Lo que está en cuestión para todos los mexicanos (¡no se diga para los que a diario viven pacíficamente!) es terminar de tajo con la violencia sangrienta provocada por todas las delincuencias encabezadas por narcotraficantes y sus sicarios, y que combaten con muy contados saldos a su favor las Fuerzas Armadas y policiacas (en cuya “guerra” fallida, no pocos de sus elementos, soldados, marinos y policías, cometen abusos contra la población civil) para tener cientos de miles de homicidios, secuestros, violaciones a derechos humanos y sexuales, en cuyos hechos participan la barbarie delincuencial y los uniformados. En sus fuegos cruzados quedan atrapados niños y adultos que, con madres angustiadas por los otros tantos miles de feminicidios, demandan el restablecimiento de la paz pública.

 

Ésta y el cese de la violencia homicida, así como el regreso de los militares a sus cuarteles y funciones de auxilio ante desastres, es lo que los gobernantes deben de resolver, ya que esos problemas no pueden continuar como hechos cotidianos. Por todo el territorio los mexicanos no hallan cómo seguir con sus actividades diarias en el contexto de la crisis económica y las pavorosas necesidades sociales, porque no saben en qué momento los atraparán los encuentros entre militares-policías y matones.

 

La nación sobrevive angustiada, desesperada y huyendo de sus lugares de origen y domicilio: expatriados en su propia patria. Nos han impuesto un nuevo despotismo “con las fuerzas (de la violencia física, derramamiento de sangre) explotadoras vueltas hacia dentro contra una población sometida. Se mantiene a las masas en estado permanente de subdesarrollo (y una “guerra”, para favorecer esto y aquello)”: Harvey Wheeler, La democracia en una era revolucionaria, editorial Monte Ávila.

 

En ese estado de cosas, los periodistas también padecen esa violencia mezclada con amenazas, atentados, agresiones, levantones y homicidios. Una vez más el semanario Zeta, editado en la frontera bajacaliforniana, es víctima de esas amenazas cumplidas de funcionarios y delincuentes, las dos caras de la violencia. Los medios de comunicación que no se han plegado a la censura informativa, que demuestra el servilismo de algunos contados diarios, han informado sobre las “amenazas telefónicas provenientes de sujetos que se identificaron como parte de un grupo criminal”.

 

El texto completo apareció en varios periódicos, en solidaridad con el semanario y el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (propone criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la población y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas de esta violencia).

 

“El equipo del semanario Zeta ha sido objeto de diversos ataques y amenazas a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, que han llegado incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el atentado sufrido por su fundador. Estos hechos lamentables han estado marcados y promovidos por la impunidad: el Estado debe poner fin a este perverso ciclo” (Reforma, 6 de marzo de 2012).

 

En los últimos casi 12 años que los militantes del Partido Acción Nacional como funcionarios federales (en los municipios y su configuración como estados) tienen la obligación de hacer prevalecer la legalidad, para no privar de la vida y libertad a todos los mexicanos. Sesenta y siete trabajadores de la información han sido víctimas de homicidios y otros más secuestrados, para que no ejerzan sus derechos a manifestar en el periodismo impreso, la radio y audiovisualmente, información a la opinión pública.

 

El presidencialismo fallido de Felipe Calderón ha descuidado la máxima seguridad para los mexicanos y, al dirigir torpemente la “estrategia” militar y policiaca para enfrentar a la delincuencia, ha contribuido al aumento de la criminalidad. Lo que aprovechan funcionarios y delincuentes para atacar a la prensa, como el caso de Zeta, cuyos reporteros, columnistas, editores y directora han amenazado y, en cualquier momento cumplirán. La respuesta del semario es que “ante la impunidad nos queda la publicación, el ejercicio de nuestra libertad de expresión y el derecho a estar (y dar) información, que es lo que nos sostiene”.

 

El periodismo crítico, veraz y contrastado de Zeta no ha perdido esa brújula desde Jesús Blancornelas, director y fundador, víctima de varias agresiones políticas, inquisiciones administrativas, judiciales y atentados. Tres más de sus reporteros han caído por homicidios y sus autores intelectuales gozan de impunidad. Así que las advertencias telefónicas por parte de quienes se identificaron como “un grupo criminal” (lo sean o aparenten serlo), pone en grave riesgo a los periodistas del semanario que sí están informando sobre los hechos de la violencia generalizada por todo el país, sobre la pavorosa corrupción que priva en todas las instituciones administrativas y judiciales y la impunidad.

 

*Periodista