A 2 décadas de haberse iniciado en todo el mundo el proceso de privatización de las empresas públicas de electricidad, los resultados difieren con las promesas hechas a millones de personas, sobre todo de escasos recursos: salvo contadas excepciones, las tarifas no han bajado ni el servicio ha mostrado mejorías y, por el contrario, como sucedió en octubre pasado en Buenos Aires, Argentina, las fallas en el suministro por la baja calidad en el servicio ocasionada por la disminución de costos sumió en el caos a más de 250 mil usuarios, como ya había ocurrido con el colapso eléctrico registrado entre octubre y diciembre de 2001, en California, Estados Unidos, por la firma Enron que ocasionó racionamientos y costosos apagones a miles de consumidores.

Todos los procesos tienen como directriz global las políticas impuestas de manera unilateral por organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues en ningún país donde se han echado a andar tales reformas los ciudadanos han podido expresar su opinión o al menos han sido consultados. Sus gobiernos han actuado inclusive al margen de sus propias leyes para imponer un modelo que ahora debe revisarse a fondo por los altos costos sociales y económicos que ha implicado para decenas de naciones, pues los ganadores han sido unas cuantas empresas trasnacionales que, amparadas en la ausencia de mecanismos de regulación, han impuesto las reglas del mercado a su conveniencia.

Por todo el orbe, esta ola privatizadora de un servicio tan básico y elemental como lo es la electricidad es la muestra de que los intereses de las mayorías que debían ser salvaguardados por los gobiernos han sido desplazados por el interés comercial de los particulares, las multinacionales, que no conformes con causar un grave quebranto a la economía de los que menos tienen han atentado contra los derechos laborales de miles y miles de trabajadores de este sector que a nivel mundial han perdido derechos, como la estabilidad en el empleo y otras prestaciones más, al ser desplazados por personal sin experiencia técnica ni sindical, avasallados además por la ilegal autorización de contratos laborales más flexibles como las tercerizaciones.

Países como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, que forman parte de la lista de naciones desarrolladas que echaron a andar la privatización de sus corporaciones públicas de electricidad, son hoy el claro ejemplo de que la realidad actual dista mucho de la bonanza esperada, surgiendo en algunos casos, como en la unión americana, un verdadero caos en el mercado minorista que se dedica a vender electricidad sin control alguno en perjuicio de millones de personas.

Y si bien en Inglaterra como en otras naciones se han registrado algunas disminuciones en las tarifas, éstas han sido en beneficio de los grandes consumidores pero no así para los usuarios domésticos y pequeños comerciantes o empresarios, además de que tales reducciones han obedecido no a un mejor funcionamiento del sector en manos de particulares sino a factores como la disminución en los precios de los combustibles con que funcionan diversas plantas de generación.

La imposición del modelo de privatización de la electricidad ha tenido efectos por demás desastrosos en países como Brasil, claro ejemplo de cómo las empresas privadas terminaron devastando un sistema eficaz y confiable que operaba plantas hidroeléctricas de bajo costo en manos del Estado, pero que al pasar a manos extranjeras derivaron en la prestación de un servicio precario pero costoso sobre todo por la falta de inversión en nuevas infraestructuras, lo que ha colocado los precios de la electricidad en la nación suramericana por encima de los que aplican en los países del primer mundo.

Otro fracaso evidente es el que se registró en la India, donde el Banco Mundial impuso la creación de la figura de los productores independientes de electricidad (PIES), muy similar a la que por cierto ha operado en México desde hace más de 1 década. Esquema bajo el cual empresarios privados llegaron a un acuerdo con el gobierno de aquel país para construir una nueva central, misma que al quedar bajo control y libre albedrio de los particulares impuso altas tarifas que una población mayoritariamente pobre no pudo pagar.

Debido a los desventajosos contratos firmados por las autoridades de la India, al Estado no le quedó de otra que comprarles la energía generada a precios elevados y en cantidades muy por encima de los requerimientos de la sociedad, llegándose a tal insolvencia que la planta terminó cerrándose, derivando en una demanda del consorcio por el incumplimiento del gobierno de aquel país. La receta impositiva del Banco Mundial le trajo así más perjuicios que beneficios a la expoliada nación.

En Estados Unidos abundan también los ejemplos del fracaso de la privatización de la electricidad, donde los precios tampoco han representado un beneficio directo para sus habitantes. Por mencionar un caso, en Texas, en los primeros años de la desregulación en 2002, el precio residencial de la electricidad subió siete veces por encima del precio anterior a la implementación de la medida, llegándose al extremo que de 2002 a 2004 los usuarios enfrentaron un incremento del 43 por ciento.

En la unión americana se está registrando un fenómeno surgido al amparo de la falta de regulación donde las llamadas empresas minoristas, que a final de cuentas compran la energía a las firmas mayoristas, están defraudando a millones de usuarios al venderles falsas promesas de mejor servicio y baja de tarifas mediante la utilización del telemarketing. Enganchados por la publicidad, los consumidores aceptan firmar con estas empresas, abandonando sus contratos con las contadas empresas púbicas para llevarse después sendos chascos al corroborar notorios incrementos en sus recibos.

A diferencia de las compañías públicas, las privadas no tienen que justificar ante los consumidores la necesidad de incrementar sus tarifas; es decir, que la desregulación les otorga manga ancha para hacer cuanto les venga en gana con las necesidades de sus clientes. Y todo gracias a la utilización de los trucos publicitarios. ¿Sucederá algo similar en México en los años por venir?

Esta creciente captación del mercado de consumidores por estas empresas estadunidenses ya ha creado un franco desconcierto en las propias autoridades al grado de que en 2013 el fiscal general de Nueva York debió informar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos que el 91.5 por ciento de los consumidores de bajos ingresos del Norte del estado se había cambiado a empresas privadas pagando tarifas muy superiores a las que debían sufragar con una corporación pública tradicional.

Ante tal escenario global es momento de que en todo el mundo se dé un análisis de lo negativa que ha sido la ola privatizadora del sector eléctrico, pues no hay un sólo caso que hable en defensa del modelo impuesto tanto por el BM como por el FMI.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 471 / del 18 al 24 de Enero de 2016