En Hopelchén, Campeche, hay más de 6 mil familias apicultoras en la supervivencia ante la caída de los precios de la miel provocada por la pandemia de Covid-19 y la falta de mecanismos para exportación, así como por el bombardeo de agroquímicos usados en la siembra de soya transgénica. En entrevista, Leydy Pech –reconocida con el Premio Goldman 2020– denuncia que, pese a que su batalla en contra de la actividad de Monsanto ha llegado hasta la Suprema Corte la contaminación continúa

Pandemia de Covid-19, inundaciones, intoxicación por agroquímicos, devastación de la selva y la reducción al mínimo del sustento económico mantienen en la supervivencia a las comunidades indígenas mayas de la Península de Yucatán. En Hopelchén, Campeche, cada día se convierte en una batalla por sobrevivir, defender el medio ambiente y su modo de vida. Más de 6 mil familias resisten ante el embate de los megaproyectos, los intereses económicos de los agroempresarios y la pobreza ancestral.

En esa comunidad, emblemática de la cultura maya, habita la mujer reconocida con el Premio Goldman 2020, el llamado Nobel del medio ambiente, Leydy Araceli Pech Marín. En entrevista con Contralínea, la apicultora maya denuncia que, pese a que su batalla en contra de la soya transgénica de la trasnacional Monsanto ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contaminación continúa.

La “guardiana de las abejas”, como se le conoce, comenta que en 2020 se vulneraron todavía más las condiciones de vida en que persisten las 34 comunidades a causa de la deforestación, el incremento del uso de plaguicidas y las muertes de las abejas, principal sustento de los mayas por la producción de miel.

Acusa que aún no concluye la defensa jurídica de su territorio en contra de una de las trasnacionales más poderosas del mundo. Batalla legal iniciada desde 2012, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación otorgó permisos a Monsanto para la siembra, en fase comercial, de 235 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada.

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 indica que el 69 por ciento de los habitantes de Hopelchén vive en condiciones de pobreza y en un “alto” nivel de marginación.

La merecedora del galardón ambiental más importante del mundo comenta que en estos últimos meses han “podido palpar la fragilidad en la que nos encontramos… Observamos cómo la modificación a los suelos y la deforestación es un riesgo enorme para nosotros, para nuestra vida y para las comunidades”.

A ello se sumó que durante el tiempo de confinamiento aumentó la deforestación y no se podía denunciar porque “todo el aparato de gobierno, de justicia, estaba cerrado”, acusa.

Para la mujer de 55 años de edad, una de las consecuencias más graves que ha dejado la pandemia de Covid-19 en sus pueblos es la caída de los precios de la miel. El oro dulce en años recientes se había logrado colocar en el mercado europeo. “Se argumentó que los mercados no estaban comprando miel por la pandemia, que había muchas restricciones”.

Se agota el mercado para los mayas

En Hopelchén las familias buscaron resistir la adversidad económica con la cosecha propia de las milpas, pero las lluvias atípicas arruinaron el sustento que les quedaba. “Cuando llegan las inundaciones, miramos que había un desabasto para poder sembrar las milpas. No hubo una respuesta de las autoridades para poder reactivar o apoyar a los campesinos”.

A ello, se suma la denuncia de que los agroempresarios de la región continúan fumigando, pero “no hemos tenido respuestas, como los años anteriores. Hemos encontrado deficiencia en estos aparatos de gobierno, pues no están coordinados entre ellos”.

Hoy en día, añade la Premio Goldman 2020, la apicultura sí tiene una lucha contra la agricultura industrial porque no se da el mismo valor, “no se reconoce la importancia que tienen las abejas”. Sólo se reconoce “la importancia de la producción de granos a gran escala sin mirar todas las afectaciones que están generando. La pobreza que se está incrementando en nuestras regiones porque hay una sobrepoblación de jornaleros”.

Leydy Pech explica que dada la naturaleza que abunda en la Península, la producción de miel se caracteriza por su especial sabor y es muy valorada. “Hubo momentos históricos: la miel que exportamos es única por la vegetación que tenemos. Cada año esperábamos la cosecha que se da en marzo o abril, pero en esta ocasión ha bajado significativamente, hasta en un 40 por ciento”.

En el llamado de auxilio para atender a estas poblaciones, Leydy Pech relata que las abejas de la región “están luchando en contra del cambio y modificación que se está haciendo en los espacios. Si antes tenían que volar 1 kilómetro para recolectar polen, ahora son recorridos más largos para poder traer el néctar y el polen. Eso lo complica y las pone en una situación de riesgo”.

Y agrega: “los grandes plantíos de soya, arroz, sorgo, que lo único que está ocasionando es que las abejas se mueran, porque en estos plantíos no hay un control. Las avionetas fumigan todo el día con productos altamente tóxicos para las abejas”.

Los plaguicidas, advierte, también son altamente peligrosos para el agua y la salud de las personas. “Lo que estamos exigiendo es que se nos dé una respuesta, que se le puedan aplicar las normas y que las instituciones a las que les toca se puedan coordinar, vincular, porque si no lo hace muy difícil, que la atención del problema lo puedan mirar en esta complejidad en la que están”.

La valía de la Suprema Corte

La “dama de miel”, como le llaman algunos de sus cercanos, reconoce que el trabajo comunitario que se ha hecho para la defensa de su territorio ha llegado hasta la más alta instancia judicial del país, pero “llegar a la Suprema Corte es un primer paso, aunque no garantiza [solución] y no es suficiente”.

No sólo se trata de llegar a la Suprema Corte sino ver que lo que se ordena se convierta en realidad: “es ahí donde vamos encontrando las dificultades. En las luchas, en todas esas defensas que tenemos los pueblos indígenas, pero estamos en las mismas condiciones. Entonces, lo que vemos es que llegar hasta ahí no garantiza nada”.

Los representantes de las comunidades mayas presentaron diversos juicios de amparo ante juzgados federales contra los permisos otorgados a Monsanto, porque “vulneraron sus derechos como pueblos indígenas, tales como: el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado; al territorio; a la libre-determinación; y a un ambiente sano”.

Dichos juicios llegaron en última instancia ante la Corte, que en noviembre de 2015 ratificó la decisión tomada por los Juzgados de Distrito, reconociendo la violación al derecho que las comunidades indígenas tienen a la consulta y suspendiendo los permisos otorgados a Monsanto hasta que se haga la respectiva consulta, expone la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), una de las organizaciones acompañantes en el caso.

Para Leydy Pech, “no tiene sentido. Aún cuando se nos violó nuestro derecho previo, porque cuando se nos dio esa sentencia, cuando se ordena la consulta, ya estaba el permiso, ya lo habían autorizado. Nosotros miramos qué se está decidiendo sobre nuestros territorios: se están tomando decisiones y realmente se está hablando de resolver el problema en un país, hablar de un desarrollo, pero pensado desde otra lógica y no pensado desde un desarrollo más equitativo, donde se mire esta parte de igualdad, del respeto al derecho”.

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