La vida de muchas mujeres en México pende de un constante golpeteo entre el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan perfeccionar sus estrategias para hacer efectiva la Alerta de Violencia Género, y la “resistencia” de los gobiernos por reconocer que la violencia feminicida es tal que a diario cobra 7.2 vidas, tanto de niñas como de jóvenes, adultas y adultas mayores.
A principios de 2007 –de la mano de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)– fue concebida la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Figura jurídica “novedosa” que, sin embargo, ha devenido en instrumento decorativo.
La Alerta de Violencia de Género data de hace 7 años. Aunque la sociedad civil ha promovido 10 solicitudes de Alerta, ésta jamás ha sido declarada, facultad que compete a la Secretaría de Gobernación (Segob). La declaratoria implicaría la puesta en marcha de un conjunto de acciones gubernamentales preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar o abatir la violencia feminicida en el territorio en alusión.
La primera solicitud de Alerta de Violencia de Género data del 30 de abril de 2008. Fue promovida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio (OCNF) con motivo de la violencia feminicida y los secuestros de niñas y mujeres en la zona triqui de Oaxaca. Después vendrían las de Guanajuato (5 de junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto de 2013), Morelos (4 de septiembre de 2013), Chiapas (25 noviembre 2013), Guanajuato (20 de marzo de 2014) y Morelos (27 de mayo de 2014).
Ante la supuesta inacción de las instancias oficiales, organizaciones civiles como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el OCNF han asumido el papel que corresponde al Estado: con recursos propios han decretado alertas ciudadanas en Chiapas y Estado de México. Su batalla ha llegado incluso a los tribunales: se han amparado luego de la negativa institucional de emprender, siquiera, la investigación para determinar la procedencia o no de la Alerta de Violencia de Género.
El Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género se creó en 2008 con un presupuesto de 15 millones de pesos. En virtud del subejercicio de estos dineros, la Segob se dio a la tarea de constituir el Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, que para 2013 contaba ya con 21 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (Contralínea 350).
Hoy, el destino de esos recursos es incierto, e incluso la cantidad con la que actualmente cuenta el Fideicomiso podría haber disminuido, señalan los entrevistados.
Verónica Cruz Sánchez, directora Ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual, comenta que, a través de los instrumentos de transparencia, la Segob le reportó que el recurso para la operación de la Alerta de Violencia de Género es de 5 millones de pesos.
—Dado que el mecanismo de Alerta ha resultado inoperante, ¿qué ocurre con el presupuesto que tiene destinado? –se le pregunta a Pablo Navarrete, quien desde hace 7 años se desempeña como coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
—Eso es un tema que lleva [la Secretaría de] Gobernación y yo ahí suplicaría que más bien le preguntaran a ellos –responde, tajante, el funcionario.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, guarda silencio. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Alejandra Negrete Morayta, titular de la misma, pero “por cuestiones de agenda” la funcionaria no accedió a la petición. No obstante, la Segob –en voz de Karla Olmos, directora de Relaciones Públicas– se comprometió a responder por escrito el cuestionario elaborado por este semanario. Al cierre de la edición no hubo respuesta.
Los principales obstáculos para la operación de la Alerta de Violencia Género están inscritos en el Reglamento de la LGAMVLV, elaborado por el Ejecutivo federal, entonces representado por Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, el 25 de noviembre de 2013 fue reformado. Como lo reconoce Pablo Navarrete Gutiérrez, el procedimiento anterior “rayaba en lo arcaico”, “constituía un conflicto de intereses” y “provocaba una politización excesiva”. En contraste, el nuevo Reglamento permitiría que ahora sí se decrete la Alerta y se protejan los derechos humanos de las mujeres.
Dos solicitudes han sido promovidas bajo las nuevas reglas –una para Guanajuato y otra para Morelos– pero la efectividad del Reglamento vigente permanece anclada a la duda.
Por tercera ocasión, las integrantes del Centro las Libres de Información en Salud Sexual solicitaron al Inmujeres la activación de la Alerta de Violencia de Género para Guanajuato. De 2013 a marzo de 2014, 85 mujeres habrían sido asesinadas en la entidad por razones de género.
A pesar de los logros citados, la directora Ejecutiva del Centro las Libres, considera que el nuevo Reglamento no garantiza por sí mismo un avance. La evolución de la solicitud de Alerta para el caso de Guanajuato obedece más bien a la solidez de los datos presentados por las peticionarias y a la “buena voluntad” de las académicas del grupo de trabajo, quienes, además de poner dinero de sus bolsillos para la investigación (no obstante la existencia del Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género), denunciaron “para que la Segob no le bajara el tono a las recomendaciones”.
A través de una carta abierta fechada el 2 de julio, Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rosalba Vázquez Valenzuela, de la Universidad de Guanajuato, se quejaron, asimismo, de la “falta de interés y formalidad” por parte de las representantes del Inmujeres y la Conavim, lo que se reflejó en comentarios tales como que “no tienen tiempo, que tienen cosas más importantes, que tienen un horario de trabajo, que están de puente o de vacaciones, o simplemente que no las pongamos a trabajar con nuestras peticiones”.
En conferencia de prensa posterior, las especialistas en violencia de género se refirieron también al actuar del Instituto de la Mujer Guanajuatense y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ambos, parte del grupo de trabajo. Respecto del primero, apuntaron que lejos de representar los intereses de las mujeres se mostró incondicional con el gobierno de Guanajuato. En tanto, la CNDH, en contravención con lo que estipula el Reglamento, se “autodefinió como observadora” por lo que se abstuvo de voto.
Al cierre de esta edición, la solicitud para el caso de Morelos, presentada ante el Inmujeres el pasado 27 de mayo, ya había sido admitida y se encontraba en etapa de investigación. Promovida por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, alude a los 530 feminicidios que se habrían perpetrado en el estado durante los últimos 13 años.
Las inquietudes respecto del procedimiento de esta solicitud brotaron casi de inmediato. El 2 de julio, en conferencia de prensa, las peticionarias destacaron la importancia de la admisión de la solicitud –siendo que la primera que promovieron fue desechada–, pero se quejaron de falta de transparencia en el proceso de conformación del grupo de trabajo. Comentaron que ni el Inmujeres ni la Conavim les explicaron cómo fueron seleccionadas las académicas locales del grupo de trabajo, luego de que se declarara desierta la convocatoria para la conformación del mismo.
“El enemigo de esta causa no son las instituciones del Estado: no somos el Inmujeres ni la Segob. Somos aliados. El monstruo a combatir es la cultura machista, misógina, que ha sido el componente para que esta espiral de violencia se vaya incrementado”, enfatiza Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.
En entrevista con Contralínea asegura que el compromiso del gobierno de la República para con la vida y seguridad de las mujeres es real; tanto, que la primera acción de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en particular de Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, fue “destrabar” la modificación al Reglamento de la LGAMVLV, misma que se venía “arrastrando” desde hace 3 años.
El funcionario dice lamentar las “inquietudes” expresadas por “algunas” de las académicas que integran el grupo de trabajo de Guanajuato. No obstante, considera que “es natural, tratándose del primer ejercicio” con el nuevo Reglamento. Y agrega: “Yo plantearía que dejáramos que se operaran las recomendaciones; que perfeccionáramos ese mecanismo. Y que esa sea la lógica, porque no es sano descalificar a priori un mecanismo que ni siquiera hemos puesto en práctica”.
—¿El Inmujeres, en su carácter de coordinadora del grupo de trabajo, realizó algún llamamiento a la CNDH que, so pretexto de su “autonomía”, declinó su voto? –se le pregunta.
—No nos corresponde enjuiciar la actuación de un órgano autónomo. Lo que sí es cierto es que valoramos mucho la presencia de todas y todos en este órgano colegiado.
“No estoy justificando a la CNDH porque no soy su vocero ni me toca. Pero yo no plantearía como un escenario catastrófico el que se abstuvo porque argumentó que era un órgano autónomo”.
—¿Podría ser calificado de ilegítimo el grupo de trabajo de Morelos, dado que el proceso de selección de las dos personas de la academia local careció de transparencia?
—Al no haberse inscrito ninguna académica local en el caso de Morelos, lo que teníamos que hacer era preservar la legalidad del procedimiento que dice que, una vez admitida la solicitud, el grupo de trabajo tiene que reunirse en un plazo de 5 días. Como ya no había tiempo para emitir una nueva convocatoria, se hizo uso de la atribución plasmada en el artículo 36 [del Reglamento] que establece que el Inmujeres coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación del grupo de trabajo. No hay ningún acto de ilegalidad.
“Además yo no objetaría a los dos académicos locales, una mujer y un hombre. Son del CRIM [Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias] de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México]; intachables ética y moralmente; con toda la confianza y el prestigio social”.
—¿Si el compromiso gubernamental es tan genuino como usted refiere, por qué cuesta tanto el encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, con las víctimas y sus familiares, y ahora, incluso, con sectores de la academia?
—Porque hay un déficit muy claro de confianza y credibilidad que se viene arrastrando desde hace muchos años. Yo lo tengo que reconocer. Si yo te dijera lo contrario, estaría faltando a la verdad.
“Es preocupante este proceso de descalificación, que creo que ha sido producto de falta de comunicación profunda con las organizaciones para hablar el mismo lenguaje. Yo ofrezco, desde el Inmujeres, abrir estos canales… Porque no están cerrados, corrijo. Reiterarles que, como siempre, el Inmujeres está abierto al diálogo franco y abierto. Creo que podemos hacer mucho juntos, en la lógica de que también hay ciertos marcos normativos que tendríamos que respetar”.
Los avances para el caso de Guanajuato no lograron contener las críticas al Reglamento de la LGAMVLV del 25 de noviembre de 2013. Ya desde la víspera de su publicación, las integrantes del OCNF habían manifestado que las observaciones de la sociedad civil fueron eliminadas en su mayoría, y que lo único que logró el nuevo procedimiento fue “legalizar los obstáculos” que ya impedían la aplicación de la Alerta de Violencia de Género.
Pese a ello, Pablo Navarrete asegura que el Reglamento vigente es producto de un amplio consenso y que recoge la exigencia de la sociedad civil en el sentido de hacer efectiva la Alerta. Enseguida precisa que esto no significa necesariamente que hayan quedado al ciento por ciento reflejadas las opiniones de todas y todos los que participaron. Lo que se hizo, dice, es “concentrar las ideas que pudieran resultar más ágiles, dinámicas, innovadoras y menos burocráticas”.
Para el representante gubernamental, el mayor avance consistió en quitarle al Estado la posibilidad de decidir sobre la Alerta, “gesto de compromiso democrático público y abierto frente a las mujeres de este país”.
Con el antiguo Reglamento, el fallo de la declaratoria recaía en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), integrado sólo por funcionarios: los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Ahora quien decide es el grupo de trabajo, conformado por un representante del Inmujeres, uno de la Conavim, uno del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la entidad de que se trate, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuatro de instituciones académicas o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres (dos nacionales y dos locales).
A decir de Pablo Navarrete, esta nueva composición otorga legitimidad al mecanismo, pues las instituciones del Estado que participan en el grupo de trabajo son minoría. “La mayoría la tienen las académicas, es decir, cualquier votación la ganan ellas. Ya no es el Estado el que determina qué acciones se van a implementar; son las académicas a partir de un proceso de profunda conciencia ética, de criterios de carácter científico y técnico, y ya no político”.
La lectura de la sociedad civil es otra. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora Ejecutiva del OCNF, considera que con el viejo y con el nuevo Reglamento la investigación está en manos del Estado. Y es que, dice, “de qué sirve que estén las investigadoras si al final el voto de calidad lo tiene el Instituto [Nacional de las Mujeres]”. Efectivamente, el artículo 36 del Reglamento modificado otorga esta prerrogativa a la coordinadora del grupo, que es el Inmujeres.
Para la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, es imperativo reformar de nueva cuenta el Reglamento para que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género cuente con un cuerpo autónomo que sea el encargado de la investigación. Un cuerpo en el que no participen las instancias gubernamentales que únicamente “obstaculizan” y “dilatan”, tal como se demostró en el caso de Guanajuato, en donde las académicas testificaron lo complicado que resultó emitir las mínimas recomendaciones.
En el mismo sentido se pronuncia Verónica Cruz Sánchez. La directora ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual comenta que, dado que “el Estado es el responsable de la violencia feminicida, no puede ser investigador”, función que debe recaer exclusivamente en un grupo de académicas expertas con ética profesional. “Sólo así –dice– la sociedad civil va a confiar en que las investigaciones estén bien hechas, en que haya transparencia y capacidad”.
Rosalba Vázquez Valenzuela, académica parte del grupo de trabajo de Guanajuato, considera, por otro lado, que debe ampliarse el tiempo destinado a la investigación, ya que los 30 días que contempla el Reglamento para ello se convierten más bien en una “trampa para no acabar de hacer la investigación”.
—¿Considera que el nuevo mecanismo de Alerta de Género debe ser objeto de otros ajustes o que así como está sirve para garantizar la vida de las mujeres? –se le pregunta a Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.
—Yo no me atrevería a descalificarlo ni a ponerle estrellitas. Dejemos que se desahoguen algunas de las solicitudes bajo este nuevo Reglamento para poder tener una valoración más objetiva de qué hay que modificar. De que hay que modificar, hay que modificar, pero es muy prematuro ahorita hacer una descalificación a priori del procedimiento. Yo suplicaría que nos permitieran desahogar las investigaciones en curso, y que esto pueda llevarnos a una reforma integral no sólo del reglamento, sino de la propia ley.
—¿Sobre la marcha han identificado ya algunas cuestiones concretas a modificar? ¿Cuáles?
—Por ejemplo, el plazo de 30 días para investigar, que resulta insuficiente.
—¿Ustedes apoyarían una modificación acorde con lo que plantea la sociedad civil: que el gobierno no participe de la investigación?
—¿Por qué participan las instituciones de Estado en este mecanismo? La razón fundamental es jurídica. Yo no puedo sacar a Gobernación, al Inmujeres ni al Instituto local del grupo de trabajo porque le resto peso jurídico a las decisiones que se toman ahí, y colocaría en una situación de vulnerabilidad y riesgo a las académicas, en el sentido de que tendrían que entrar a un proceso de investigación de un tema complicado.
El funcionario comenta que la participación del Estado en el grupo de trabajo se justifica porque en él recae la facultad de vincular y obligar las recomendaciones. De lo contrario, advierte, los gobiernos locales podrían deslegitimar la personalidad jurídica de las académicas y, en consecuencia, negarse a asumir sus propuestas.
De 2008 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han promovido 10 solicitudes de Alerta de Violencia de Género: ocho de ellas bajo las reglas del viejo Reglamento.
La de Oaxaca fue desechada en la primera etapa del procedimiento pues, de acuerdo con la versión oficial, no se presentó ante la instancia correspondiente. La primera solicitud para el caso de Morelos dio un paso más, pero el Inmujeres la rechazó porque adolecía de una firma por parte de las peticionarias.
Las solicitudes de Guanajuato (5 de junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto de 2013) y Chiapas (25 noviembre 2013), libraron los dos primeros filtros, el de la recepción y verificación de los requisitos, pero en la tercera fase del procedimiento fueron, asimismo, descartadas. El SNPASEV, integrado sólo por representantes gubernamentales, votó por su improcedencia.
En tres de estos casos (Estado de México, Chiapas y Nuevo León) la decisión del Sistema fue impugnada por medio del recurso de amparo.
El OCNF y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, organizaciones peticionarias de las solicitudes para el Estado de México y Chiapas, respectivamente, ganaron la batalla legal. El Poder Judicial ordenó al SNPASEV realizar una investigación en cada entidad. Es así que ambas solicitudes se encuentran en etapa de cumplimiento de la sentencia; ambas son procesadas bajo las reglas del viejo marco normativo.
El plazo para que el SNPASEV notificara los resultados de la investigación para el Estado de México ha vencido, pero las peticionarias no han sido informadas siquiera de la metodología empleada para la investigación. De lo único que tienen certeza, una certeza que incrementa su preocupación, es que el grupo de investigación se integra por la Segob, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Frente a ese panorama, las integrantes del OCNF han optado por decretar la Alerta de Género Ciudadana en territorio mexiquense.
Pablo Navarrete, representante jurídico del Inmujeres, considera “positivo” el hecho de que el mecanismo de Alerta sea sometido a un instrumento de control, como lo es el amparo. Esto lo “fortalece” y “evita cualquier sospecha”, apunta.
Respecto de la metodología empleada en la investigación para el Estado de México y Chiapas, el funcionario considera que no hay nada que aclarar, puesto que el “procedimiento está claramente fijado en el Reglamento”. Y agrega: “si el tema de preocupación es que sólo hay instituciones del Estado, el propio Reglamento prevé la posibilidad de abrirse a expertas académicas independientes como auxilio al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, justo para darle la transparencia y la legitimidad que requiere una herramienta de esta naturaleza”.
Flor Goche, @flor_contra
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