seguimiento puntual a la recomendación 14/2008 emitida en abril de 2008; haga extensiva la recomendación a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y el IMSS, toda vez que tienen a su cargo un gran número de estancias de naturaleza similar a las que trata la recomendación.
Cabe señalar que las estancias a cargo del ISSSTE no son el único lugar donde se desarrollan estas malas prácticas, por lo que los promoventes solicitamos que la recomendación se haga extensiva a las estancias a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y el IMSS.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Desesperación por ineficiencia de tribunales agrarios
Desde esta tribuna, clamo, imploro, suplico, exijo al presidente de la República, a la Cámara de Senadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de una vez por todas pongan orden en el Tribunal Superior Agrario y en los tribunales agrarios, en especial en el Distrito Cinco con sede en la ciudad de Chihuahua. En el lapso de dos años han pasado ocho magistrados. Hace poco más de un año crearon un nuevo tribunal, con el propósito de desahogar, con más prontitud, los procesos. Resultó lo contrario. El 13 abril desaparecieron ese tribunal y regresaron los asuntos al que ya existía. Y, por si fuera poco, dejaron como magistrado a Rubén Gallardo Zúñiga. ¿Sería un premio o castigo? Ya no se sabe.
Cuando menos en Chihuahua, el tribunal agrario, desde que fue creado y salvo raras excepciones, no ha tenido un magistrado con liderazgo. El personal va en un barco sin dirección. Los criterios de acuerdos y sentencias varían según las “circunstancias”. Retardan los asuntos. No existe claridad en su actuación. Algunos secretarios de acuerdos y proyectistas no se actualizan: emiten los clásicos acuerdos para mejor proveer cuando los asuntos están citados para sentencia, dejando de cumplir con su objetivo, que es impartir justicia.
Señores reclamados, si no toman medidas en los tribunales agrarios, en especial el de Chihuahua, las cosas se pondrán difíciles; justiciables, personal y litigantes. Estamos llegando a un límite.
Salud y larga vida.
Francisco Flores Legarda
Indignación por trato a jornaleros agrícolas
Al leer el reportaje sobre los jornaleros que se contratan en plantaciones de trasnacionales, me pregunto: ¿y dónde está la comisión estatal de derechos humanos? ¿Y el gobierno federal panista? ¿Y dónde quedan las buenas costumbres del pueblo de Sinaloa? La gente que sabe lo que ocurre con estos jornaleros y no hace nada se hace cómplice. ¿Y así queremos que se nos respeten en otros países, como Estados Unidos? Esto de las condiciones en que viven los jornaleros no es más que parte del México real. Debería de significar un escándalo en los medios. Felicitaciones por su reportaje.
Paulo García
Que los desarrollos turísticos beneficien a los pueblos, demanda
Loreto Bay, donde el día 7 de junio cerró sus operaciones Citigroup, ha sido un derroche de dinero enorme de parte del Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) para este proyecto, en el cual sólo se han beneficiado unos pocos funcionarios y empresarios corruptos. El verdadero pueblo de Loreto está olvidado; presenta un atraso de infraestructura muy importante. A la Secretaría de Turismo le comento que son importantes los grandes desarrollos como Loreto Bay; pero también es fundamental el desarrollo del pueblo, que es el alma de ese lugar. Hay que aprender a volar con las dos alas; de lo contrario, estaremos destinados a fracasar y caer en picada.
Óscar Sánchez
