Mientras el señor Miguel Ángel Mancera y su Procuraduría siguen en las ramas del homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa y los cuatro asesinatos más que ocurrieron en ese caso, el inquilino de Los Pinos apenas si acusó recibo de la carta-reclamación que suscribieron periodistas, escritores y artistas para pedirle aclarar esas muertes, además de implantar mejores medidas de seguridad para quienes se desempeñan –sobre todo– como reporteros que buscan información de hechos y actos de los protagonistas de los sectores gubernamentales y de los actores privados que aparecen en el escenario de lo público. Los periodistas, en general, están siendo el objetivo de la criminalidad, muchas veces al servicio de funcionarios que pagan para minarlos.

Y es que en este sexenio, como en alguna medida lo ha habido en otros, existe una política sorda contra las libertades de expresión y de publicación y difusión, porque éstas, ejercidas como contrapoder, informan y critican los abusos de los desgobernadores, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de presidentes municipales y, en suma, de toda la fauna política-administrativa, legislativa y judicial en sus tres órdenes de gobierno del Estado federal. Con el priísmo-empanizado, es decir, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional que han dominado en esos poderes desde hace al menos 27 años, han aumentado no sólo las agresiones y censuras, sino los homicidios de periodistas porque los gobernantes, como actualmente los peñistas, desprecian y combaten a la prensa porque les molesta.

[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]En México, los periodistas están siendo el objetivo de la criminalidad, muchas veces al servicio de funcionarios que pagan para minarlos”[/blockquote]

El actual régimen, al que se le ha acumulado el descontento social, le tiene un particular odio al periodismo. Y es que éste, con los caricaturistas (y el de los ciudadanos en las redes de la comunicación digital), ante los males nacionales como corrupción, impunidad, empobrecimiento, desempleo e inseguridad, no deja de afilar la crítica e informar de todo cuanto tiene derecho a saber la opinión pública nacional. El peñismo, a veces directamente a través de negar publicidad, y otras indirectamente, ha estado maniobrando contra los derechos constitucionales que amparan las libertades y garantías para informar, analizar y criticar el desempeño de su mal gobierno. Al responder la carta, Enrique Peña dijo que “respeta la crítica que se ejerce sin cortapisas”. Pero no es verdad.

Su comunicador Eduardo Sánchez (que cuida de sus restaurantes de comida rápida japonesa) ejecuta las órdenes peñistas de cancelar programas de noticias y comentarios, como fue la embestida, con la complicidad empresarial, contra la periodista Carmen Aristegui y sus reporteros (que exhibieron la corrupción del matrimonio presidencial y de algunos de sus altos empleados, compañeros de viaje en la impunidad que les acaba de otorgar, con cinismo y complicidad, el tristemente célebre secretario de la Función Pública, y quien ha ingresado al grupo de los conflictos de intereses que hacen del poder un botín. Este fallo administrativo aumentó más el descontento social y puso al rojo vivo la desconfianza y falta de credibilidad contra Peña).

[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Como ocurre con el “caso Narvarte”, los más de 80 homicidios de periodistas ocurridos en los últimos 10 años permanecen en la impunidad”[/blockquote]

Como respuesta a la carta donde le solicitan que implante –realmente– medidas de seguridad para el desempeño del periodismo democrático, Peña sólo le ordenó a su empleado Roberto Campa que participara en la investigación de los homicidios que lleva la Procuraduría local. Eso es todo lo que hizo, y hasta la fecha todo permanece igual. Y en cuanto a las medidas de seguridad, son las mismas de siempre que carecen de eficacia y de resultados. La respuesta, pues, a la carta, ha sido burocrática. Era de esperar que Peña ordenara que la Procuraduría General de la República colaborara en los hechos del “caso Narvarte”. Pero a su estilo, Peña se quitó de encima la solicitud. Los más de 80 homicidios ocurridos en los últimos 10 años permanecen en la impunidad generalizada para todos los mexicanos asesinados, desaparecidos, secuestrados y exiliados o desplazados por la criminalidad que impera y su fallido combate por una mala estrategia desde el calderonismo, y que el peñismo continúa, para tener al país al borde de una insurrección nacional.

El peñismo, como sus antecesores en el trono sexenal, de Carlos Salinas a la fecha, ha despreciado a la prensa y a los periodistas. Son un estorbo con sus críticas e informaciones cuando penetran los abusos gubernamentales. La carta ha sido tirada a la basura burocrática. Y es que nada le molesta mas al peñismo que lo cuestionen y que no “comprendan” sus arranques modernizadores sin consultar ni persuadir a nadie. Como el monarca aquél que decía: “El Estado soy yo”, a Peña no le interesa resolver democráticamente los problemas nacionales de su competencia y obligación. Y el caso de los periodistas es uno de ellos.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]

Contralínea 463 / del 16 al 22 de Noviembre 2015