Tras una larga batalla en los tribunales federales –iniciada ante la juez de distrito en el municipio de Cajeme, Sonora, debido al incumplimiento de detener las obras del Acueducto Independencia (obra que pretende llevarse el agua de la presa El Novillo a Hermosillo, capital del estado)– y al haber incurrido en más de una ocasión el desacato del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de detener las obras, y finalmente con la confirmación del Tribunal Colegiado Federal (con sede en Hermosillo), de tal desacato, todo indica que está en marcha la solicitud del desafuero de Padrés Elías y su secretario de gobierno, Héctor Larios Córdova, a la par del director de obras de la entidad, Martín Valenzuela Enciso.
No obstante que los quejosos –los productores agrícolas y ganaderos del Sur sonorense que marchan al lado de los yaquis y los mayos– han obtenido a su favor las resoluciones judiciales federales, el gobernador insiste en no detener las obras para llevarse el agua que riega y abastece a Cajeme y otros municipios (a pesar de que el agua de El Novillo sólo alcanza para un cultivo anual, de los tres que antes se llevaban a cabo).
Padrés Elías –quien en su campaña electoral se comprometió a resolver la escasez de agua de Guaymas hasta Hermosillo, al instalar una o dos desaladoras, y mediante el compromiso que varias empresas se comprometieron a entregar el metro cúbico a diez pesos con cincuenta centavos– no quiere dar el paso para solucionar el grave problema.
Esto provoca al interior del Partido Acción Nacional una división mucho muy grave y, sobre todo, un enfrentamiento social entre el Sur y el centro de Sonora, a tal grado que el gobierno sonorense ha convencido al presidente Felipe Calderón y al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, para tener el apoyo de la administración federal en un asunto que en los tribunales lo tiene totalmente perdido, por las resoluciones en contra de la obra, el desacato a la orden de parar la obra y la inminente solicitud para su desafuero por pisotear el Estado de derecho.
Se realizaron marchas de protesta en Ciudad Obregón (incluso se mandaron videos y fotografías a Los Pinos y a la secretaría de gobernación), las cuales son evidencia del total apoyo al movimiento contra el robo de agua de la presa, sin que el gobernador ni ningún funcionario de la administración estatal hayan tratado de buscar el diálogo con el movimiento para solucionar el abastecimiento de agua en Guaymas, Empalme, Hermosillo y otras comunidades cercanas a éstas, donde lo más viable sería instalar dos desaladoras, una en Bahía de Kino y otra en Guaymas.
Al publicarse esta columna era inminente la resolución del juzgado de distrito para utilizar la fuerza pública y detener la construcción del acueducto que abarcaría desde El Novillo, es decir Ciudad Obregón, hasta Hermosillo.
Padrés Elías está en la mira de ser objeto de un desafuero y, posteriormente, de juicio político, ya que sistemáticamente menosprecia las resoluciones del Poder Judicial federal. Ante la orden de utilizar la fuerza pública, se informó a este reportero que la jueza que ha llevado el caso, y su familia, está recibiendo amenazas de quienes desde el poder de la gubernatura sonorense se comportan igual que la delincuencia organizada. De estas intimidaciones ya tiene conocimiento el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En respuesta a esta denuncia, el Poder Judicial de la Federación envió a Ciudad Obregón un visitador con facultades para conseguir la protección de la funcionaria, que únicamente cumple con hacer respetar la legalidad constitucional.
[TEXTO PARA TWITTER: El gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, al borde del desafuero por desacato al poder judicial]
