Sin el manto protector de que gozó con los gobiernos priístas y panistas, el presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo, Billy Álvarez Cuevas, y su grupo de incondicionales con los cuales ha manejado a su libre albedrío e intereses personales la tercera cementera del país, así como diversas empresas, incluido el equipo de fútbol de la primera división, sin rendir cuentas a socios, se encuentra ahora en un verdadero callejón sin salida.

Investigaciones periodísticas y de transparencia han sacado a la luz la versión de lo que puede considerarse una nueva “estafa maestra” pero ahora cometida contra los intereses de más de 800 cooperativistas que a través de los años han enfrentado represiones de todo tipo al exigir al grupo de Billy Álvarez explicaciones sobre la opacidad en que se ha manejado el patrimonio y recursos forjados a lo largo de 80 años de existencia, 54 de los cuales la familia Álvarez ha ejercido el control casi absoluto de la cooperativa –una de las más longevas del país– surgida en 1931 cuando el gobierno federal decidió entregar la planta cementera de Jasso, Hidalgo, a los trabajadores ante el incumplimiento del contrato por parte de la firma inglesa que entonces la operaba.

Desde que en 2009 Carlos Terroba, uno de los hombres cercanos a los hermanos Álvarez Cuevas, Billy y Alfredo, fuera despedido como asesor financiero de la cooperativa, apareció la madeja de las revelaciones que ahora han cimbrado su férreo cacicazgo. Terroba declaró ante cooperativistas en una asamblea de septiembre de 2009, que existía una empresa de nombre Blue Eagle Re, creada en 1992 para transferir fondos a paraísos fiscales como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

Esto es que apenas a 4 años de haber tomado las riendas de la cooperativa, Billy Álvarez y sus incondicionales urdieron tal andamiaje financiero a espaldas de los socios para sacar del país millones de dólares, cometiendo un indudable fraude fiscal. En otras palabras, un lavado de dinero con evasión de impuestos, incluida.

En las indagatorias que ahora saltan a la palestra de la corrupción nacional, hay irrefutables pruebas que aparecieron tras la revelación de los llamados Paradise Paper. Y si bien Billy y sus socios desaparecieron ambas empresas en 2011, tendrán mucho que explicar a las autoridades mexicanas sobre la triangulación ilegal de los recursos de la cooperativa al extranjero. Pero sobre todo, dar santo y seña sobre el paradero de los cuantiosos recursos.

Terroba expuso a los azorados asistentes que otra firma, de nombre Lummar H, era parte de las triangulaciones de las ganancias de la cooperativa cuyos montos nunca fueron informados a los socios, y menos aparecían en los informes que de manera sesgada se les proporcionaban. Del tal forma que los directamente interesados, y afectados, se enteraron de la “estafa maestra” en su contra, 17 años después.

Lo denunciado por el exasesor avivó la creciente inconformidad que ya existía en la década pasada al interior del organismo gremial; en septiembre del 2007, Alfredo Álvarez Cuevas, entonces director comercial, trató de intimidar a la creciente disidencia que le exigía una verdadera democracia interna, entablando denuncias por “daño moral” en contra de aquellos que alzaron la voz contra sus imposiciones en la elección de cargos dentro de la cooperativa.

Desde entonces, trascendió que los hermanos Álvarez y su séquito manejaban grupos de choque al interior de la cooperativa con el fin de reprimir a aquellos que les exigían cuentas sobre el manejo de los recursos. Alfredo fracasó en su intento y en dos instancias autoridades jueces y magistrados le echaron abajo su intento por amedrentar a los inconformes. Eso sí, los honorarios de los costosos abogados fueron pagados con el dinero de los cooperativistas.

Protegido por la impunidad de los regímenes priístas, Billy Álvarez gozó además de las mieles del poder al haber accedido a una diputación por un distrito de Tula, de 1994 a 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Lo mismo supo congratularse con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) para que las denuncias en su contra no avanzaran.

Empero, sin el halo protector del pasado las cosas apuntan a cambiar radicalmente en el plano legal luego de que el pasado primero de abril, un numeroso grupo de cooperativistas dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, presentó una demanda formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunción de delitos como el lavado de dinero.

De hecho, desde 2011 una asamblea lo destituyó como Director General de la Cruz Azul; luego de varios juicios la decisión mayoritaria de los socios fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero a base de “chicanadas” y apelaciones, Guillermo Álvarez ha evadido tal resolución.

En la investigación difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se desprende que en 2016 y 2017 curiosamente los directivos de la cooperativa contrataron los servicios de 15 empresas para realizar servicios de “consultoría”, “relaciones públicas”, “procesos administrativos” y “manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento”.

Los molestos socios se han enterado además que estas firmas despiertan muchas sospechas tanto en su constitución como operación, lo mismo que en el nombre de sus apoderados legales, aparecieron en un mismo nombre en más de dos de ellas, amén de haber quedado registradas ante notarios de Puebla y ubicando sus oficinas en sitios como Metepec, Estado de México. Nuevamente en la mayor de las opacidades, se les pagó más de 190 millones de pesos a estas empresas, sin que los cooperativistas tuvieran conocimiento alguno al respecto. De hecho, desde hace años no han recibido informes detallados sobre el informe que guardan las empresas del Grupo Cruz Azul.

Los socios han salido a las calles de la Ciudad de México junto con sus familias para exigir justicia contra la mafia que controla a la tercera cementera del país e infinidad de empresas, como un hotel de cinco estrellas en Ixtapa-Zihuatanejo, pero sobre todo para defender la esencia del corporativismo que terminó siendo torcida y abusada por un grupúsculo que debe ser castigado conforme a la ley.

La nueva “estafa maestra” que ya es del conocimiento público pone de manifiesto que en los gobiernos del PRIAN la corrupción e impunidad, de la que gozaron personajes como los hermanos Álvarez Cuevas, fue gracias a la complacencia de las altas esferas del poder.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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