Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del incendio en la Guardería ABC (en Hermosillo, Sonora), y se enteró de que estaban involucrados el desgobernador Eduardo Robinson Bours Castelo, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo (prima hermana de Margarita Zavala), y dos altos funcionarios del calderonismo: Juan Francisco Molinar Horcasitas y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Káram Toumeh, entre otros, dictó una resolución ambigua. Y a la fecha, salvo una o dos personas de menor jerarquía, los 49 homicidios de niños y 79 sobrevivientes –con huellas imborrables en sus cuerpos y daños de por vida en las vías respiratorias–, permanecen impunes, lo que evidencia la complicidad con la elite del poder político que está por encima del cumplimiento de su competencia.
Hoy, los ministros de la Suprema Corte (ya no de Justicia y menos de la Nación) han escenificado el yo acuso que el grandioso José Clemente Orozco creó en el mural de una de las paredes del edificio que alberga a ese disminuido tribunal, vislumbrando lo que sería la impartición, no de justicia, sino de injusticia, en un prostíbulo.
Al confirmar la sentencia-sanción por daño moral contra el periodista Alfredo Rivera Flores, que favorece a un cacique que controla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgopara su total corrupción, Gerardo Sosa Castelán, la Primera Sala representó toda la perversidad del mural (aunque la ministra Olga Sánchez Cordero puso a sus demás integrantes un ejemplo de congruencia republicana y democrática con su voto en contra y al presentar un proyecto favorable a las libertades de prensa).
Se planteó a la Corte la petición de justicia en términos constitucionales y una vez más la mayoría de sus integrantes favorecieron a Sosa Castelán, politiquillo que hace gala de sus redes de poder tejidas desde las entrañas más putrefactas, y que logró que le quiten en pesos, a un periodista honrado, parte de su raquítico patrimonio. Y es que la Corte ha impuesto, con su denegación de justicia democrática y republicana, una grave censura a la libertad de expresión escrita.
Sánchez Cordero demostró a esos 10 ministros lo que es acatar el principio de gobernar judicialmente en beneficio de las libertades de prensa; éstos deben ponerse frente al mural de Orozco, que se encuentra a unos pasos de sus oficinas, y verse reflejados desgarrándose las vestiduras con expedientes tirados y rodeados de ratas. Es un atropello infame, ya que no hubo una interpretación democrática a la solicitud de amparo de Rivera Flores, contra el fallo que pisoteó sus derechos y favoreció a un enemigo de la libertad de prensa, para que sea el periodista sancionado… ¡por daño moral a un cacique de siete suelas!
Las injusticias de la Suprema Corte y los órganos judiciales del fuero común y federal (que dan impunidad a quienes tienen poder político y económico) acumulan un malestar social en la población que tiene todos los motivos para insubordinarse por hambre, desempleo y abusos de los gobernantes. Y al recibir de la cúpula judicial, del máximo tribunal constitucional (¡cómo necesitamos uno constitucional independiente, quitándole esa facultad a la Suprema Corte!), fallos como el aquí comentado e impugnado, acumulan odios a sus instituciones porque no cumplen con sus funciones ni con sus obligaciones. En el proceso de un malestar social que explotó en revuelta y luego en la continuación de la Revolución, el pensador, jurista, político e historiador francés Alexis de Tocqueville (el 29 de enero de 1848) pronunció un discurso en el que, ante funcionarios parecidos a los de la Suprema Corte, advirtió que “la clase gobernante se ha convertido, por su indiferencia, su egoísmo, sus vicios, en incapaz e indigna de gobernar”.
Al desechar el amparo solicitado por Rivera Flores, la Corte de los 10 ministros que no atendieron el primer proyecto que le otorgaba para hacer valer el derecho a la libertad de prensa, y que su ponente, la ministra Sánchez Cordero dejó a salvo con su voto en contra, apoyó a un enemigo de esa libertad. Vivimos ante el malestar social por la acumulación de abusos y agravios de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial federales. Éstos ya no cumplen con sus deberes constitucionales de gobernar en beneficio del pueblo. “Pues bien: mi convicción profunda y meditada es que las costumbres públicas se degradan y que la degradación de las costumbres públicas conducen, en un tiempo breve, próximo, tal vez a nuevas revoluciones”.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: La Corte beneficia al cacique Sosa Castelán y perjudica al periodista Rivera Flores. Confirma su degradación]
Fuente. Revista Contralínea 267 / 15 enero de 2012
