Frente al crecimiento de la población en situación de calle en la Ciudad de México —de 156 por ciento en tan sólo un año, según revela el censo 2025—, las autoridades capitalinas han definido diversas estrategias de atención, entre las que se destaca su reconocimiento legal, alternativas de integración productiva y salud preventiva.

El censo de 2025, realizado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México, identificó a 2 mil 878 personas en situación de calle; un aumento de mil 754 personas en comparación con el 2024. Además, reveló que seis de cada 10 personas en esa condición carecen de un documento de identidad, de acuerdo con Guillermo Alán García Capcha, director del Instituto Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).

En entrevista con Contralínea, el funcionario indicó que al igual que el año anterior, la alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de personas sin hogar. De 618 en el año 2024 pasó a mil once personas en esa condición. A esta demarcación le siguen Venustiano Carranza e Iztacalco.

Dado que el censo confirmó que la mayoría de la población en las calles no cuenta con un documento de identificación oficial, la institución está guiando una nueva estrategia: “el siguiente paso de las brigadas nuevas es ayudarlos a tramitar sus documentos de identidad y estamos trabajando con Consejería Jurídica de la Ciudad de México las rutas de atención en función a escenarios”.

La ruta a seguir se trazará dependiendo de “si la persona tiene algún registro civil de nacimiento, si la persona no lo tiene, si la persona tiene una sospecha porque tiene algunos datos, pero no hay certeza de que tiene acta de nacimiento”.

Ante los datos, García Capcha subraya que debe haber una respuesta política; “estamos juntando los casos para seguir un camino, pero independientemente de eso ya las brigadas están [trabajando] en los casos más accesibles imprimiendo los CURP [Clave única de Registro Poblacional] de las personas que sí es más fácil identificar”.

El reconocimiento legal de esta población no sólo implica su integración como miembros de la sociedad, sino que también abre la posibilidad de que sean acreedores a los distintos programas sociales que ofrece el gobierno.

En cuanto a los grupos etarios, indicó que se detectó menor prevalencia de menores de edad, aunque “el énfasis aquí son las personas en edad productiva entre 18 y 59 años, que sí fue encontrada, que sí fue identificada y que requiere medidas de política pública, en especial para ofrecer rutas alternativas de vida, de reincorporación o de integración a la vida productiva, cultural y recreativa, como en otros aspectos en general para que vuelvan a integrarse finalmente a una vida comunitaria”.

El director del IAPP detalla que el censo no fue un esfuerzo aislado, sino una operación interinstitucional que incluyó la capacitación de más de 500 servidores públicos. “Este censo fue realizado en mayo de 2025, con la participación de 16 instancias del gobierno de la Ciudad de México y con la observación de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad en cuatro jornadas nocturnas”, explica.

A partir de los hallazgos del censo, que ubican a más del 50 por ciento de la población callejera en al menos tres demarcaciones, el IAPP reconfiguró su despliegue en territorio mediante una nueva metodología, basada en el establecimiento de polígonos.

García Capcha señala que actualmente están “lanzando una estrategia fortalecida, con 38 brigadas adicionales en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza”, donde a cada brigada se le ha asignado un polígono específico para trabajar de manera diaria. El objetivo es establecer una familiaridad y cotidianidad con las personas para que, mediante su consentimiento, se puedan trazar rutas de acción según sus perfiles específicos.

Aunque el censo es una herramienta de diagnóstico, detalla que la atención del instituto es ininterrumpida, “sea con recorridos de brigadas de atención en calle, 24 horas, tres turnos todo el año y sea también con la disponibilidad de centros o espacios de albergue”, adaptándose a las necesidades climáticas de la capital.

No obstante, subraya que el esfuerzo se intensifica durante la temporada invernal: “Entregamos alimentos y cenas calientes; son mil raciones diarias que estamos entregando este año en cinco puntos que se establecen y que van rotando en la ciudad desde el 14 de noviembre hasta febrero”. Dos de estos puntos, especificó, se mantienen fijos en el Centro Histórico, debido a la alta densidad de población en esa zona.

Esta atención se complementa con un esfuerzo de salud preventiva. En convenio con la Secretaría de Salud, se establecen puntos de vacunación para influenza y Covid-19, tanto en las calles como en albergues, y se aumentan los recorridos nocturnos para la entrega de cobijas cuando se anuncian descensos críticos de temperatura.

Asimismo, se coordina con la Secretaría de Salud para que unidades móviles roten por las alcaldías y brinden atención médica de primer nivel a quienes decidan acceder a los servicios de forma voluntaria.

La reinserción de esta población no depende de una sola instancia, abundó García Capcha, al destacar que el diagnóstico por polígonos permite que, una vez identificado el perfil de la persona, se trabaje de la mano con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para fomentar el empleo, y de ese modo ofrecer alternativas de integración productiva.

Finalmente, el funcionario explicó el funcionamiento de su red de infraestructura, la cual se organiza desde el Centro de Valoración y Canalización (CVC) como un primer filtro médico y psicológico, para derivar a las personas a los Centros de Atención, Cuidado e Integración Social (CASIS) más adecuados, ya sea para personas adultas mayores, con discapacidad psicosocial o movilidad reducida.

Dentro de esta red, destaca el albergue transitorio San Miguel, perteneciente a la Estrategia de Transición entre la Calle y el Hogar (Techo), como una pieza clave para la autonomía. El titular del IAPP lo describe como “un espacio de seis meses para que en paralelo se pueda capacitar y fomentar que consigan empleo, para que luego puedan tener un tipo de ahorro y puedan finalmente dejar la etapa de albergue y tener la oportunidad de volver a una vida autónoma”.

García Capcha puntualizó que las acciones implementadas buscan consolidar una infraestructura pública de cuidados, que ofrezca un soporte integral a quienes han sido orillados a vivir en el espacio público.

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