A los gobernantes les repatea que existan los periodistas. Y más que en la Constitución y sus leyes reglamentarias, incluyendo las respectivas de los derechos humanos, se mantenga la libertad de expresión como una conquista política, para que los mexicanos tengan cómo manifestar sus opiniones. No se acaba de publicar una información y comentario con crítica sobre atentados, secuestros y homicidios de periodistas, cuando en Morelia, Michoacán, el comunicador e investigador Edgardo Morales –quien acaba de presentar su libro Palabra de caballero, donde se narra la historia de Los Caballeros Templarios– declaró: “Soy objeto de persecuciones y amenazas del gobierno federal y sus policías y soldados, al grado de que me tuve que cambiar de Apatzingán, con todo y mi familia”, como recogió la información el reportero-corresponsal Ernesto Martínez Elorriaga (La Jornada, 23 de julio de 2012).
Ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el periodista que en su texto exhibe la forma en que el citado grupo opera en la región de Tierra Caliente; el estado de guerra que impera en el país, donde el calderonismo, con uniformes de las Fuerzas Armadas y del orden, se enfrenta contra unas delincuencias a las que no ha podido siquiera contener y hace víctimas a todos los mexicanos. En tal contexto también los periodistas que cumplen con su deber profesional, sufren las consecuencias de los baños de sangre.
El gobierno federal, algunos gobiernos estatales y municipales, supuestamente, han implantado medidas para “garantizar” el oficio de la prensa. Diputados federales y senadores en el Congreso de la Unión, han dictado disposiciones jurídicas para más de lo mismo. Y es hora que los periodistas, como todos los mexicanos que quieren vivir en paz y apenas sobreviven en medio de la violencia, siguen siendo víctimas de toda clase de delitos que llegan a privarlos de la vida por homicidios nunca aclarados, como los más de 100 mil asesinados que arroja la “no-guerra” de Calderón, sin que sus familiares sepan, en un 90 por ciento, dónde fueron enterrados, incinerados o abandonados. Éstos son desaparecidos cuando sus cuerpos deberían entregarse a las autoridades forenses. Y es que, al negarse Calderón a promulgar la Ley General de Víctimas e iniciar una controversia constitucional, trata de no rendir cuentas y menos indemnizar a los deudos de esos mexicanos asesinados por marinos, soldados y policías.
La Comisión Permanente, integrada por diputados y senadores de todos los partidos, ante la ineficacia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), citó a su enésima titular Laura Angelina Borbolla Moreno, y ésta, como los anteriores cuatro o cinco en el mal gobierno de Calderón, sólo se limitó a contestar los cuestionamientos por su pésimo desempeño, que “cuenta con un registro de 67 periodistas asesinados, 14 desaparecidos y se han integrado 37 averiguaciones con 74 probables responsables”, consignó en su nota la reportera Andrea Becerril (La Jornada, 18 de julio de 2012).
Las cuentas son carentes de veracidad, como muy pronto lo veremos en el libro de Carlos Moncada con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa (el último texto del periodista fallecido a finales del año pasado), donde puntualmente, el reportero sonorense ha documentado la situación que el gremio periodístico ha padecido de intencional falta de mínima seguridad para el cumplimiento de su trabajo. La PGR, a través de esa Fiscalía, no ha hecho su trabajo. Por el contrario está contra los periodistas. Así que éstos han tenido que cuidarse hasta de los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones.
No hay la menor voluntad jurídica ni política de parte de Calderón por medio de la PGR y dicha Fiscalía para contribuir a proporcionar derechos y garantías a los periodistas. Y es que el calderonismo desprecia el trabajo de la prensa y más cuando ésta es crítica e informa sin censura. Calderón simpatiza con Televisa, Tv Azteca, los medios impresos y de la radio que no cuestionan los abusos, negligencias y actos fallidos del gobierno federal, de las entidades y de la administración defeña. Calderón es igual que Ebrard y éste que los desgobernadores, quienes, a la par de los delincuentes, arremeten contra el periodismo que no se somete al toma y daca de publicidad por silencio.
La Fiscalía de la PGR durante casi seis años, ha sido un órgano del Ministerio Público federal, que ha servido absolutamente para nada. Es una burocracia que se chupa el presupuesto de egresos en pagar a los que han sido sus titulares, quienes archivan averiguaciones y engañan a las víctimas de toda clase de delitos contra la libertad de expresión. Si en este país hubiera un imperio de la ley, un estado de derecho donde los funcionarios no interrumpieran su vigencia, entonces ya tendríamos juicios políticos contra ellos. Mientras tanto los periodistas siguen sufriendo por la inseguridad y una PGR-Fiscalía que está en contra de la libertad de prensa.
*Periodista
Fuente: Contralínea 301 / Septiembde de 2012
