Opinión

El sistema mundo que estamos viviendo en la actualidad es producto de varios siglos de acumulación de capital y transferencia de valores; los medios e instrumentos de producción con los que se realiza cada mercancía se van sofisticando cada vez más, como también las formas de organización y explotación de la fuerza de trabajo. La revolución industrial no hubiese sido posible sin el previo despojo del territorio de América, sin el saqueo de sus recursos naturales y materias primas, sin la explotación humana en diversas formas de servidumbre y esclavitud.

A 2 décadas de haberse iniciado en todo el mundo el proceso de privatización de las empresas públicas de electricidad, los resultados difieren con las promesas hechas a millones de personas, sobre todo de escasos recursos: salvo contadas excepciones, las tarifas no han bajado ni el servicio ha mostrado mejorías y, por el contrario, como sucedió en octubre pasado en Buenos Aires, Argentina, las fallas en el suministro por la baja calidad en el servicio ocasionada por la disminución de costos sumió en el caos a más de 250 mil usuarios, como ya había ocurrido con el colapso eléctrico registrado entre octubre y diciembre de 2001, en California, Estados Unidos, por la firma Enron que ocasionó racionamientos y costosos apagones a miles de consumidores.

Decía Dostoievski que no hay nada más fácil que condenar al malhechor, pero nada más difícil que comprenderlo. Y en pocas ocasiones esta afirmación resulta más acertada que en el caso del terrorismo yihadista. A las elites culturales occidentales nos consuela pensar que el motor del terror son la pobreza y la falta de educación. Nos hemos hartado de oír sobre cómo combatir las causas “socioeconómicas de fondo” del terrorismo. Sin embargo, los estudios que han investigado la relación entre pobreza y (poca) educación con terrorismo no ofrecen resultados concluyentes.

Nos llegó por internet una carta que el 12 de julio de 2009 presentó Federico Anaya Gallardo al Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP), en la que renunció a la Secretaría Técnica de ese organismo. Como siempre, utilizó un subterfugio al pedir: “[Se me ] releve de mi cargo por estar imposibilitado para cumplir mis obligaciones legales…”, en lugar de renunciar lisa y llanamente. Ya ponía en sus escritos, antes de su nombre, la frase “Salud y República” (que después impuso en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México –UACM– , al ser nombrado encargado de la Oficina del Abogado General), junto con un sello particular.

“¿A usted le gustaría si alguien lo mete en la cárcel sólo por expresar sus sentimientos?”. De esta manera, un escolar estadunidense de 8 años le pidió al rey Salmán, de Arabia Saudita, que no flagele al bloguero Raif Badawi, condenado a 10 años de prisión y a recibir 1 mil latigazos.