Se amplía la brecha entre occidentales y pueblos indígenas en materia de acceso a derechos, ingresos y expectativas. El despojo se agudiza con el creciente debilitamiento del sistema jurídico internacional, pues las instancias jurisdiccionales o son incumplidas o son reemplazadas por arbitrajes que favorecen la inversión privada sobre los derechos ancestrales
Lima, Perú. La grave situación de los pueblos indígenas, cuyos derechos son avasallados por el neoliberalismo, es el tema de esta entrevista de Prensa Latina con el jurista peruano Ricardo Soberón, experto en el tema, quien recuerda que los dueños ancestrales de América son los pueblos originarios.
Soberón es además director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (Ciddh) y asesor en el Congreso de la República de Perú.
Explica que en el mundo hay formalmente 370 millones de indígenas de 5 mil culturas diversas en 70 países. Han sido absorbidos por Estados nacionales que hoy promueven diversas formas de genocidio y etnocidio. Se consudera que los indígenas son el 5 por ciento de la población mundial y el 15 por ciento de los pobres. Viven siempre bajo la amenza a sus derechos colectivos.
—¿Cuál es su análisis del contexto internacional de la situación de los pueblos indígenas?
—El escenario internacional se encuentra profundamente tensionado, en el marco de una imprevisible globalización que continúa ampliando la brecha entre occidentales y pueblos indígenas en materia de acceso, ingresos y expectativas. El abordaje de este tema en las Cumbres de las Américas, otros foros internacionales y los compromisos asumidos, son muy frágiles; situación que empeora con el creciente debilitamiento del sistema jurídico internacional, pues las instancias jurisdiccionales o son incumplidas o son reemplazadas por arbitrajes que favorecen la inversión privada, sobre los derechos ancestrales.
“Hemos tenido muchos días, semanas, años y hasta un decenio de los pueblos indígenas declarado por la ONU [Organización de las Naciones Unidas], pero han sido infructuosos en mejorar su situación social y económica. Tres de cada cuatro indígenas sufren altos niveles de pobreza en el mundo.”
—¿Nos puede ilustrar sobre la condición de exclusión que sufren los pueblos indígenas?
—Los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que en el resto de la población en varios países de América Latina: Paraguay, 7.9 veces; Panamá, 5.9 veces; México, 3.3 veces; y Guatemala, 2.8 veces.
Siguen registrándose grandes diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y quienes no lo son, por ejemplo, en Guatemala (13 años), Panamá (10 años) y México (6 años).
“Son 370 millones de indígenas de 5 mil culturas diversas en 70 países y desde hace 200 años han sido absorbidos por estados nacionales que hoy promueven diversas formas de lento genocidio y etnocidio contra ellos. Los indígenas son el 5 por ciento de la población mundial y el 15 por ciento de los pobres. Sus derechos colectivos están bajo amenaza constante. La situación empeora, particularmente en el caso de los últimos grupos de pueblos en aislamiento o contacto inicial, y de las mujeres. ¿Estamos en capacidad de llamarnos democracias, respetuosas de los derechos, cuando en el caso de Perú, por ejemplo, aproximadamente 10 mil comunidades campesinas son permanentemente tratadas asimétricamente, amenazadas, criminalizadas y engañadas? Mientras aspiramos a integrarnos a mercados globales, se mantienen brechas sociales históricas con los pueblos andinos y amazónicos.”
—Usted ha dicho que, además, se ciernen nuevas amenazas sobre los pueblos indígenas…
—El mundo se encuentra tensionado por pugnas por la hegemonía, dentro de nuestros territorios mantenemos, como en el siglo XVIII un modelo colonizador y arrasador contra la matriz de nuestra propia cultura. Los supuestos esfuerzos de paz y asistencia humanitaria liderados por occidente han sido un total fracaso en los conflictos de Irak, Afganistán, Siria y Libia, o Venezuela. ¿Alguien en Nueva York, Ginebra o el Grupo de Lima se ha puesto a pensar en la situación de los kurdos, pashtunes, tuaregs, o en los yanomami, a propósito de estos conflictos internos con trascendencia global?
“El mantenimiento de elementos geopolíticos de la antigua Guerra Fría que se ponen periódicamente en juego en América Latina y el hemisferio occidental, se agudizan con los cambios electorales que se producen de forma pendular entre modelos conservadores y progresistas. Carecemos de manejo y previsibilidad sobre el mediano y largo plazo. Esto se suma a los nuevos factores de confrontación, como son el dilema de la degradación ambiental, la guerra por recursos naturales escasos como es el caso de la geopolítica del petróleo del presidente estadounidense, Donald Trump, en Medio Oriente, Irán, Venezuela (mayores reservas mundiales, con aproximadamente 309 mil millones de barriles de petróleo) y el impulso al fracking en su territorio.
“Asimismo, los pueblos indígenas enfrentan el problema de la informalidad y el de la aparición de diversas economías ilícitas, que gozan de los beneficios que otorga el modelo capitalista en actividades como contrabando, mano de obra barata, tráfico de cocaína, heroína, maderas finas, minerales, personas, a costa de campesinos, indígenas y ciudadanos en general. Esta situación se añade a los injustos y asimétricos términos de comercio internacional de materias primas y la incertidumbre de sus precios, y aleja cada vez más a América Latina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, requiere de 5 a 7 trillones de dólares anuales.
—¿Qué nos puede decir sobre el problema de la militarización de la Amazonía?
—La militarización de la Amazonía adquiere ahora nuevas formas con el uso de la ciencia y la tecnología, en el marco de guerras de cuarta generación, además del uso arbitrario de mecanismos coercitivos, embargos y sanciones. Y en esta últimas dos décadas, la forma que adquiere la llamada “guerra contra el terrorismo”, que olvida los orígenes de los grupos radicales yihadistas, desde Al Qaeda, ISIS [Estado Islámico] y sus distintas manifestaciones globales. La debilidad de los Estados frente al mercado, ha debilitado las capacidades de fiscalización ambiental, la reducción de la agenda indígena a lo cultural, que ha facilitado el descuido grosero de la vigilancia estatal frente a las múltiples agresiones ambientales provenientes de diversas fuentes como la actividad de empresas extractivas, no sólo de energías fósiles sino de metales estratégicos, como litio y coltán; los tráficos ilícitos y las migraciones descontroladas sobre la Amazonía.
“Todo esto, ha ocasionado pérdidas irreparables en términos de deforestación, contaminación y cambio climático sobre el Círculo Polar, litorales y la propia Hoya Amazónica, además de la desaparición de especies y saberes, que no se pueden medir en términos estratégicos.
“Los estados totalmente subordinados a los intereses trasnacionales terminan por militarizar y criminalizar la protesta social y a los defensores indígenas, poniendo en jaque las normas mínimas del estado de derecho y el ejercicio de la gobernabilidad efectiva sobre un territorio.
—O sea que las soberanías están amenazadas…
—Las diversas formas estaduales de diverso signo, posteriores a la Convención de la Biodiversidad [de 1992], han fallado en su capacidad de gobernar sobre el territorio amazónico con sostenibilidad. En este contexto, hay que estar alertas sobre lo que representa la aparición de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, la mayor potencia amazónica, como aliado estratégico de Trump en materia de seguridad (el enemigo dentro) y particularmente en la vulneración de derechos colectivos, políticas de destrucción del ecosistema, negación del cambio climático, debilitamiento institucional, entre otros.
“A ello se suma la ofensiva a nivel de política exterior y de seguridad en favor de intervenciones externas incluyendo el uso de contratistas privados que se asemejan a la figura de mercenarios, así como políticas públicas, institucionales y legislativas regresivas, en contra de los pueblos indígenas.
“A finales de la década de 1970 realizamos esfuerzos para proteger a la Amazonía a través del Tratado de Cooperación Amazónica y sucesivas Declaraciones de cumbres internacionales. También enfrentamos con éxito los intentos externos de declararla Patrimonio Común de la Humanidad, en desmedro de las soberanías nacionales y detener la deforestación, pero esos esfuerzos fueron absolutamente insuficientes. Pero no pudimos evitar convertir la Amazonía en un escenario de la Guerra contra las Drogas desde 1989 hasta la fecha, permitiendo incluirla en conflictos de baja intensidad. Se desconocieron los usos ancestrales de plantas sicoactivas, concentrándose las acciones contra miles de campesinos andinos y negros brasileños, mientras el narcotráfico se infiltraba en la política y en las economías nacionales, de la mano con el modelo ideológico hoy imperante.”
—Un panorama sin duda grave y preocupante. ¿Qué se puede hacer al respecto?
—La agenda indígena se encuentra invisibilizada; frente a ello, tenemos oportunidades de relieve, como el próximo Sínodo Panamazónico de octubre próximo: la Cumbre del Clima-COP 25, en Chile. Es necesario trabajar en un nuevo Pacto Político y Jurídico de organizaciones, partidos, representaciones científicas a favor de la Amazonía, desde una perspectiva ambiental, indígena y de derechos humanos. Asimismo, es necesario un nuevo diálogo intercultural, en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones para resolver problemas transversales tales como inclusión, seguridad, formalización. Por último, en el plano internacional, vamos a retomar y reinterpretar la Doctrina Monroe: América para los americanos originarios.
Manuel Robles Sosa/Prensa Latina
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