Los mexicanos también padecemos la violencia del abuso del poder político, a la par de la delincuencial, y la empresarial contra los trabajadores (los que tienen trabajo, pues sólo en 2011 se han echado a la calle a casi 3 millones de éstos). Es la barbarie de policías, ¡de marinos y soldados!, de presidentes municipales y desgobernadores que se presentan mansitos para pedir el voto y en cuanto toman posesión son unos trogloditas. Y qué decir de funcionarios federales y los que dependen de Marcelo Ebrard, en el Distrito Federal.
Son la Fuenteovejuna, porque todos a una arremeten contra mujeres, niños, adolescentes, ancianos y hombres, que someten a toda clase de arbitrariedades en las oficinas de trámites, tribunales y administraciones públicas (las juntas de Conciliación y Arbitraje federales y estatales favorecen a los patrones al presionar a los trabajadores, y aceptan sobornos para frustrar huelgas, coludidos con los abogados que transan, al sacrificar a mineros, empleados, burócratas, etcétera); esas administraciones públicas están en manos de ladrones que abusan del poder.
Los desgobernadores (¿hay alguno que sea la excepción?, habría que buscarlo con la lámpara de Diógenes, ya que ni a plena luz del día lo encontramos) de Veracruz, Sonora, Chihuahua, ¡Nuevo León, con todo y el presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón!, de Chiapas, Yucatán, Sinaloa… en fin, los 31 estados están en poder de dictadorcillos émulos de Muamar Gadafi, que contaminaron el ejercicio de los poderes ejecutivos y judiciales, en una complicidad para robar, abusar y agredir.
Y no se quedan fuera los ministerios públicos que todo pervierten, para que las denuncias no prosperen y la “inmoral impunidad”, que acusara Francisco Zarco, prevalezca por encima de los derechos humanos y las garantías procesales, empujando a la nación a la alternativa de responder con la violencia de las revueltas civiles a las violencias gubernamentales y delincuenciales.
Tenemos el caso del inepto desgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien con sus legisladores y aparato judicial se atrevió a crear el delito ni siquiera visto en el fascismo-nazi de “sabotaje-terrorista”, para encarcelar a una mujer y a un hombre que ejercieron sus derechos a la libertad de expresión, planteados desde Francisco Zarco y eje de las libertades de prensa para informar y divulgar sobre hechos de violencia.
Dicho desgobernador, títere del poder tras el trono abusivo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien heredó el cargo a su incondicional que es un ignorante al menos en política y en derecho positivo constitucional, se fue encima de la maestra María de Jesús Bravo Pagola y de Gilberto Martínez Vera, quienes informaron a través de Facebook y Twitter que la delincuencia “organizada” estaba asaltando escuelas.
El reportaje-entrevista de Rolando Herrera (Reforma, 26 de septiembre de 2011) nos pone al tanto de cómo el desgobernador veracruzano abusó del poder, al que debería renunciar; y debería ser juzgado, sentenciado y encarcelado, tanto en un juicio político como penal, ya que su violencia administrativa y judicial (en Veracruz los desgobernadores han reunido en sus manos los tres poderes) embistió a dos ciudadanos y los acusó de dichos delitos, para que recibieran una sanción de entre 20 y 30 años… ¡por informar lo que sucede en las escuelas: balazos, niños corriendo y padres angustiados!
Sin embargo, continúa en su cargo (donde por órdenes de Herrera Beltrán, apoya a Enrique Peña Nieto para que éste, Televisa y el priísmo más antiguo den el golpe para imponerlo como candidato presidencial).
El desgobernador desató la violencia con sus arrebatos, blindados con impunidad y corrupción. Los gobernantes de todos los partidos han pactado una cerrada complicidad e impuesto una violencia al amparo de los poderes del Estado, que en nada se diferencia de la de los delincuentes que se matan entre sí y de los paramilitares.
Es la violencia, por igual, de la barbarie política y la de los forajidos. La rebelión contra los principios constitucionales, para imponer un gobierno contrario a ellos, es de los funcionarios como Duarte y sus émulos en la mayoría de las entidades, el gobierno defeño y el federal con su violencia militar y policiaca.
Lo que sufrieron Bravo Pagola y Martínez Vera es una muestra más del atropello de los desgobernadores. Estamos sobreviviendo a todas las violencias, mientras los homicidios y desapariciones no cesan, los asaltos a los domicilios continúan y se detienen a inocentes por todo México. Al embestir a esos dos veracruzanos por su ejercicio de las libertades de prensa, el desgobernador ya debería estar destituido y procesado… pero sigue en el cargo, como si sus actos de abuso no estuvieran al margen de la legalidad. ¿No hay poder… o voluntad que ponga de patitas en la calle a Duarte?
*Periodista
