Para Ana María Quiroz A, lectora de Contralínea
Con o sin su contemplación en el derecho positivo, la réplica a los textos periodísticos es compañera de las libertades de prensa. Funcionarios y protagonistas de la actividad política, económica, cultural, y conductas que se deslindan de la ambigua vida privada (y que, para decirlo en la jerga del neoliberalismo económico, son actos y omisiones que irrumpen en el mercado que por más “libre”, siempre, desde Adam Smith, ha estado sujeto a la estructura jurídica vigente como estado de derecho), han de ser sometidos al derecho a la información, la crítica y las réplicas ante la opinión pública.
Pero éstos confunden el derecho de réplica con ataques a los periodistas que los ponen bajo escrutinio, disgustados por ser pasados por la veracidad de la información y montan en cólera, alegando, en nombre de su particular criterio del honor (todo lo contrario a lo que analiza en una maravillosa novela Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum), que han sido ofendidos.
Ahora que arrecian las embestidas contra la prensa que llegan al homicidio, es el caso de los ataques del, en su tiempo, ferocísimo delamadridista y secretario de Gobernación (cuando el crimen artero a Manuel Buendía, cuyos autores intelectuales hay que buscarlos en las madrigueras del abuso e impunidad del poder presidencial), Manuel Bartlett Díaz, y del tambaleante gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Bartlett y Godoy son objeto de información y crítica, como funcionarios que gustan de usar el poder, pero se disgustan cuando los muestran en toda su desnudez. Los columnistas Julio Hernández López (autor de la columna Astillero) y Ricardo Alemán (autor de Itinerario Político), de La Jornada y El Universal, respectivamente (13 de noviembre de 2009), fueron objeto de ataques disfrazados de réplicas por el ambiguo priista Bartlett y el perredista Godoy, de la facción de los Chuchos.
Éstos, haciéndose las víctimas y arreglando a su modo la crítica, atacaron a tontas y locas lo escrito en lugar de explicar sus conductas. Debieron primero leer y releer la información para construir réplicas. La réplica, ahora sí, de Hernández López y Ricardo Alemán a estos dos presumidos políticos, los puso en su lugar.
El periodismo amarillista tiene como finalidad cuestionar el honor, como en el caso de Godoy, según alega, y de alterar los hechos, que no es el caso de Bartlett, ya que Ricardo Alemán lo mostró en sus contradicciones, su vergonzosa militancia a destiempo, entre su pasado inmediato y su esquizofrénico presente.
Los individuos de la escena pública no quieren que los cuestionen, y responden con ataques a quienes ejercen las libertades, como derechos y obligaciones, de la prensa. Y una obligación de los periodistas es recibir réplicas para alimentar la información del hecho. Sólo que Bartlett y Godoy, como los calderonistas, odian y pisotean los derechos constitucionales de libertad de prensa, y se van a la yugular, pero son vampiros de a mentiritas. No atinan con sus ataques. Pero bienvenidos, para que los lectores tengan más elementos sobre la calidad de sus políticos.
“Uno más, y no pasa nada. Otro periodista asesinado por hacer su trabajo, y no pasa nada. En el año van nueve comunicadores que son asesinados. Esto coloca a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer la libertad de expresión. Hoy una vez más, reafirmamos la idea de que ser periodista en México es profesión de alto riesgo. Nuestro país está a la altura de Somalia, Irak y Paquistán en asesinatos de periodistas”, escribió Darío Ramírez.
Éste es uno de los más puntuales defensores de las libertades de información y crítica como contrapoder, y continúa su análisis: “¿Cómo podemos prevenir otros ocasos como los de Bladimir Antuna (Durango, noviembre 2009), Norberto Miranda Madrid (Chihuahua, septiembre 2009), Martín Javier Miranda Avilés (Michoacán, julio 2009), Juan Daniel Martínez Gil (Guerrero, julio 2009), Carlos Ortega Melo Samper (Durango, mayo 2009), Eliseo Barrón Hernández (Durango, mayo 2009), Jean Paul Ibarra Ramírez (Guerrero, febrero 2009), Luis Daniel Méndez Hernández (Veracruz, febrero 2009), Juan Carlos Hernández Mundo (Guerrero, febrero 2009)?” (El Universal, 6 de noviembre de 2009).
De los gobernadores donde acaecieron esos homicidios, demagógicos lamentos y partes en el juego de la atracción penal; su envío a la Procuraduría General de la República, para el abuso del poder, ya que estas averiguaciones apenas iniciadas son archivadas por la Fiscalía para Delitos contra Periodistas, como lo fundamenta el reportaje de Javier Rosiles Salas y Martha Martínez, en su texto “Atracción e impunidad” (Reforma-Enfoque, 8 de noviembre de 2009). Y desde el gobierno federal, la menor referencia a ese baño de sangre, como si el calderonismo y su manu militari estuviera acostumbrada a los más de 17 mil homicidios que arrastran a la nación a un estado donde impera la ley de la selva.
En todos los asesinatos durante los cuatro años de Calderón, está en juego el secreto de las fuentes de información. Los reporteros victimados buscan obtener los fundamentos de sus investigaciones periodísticas; pero los representantes de los ciudadanos del Distrito Federal aprobaron la contrarreforma (antidemocrática y antirrepublicana, pisoteando la legislación mexicana e internacional sobre las libertades de prensa) que obliga a periodistas a revelar sus fuentes de información, imputándoles severas sanciones pecuniarias si se niegan, conforme lo estipula el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles de la capital del país.
Los reporteros son siempre acosados, agredidos y llevados a los tribunales por los poderosos despachos de abogados contratados por millonarios empresarios que, por su actuación, han de ser objeto de la prensa como contrapoder económico y político. Y los funcionarios contratan asesinos para desaparecer a los reporteros, ejemplo que siguen los demás delincuentes para eliminar a periodistas.
Mientras tanto, la Suprema Corte, que atrae ciertos casos, y rechaza o resuelve como informes sin ninguna consecuencia jurídica (parecidas a las inútiles recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), ha recibido para trámite la controversia constitucional para ver si entra a conocer el abuso del poder que establece la legislación civil defeña.
Como nunca, en este sexenio (y el anterior), el trabajo del periodista, sobre todo el de la prensa escrita, es objeto de agresiones, acosos judiciales y homicidios. Urge establecer, con fideicomisos, despachos de abogados para que se hagan cargo de la defensa de periodistas y el esclarecimiento de los homicidios.
Y la creación de un defensor del periodista federal y en cada entidad integrar un frente unido (como lo plantea Darío Ramírez) “para exigir un ambiente seguro para realizar” el trabajo periodístico. “Sin una voz común que señale la delicada situación que está viviendo la prensa en México, el contexto difícilmente cambiará. La voz se tiene que oír: ni un asesinato más”.
