En puerta, la aprobación de la reforma al Estatuto del Personal Académico que las autoridades de la UNAM impulsan en sigilo. La modificación de las normas que rigen el trabajo de los catedráticos en la más importante universidad de México cercena derechos y conquistas laborales: vacaciones, jubilación, aguinaldo, viáticos, exenciones de pago, permiso por parto y pago de marcha. Profesores consideran que se precariza su situación laboral. “No hagan olas”, revira la autoridad universitaria en voz de Raymundo Cea. Considera que la reforma busca “clarificar las figuras académicas” y legalizar prácticas vigentes
Flor Goche
David Lozano es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 14 años. Sus estudios de maestría y doctorado, además de las investigaciones que realiza en el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de esta facultad, no le han bastado para mejorar su condición laboral. Es profesor de asignatura, interino, y recibe apenas 1 mil 126 pesos quincenales por 18 horas de docencia.
Su situación no es única, se lamenta. Se trata del proyecto de Modernización Educativa –“inspirado en la tesis del neoliberalismo económico”– que desde la década de 1980 afecta las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, principalmente de los profesores de asignatura: el 56 por ciento de la planta docente de la UNAM.
La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad (EPA-UNAM), próxima a aprobarse en el Consejo Universitario –máximo órgano de decisión de esta institución–, legitimaría dicho proyecto, advierten profesores universitarios.
“Una reforma al corazón de la vida del sector académico”, pero diseñada al margen de éste. Un proyecto que, contrario a su objetivo, no favorece la función sustantiva de esta Universidad, pues privilegia el “saber hacer” en vez del “saber pensar” y del “saber ser”, concluyen en foros de análisis los profesores organizados desde 1999 en la Asamblea Universitaria Académica (AUA).
El proceso de modificación al Estatuto que regula el quehacer académico en la UNAM inició hace seis años cuando el Consejo Universitario convocó a los profesores a conformar el Claustro Académico, órgano colegiado encargado de elaborar la propuesta de reforma que, como informa Raymundo Cea, integrante de dicha instancia, “está prácticamente lista”.
El enfoque de las competencias
Las modificaciones a la Carrera Académica –la esencia de la reforma al EPA-UNAM– favorecen la competitividad entre académicos al incrementar los requisitos para su ingreso, permanencia, promoción y definitividad (ser contratados por tiempo indeterminado) en la institución, pero sin brindar a todos las oportunidades de superación laboral y académica, aseguran los integrantes de la AUA.
El enfoque de las competencias llegó a la Universidad en 1985 con la profundización de la reducción y la diferenciación salarial, y luego en 1990 con los programas de estímulos a la productividad y a la formación académica, documenta el reporte de investigación Poder adquisitivo del salario del personal académico de la UNAM, elaborado en enero de 2004 por el CAM.
“Meten al maestro en una dinámica fuera de lo académico” que afecta severamente las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje.
Con ello, los docentes, en vez de ocuparse por mejorar el nivel académico de sus alumnos, se muestran más preocupados por incrementar su “productividad” compitiendo entre sí, explica Fernando Quintana, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 2.
Además, al ser las autoridades quienes definen y aplican los criterios de evaluación de la productividad, el proyecto de reforma atenta contra la libertad de cátedra e investigación. Por ejemplo, para que un profesor se promueva a una categoría o nivel superior, tendrá que adherirse a los proyectos y a los temas que la autoridad considere prioritarios.
Este modelo favorece la segmentación del trabajo y la desorganización de los trabajadores académicos al promover el individualismo como la vía para conseguir mejoras laborales, asegura el profesor de bachillerato.
“No hagan olas”, se pronuncia Raymundo Cea, titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Más que una modificación radical, la reforma busca clarificar las figuras académicas, pues la realidad de la Universidad ha superado al Estatuto actual, que es de 1974.
Para la autoridad universitaria, el EPA-UNAM no promueve las competencias entre los profesores. El también integrante del Claustro Académico –por designación de la Rectoría– dice: “Yo vengo de una facultad como (la de) Química y en el departamento al que pertenezco hay gente con doctorado, gente con licenciatura y nunca ha habido el menor problema al respecto”.
Apoyos insuficientes
La Propuesta conceptual de la reforma del estatuto del personal académico de la UNAM no contempla ningún programa que obligue a la Universidad a garantizar la superación académica de sus profesores, asegura María Esther Navarro, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
En la práctica, acceder a una categoría o nivel superior es, para el grueso de los catedráticos, apenas una ilusión. La institución no brinda las condiciones necesarias para que todos sus académicos lo consigan.
Por ejemplo, “para aspirar a obtener una plaza tienes que esperar a que varios maestros se mueran, y eso a ver…” En beneficio de los bolsillos de la “burocracia administrativa”, muchas plazas quedan congeladas luego de que los maestros de tiempo completo fallecen o se jubilan, explica David Lozano.
Asimismo, Navarro asevera que a pesar de que el contrato colectivo contempla la “exención de pago” y las “comisiones con goce de sueldo” para los docentes que cursan posgrados y doctorados, los apoyos son insuficientes.
“O comes o te actualizas; ése es el problema”, espeta Lozano al referirse a los bajos salarios que actualmente recibe la mayoría de los profesores.
Es una batalla que el maestro libra solo y en la que además no hay garantías. “Muchos que tenemos posgrados decimos: ¡Para qué, si al final no se nos reconoce! El sentimiento es: no les importamos”, expresa, indignado, el también doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.
“No se trata de que el personal académico no se quiera superar, al contrario”, precisa María Esther Navarro. Durante el Congreso Universitario de 1990 –antecedente inmediato de discusión del EPA-UNAM– se aprobó impulsar la profesionalización de la enseñanza a través de un programa de superación académica, que a la fecha es letra muerta, denuncia la socióloga.
Derechos mutilados
Navarro, al igual que otros académicos, exige a la autoridad universitaria una explicación sobre los derechos laborales contemplados en el artículo 6 del Estatuto vigente, pues los viáticos, las vacaciones, la jubilación, las exenciones de pago, el aguinaldo, el pago de marcha y el permiso por parto desaparecen de la propuesta de reforma actual.
Al respecto, el titular de la DGAPA aclara que “estos asuntos” son materia del contrato colectivo y no del Estatuto. “El EPA se centra en la carrera académica, en las comisiones dictaminadoras; no tiene nada que ver con procedimientos que fuercen la jubilación”.
La socióloga difiere. Se pregunta cómo es posible separar lo laboral de lo académico: “La academia es nuestra materia de trabajo”, responde.
—Nuestros derechos y conquistas laborales no pueden quedar en el aire; si supuestamente esto está separado (lo académico de lo laboral), que lo aclaren, que mencionen que esos derechos van a pasar al contrato colectivo.
La incertidumbre se extiende también a la situación laboral y académica de los trabajadores de difusión, de deportes y de extensión; de los ayudantes de profesor con 40 horas; de los académicos en áreas administrativas y de los que tienen nombramientos “excepcionales”, pues el artículo transitorio que los consideraba desaparece, asegura Navarro.
Proceso antidemocrático
La UNAM necesita de una transformación profunda, coinciden los académicos de la AUA. Sin embargo, exigen que el proceso de reforma sea incluyente, pues sólo el 36.7 por ciento de los académicos eligió a sus representantes ante el Claustro Académico –instalado formalmente en noviembre de 2004 para elaborar el proyecto de reforma al EPA-UNAM.
Además, al ser controlado por la autoridad, el mecanismo electrónico de votación utilizado para dicha elección no garantiza una representación efectiva ni una certeza sobre el adecuado manejo de los votos, agrega María Esther Navarro.
Para el funcionario Raymundo Cea, el número de personas que participó en la elección es “buenísimo”.
Luego de reconocer que él tampoco votó, explica que era previsible que un grupo numeroso de profesores se mantuviera al margen de estas votaciones. Se trata de los profesores contratados por horas cuyo sentimiento de participación en la UNAM, considera, es diferente: “¡Cómo ellos van a participar si su chamba principal es el despacho Juárez y Abogados!”
“Nos pronunciamos en contra del nuevo EPA sin que esto signifique que aceptamos el actual”, manifiestan, por su parte, los profesores de la AUA.
—La modificación a nuestras condiciones de trabajo exige una participación horizontal de todos los académicos de la UNAM y una amplia consulta a la comunidad académica.
Se solicitó entrevista con otros integrantes del Claustro Académico a través de Enrique Balp Díaz, director de Comunicación Social de la UNAM. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Radiografía del proyecto de reforma al EPA-UNAM
Exige más trabajo y más requisitos, pero los salarios no aumentan
Favorece la competitividad entre académicos
Afecta severamente el proceso de enseñanza-aprendizaje
No brinda a todos los profesores las posibilidades de superación laboral y académica
Favorece la segmentación del trabajo y la desorganización de los trabajadores académicos
No fomenta el trabajo colectivo. Desaparece el trabajo colegiado en asociaciones de profesores y su reconocimiento en órganos evaluadores (EPA, artículo 84)
Mutila derechos laborales: viáticos, vacaciones, jubilación, exenciones de pago, aguinaldo, pago de marcha y permiso por parto (EPA, artículo 6)
No reconoce el año sabático a los técnicos académicos ni a los profesores de asignatura. Para todos los demás académicos, supedita este derecho al criterio de la autoridad (EPA, artículo 58)
Acaba con las equivalencias entre estudios y grados (EPA, artículo 39)
Pierden importancia la experiencia y la antigüedad docente (EPA, artículo 69)
Reduce el número de horas de docencia para los profesores de asignatura (EPA, artículo 6, fracción VII)
Deja en indefensión académica y laboral a los trabajadores de difusión, deportes y extensión; a los ayudantes de profesor con 40 horas; a los académicos en áreas administrativas y a los que tienen nombramientos “excepcionales” (EPA, artículo 51)
Desaparecen las figuras de ayudante de investigador y de ayudante de profesor –3 mil 369 personas desempeñan este cargo– como integrantes del personal académico (EPA, artículo 4)
Desaparece la figura de profesor de carrera de medio tiempo –262 personas desempeñan esta función (EPA, artículo 4)
Desparece la figura de profesor interino a pesar de que ésta representa el 60 por ciento de los académicos de la UNAM (EPA, artículo 5)
No incluye los estímulos a la productividad en el salario nominal de los profesores de carrera
Somete a la academia a un mayor control de las autoridades en detrimento de libertad de cátedra y de investigación. Autoridades definen y aplican los criterios de evaluación de la productividad del trabajo académico
Legitima el “carácter mafioso, corporativo, burocrático y arrogante” de los grupos que controlan las Comisiones Dictaminadoras (órganos encargados instrumentar los concursos de oposición)
Sanciona a las autoridades y funcionarios que incumplan con el EPA, a excepción del rector
No incluye la demanda de mayor financiamiento público, siendo que la superación académica requiere de un mayor presupuesto
No cuenta con el consenso de la comunidad académica
Fuente: Profesores de la AUA
Una reforma neoliberal
La política educativa nacional responde a las obligaciones y compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad –que en la educación básica se conoce como carrera magisterial– no es la excepción. Una “ofensiva neoliberal” que se adelanta a la reforma de la Ley Federal de Trabajo en puerta, así la definen los profesores de la Asamblea Universitaria Académica.
Se trata de una geopolítica que, mediante modelos como la economía del conocimiento –con su enfoque basado en competencias– y la definición y selección de competencias, busca el dominio del mundo por la vía del poder suave: la cultural, explica Luis Darío Salas, profesor en la Escuela Nacional Preparatoria 6.
“Es un discurso que ya ha demostrado que es falso puesto que no está contribuyendo a solucionar los problemas económicos, sociales y políticos del mundo”, asegura David Lozano.
El STUNAM, sin postura
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en su Congreso General Ordinario de 2006, resolvió no participar en el Claustro Académico –encargado de elaborar el proyecto de reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA)– por considerar “viciado” el proceso de elección de este órgano colegiado, informa Bruno Luna, secretario de Organización Académica.
Los afiliados elegidos como integrantes del Claustro mantendrían su presencia, en representación de su figura académica, siempre y cuando lo concertado por dicha instancia no contraviniera los derechos de los académicos, fue otro de sus acuerdos. A la fecha, sin embargo, el STUNAM no tiene una postura al respecto de esta reforma. Desde hace cuatro años, el punto ha quedado fuera de sus discusiones, explica Luna.
El también partícipe de Claustro Académico, en representación de la extinta Comisión Especial del Congreso Universitario, tiene otra posición: el proceso de elección de los miembros de esta instancia y, más aún, la dinámica al interior del Claustro garantizan la inclusión y la representación de todas las posturas, asegura.
—Ahí hay personas muy brillantes; hay incluso gente del Sindicato con una gran trayectoria de lucha. Además, todas las decisiones ha sido tomadas por aproximaciones sucesivas (consenso), lo que ha hecho que el proceso de reforma previsto para dos o tres años se haya extendido a cinco años y medio.
Simpatizante del “enfoque de competencias” –que se empeña en diferenciar del “sistema competitivo”–, Luna justifica la reforma al EPA. Tajante, rechaza que desaparezcan los derechos y conquistas laborales de los académicos: “Todos los aspectos de orden laboral que la reforma no contempla no se modifican”.
En el caso del año sabático para los técnicos académicos –discusión que llevó al Claustro casi un año– el acuerdo fue nombrarlo “estancia académica”. Sólo podrán acceder a este derecho quienes realicen funciones docentes, pues muchos de los técnicos se desenvuelven en las áreas administrativas, explica.
El proyecto de reforma, al establecer que las contrataciones extraordinarias no excedan dos años, beneficiará a muchos profesores, quienes en vez de “estar a merced de lo que la administración decida” tendrán mayores oportunidades de obtener su definitividad al cumplir tres años de docencia, asegura Luna.
Plantear que el número de horas de ejercicio docente para los profesores de asignatura debe reducirse a un máximo de 20 es también benéfico en aras de “no demeritar el nivel académico”. ¿De dónde saldrán los recursos para que estas horas sean bien pagadas?, es ahora el dilema, reconoce el sindicalista.
Aunque a decir de Bruno Luna, el Claustro Académico debió hacer “más trabajo de discusión” entre la comunidad, la propuesta de reforma al EPA está casi lista. Los documentos aprobados están publicados en la página electrónica de esta instancia (www.claustroacademico.unam.mx), espacio “en el que la comunidad académica puede expresar sus inquietudes”.
