[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/04/cruzada-hambre-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
En Cochoapa el Grande, Guerrero, habita la población más pobre del país. Es un territorio de 622 kilómetros cuadrados, entre montañas agrestes, caminos inhabilitados y cosechas mal logradas, en donde subsisten alrededor de 15 mil 500 personas de los 7 millones de mexicanos que oficialmente no tienen acceso a la alimentación en México.
Hombres, mujeres, niños y ancianos que tampoco tienen acceso a la salud, uno de los cinco satisfactores indispensables para el bienestar del ser humano. En este municipio, la educación también parece inalcanzable. Sólo parte de esa población logra salir de esa pobreza extrema cuando emigra en busca de trabajo en otras tierras. Abandona su hogar y viaja en camiones de redilas a zonas agrícolas del norte del país, en donde son contratados bajo condiciones infrahumanas pero que les asegura alimentación y vivienda. Así, descalzos y semidesnudos, desnutridos y enfermos crónicos de hambre, realizan labores en los campos productivos.
Cochoapa el Grande es la muestra fiel del fracaso de las políticas públicas del gobierno federal en contra de la pobreza, en donde los números evidencian la negligencia oficial, al sumar 7 millones de personas en condición de miseria extrema, lo quioscos a México en condiciones similares a lo que ocurre en la región de África Subsahariana.
Las historias no mienten. Contralínea ha documentado en el transcurrir de los sexenios el abandono oficial de estas tierras y de cómo el gobierno los utiliza para afiliarlos a padrones alimentarios y de apoyo al campo o al Seguro Popular, sin que en realidad esa población reciba benefició alguno. Sus nombres sólo son utilizados para engrosar las listas electorales que le permitan al partido en el poder ganar votos y elecciones. Es la fiesta de la democracia que también se aprovecha de la pobreza extrema (Morir en la Miseria, editorial Océano).
Durante el gobierno de Vicente Fox, les prometieron estufas Lorena, pero en muchos de los municipios ese valioso utensilio de cocina nunca llegó. También les ofrecieron construir escuelas pero nunca llegaron los maestros ni el cemento ni los ladrillos para construirlas. Los afiliaron al Seguro Popular, sin embargo nunca han visto una unidad médica y mucho menos un doctor ni medicinas que les permita atender sus múltiples enfermedades. Sólo una burla institucional.
Las cifras oficiales en los últimos años son ofensivas. La pobreza incrementa en millones de personas en cada conteo institucional; con distintos métodos de medición y estrategias, no pueden ocultar que la mitad de la población, 60 millones de mexicanos, está anulada de las líneas de bienestar; otros 20 millones padecen algún tipo de carencia. Apenas unos 20 millones de mexicanos tienen acceso a todos los satisfactores sociales. Esto contrasta con los mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo, como Carlos Slim, dueño del grupo Carso y de Telmex, o el empresario minero Germán Larrea Mota Velasco, quien ha explotado los recursos naturales del territorio nacional.
Las historias que se cuentan son desgarradoras y desoladoras en Coicoyán de las Flores, en Oaxaca; en Chalchihuitán, Chiapas o Mitontic, Veracruz. También en Batopilas, Chihuahua, en el corazón de la Sierra Tarahumara, en donde hombres, mujeres y niños rarámuris subsisten en cavernas formadas por la cadena montañosa del norte del país.
Irregularidades e inconsistencias en la operación del principal programa de combate a la pobreza, ha ocasionado la falta de acceso a la alimentación en México, lo que confirma el fracaso de las políticas públicas que sólo son utilizadas para coaccionar el voto.
Araceli Damián, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, comenta que desde que inició la Cruzada Nacional contra el Hambre era previsible que no fuera eficaz. El fracaso de esta política pública corresponde, dice, a que el gobierno federal continúa con esta estrategia de beneficios focalizados, pero es muy difícil llegar a los que menos tienen; además, porque no se generan las actividades económicas necesarias para permitir que las personas salgan de la pobreza.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización del país, ha encontrado deficiencias en la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acentuadas en la focalización y coordinación de acciones que “no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas en esa condición”.
Y es que las cifras oficiales mencionan que en el país hay 55.3 millones de personas en condición de pobreza, que representan el 46.2 por ciento de la población de todo el país.
De este porcentaje, 7 millones de personas no tienen garantía de acceso a la alimentación ni a algún bienestar mínimo, como podría ser la canasta alimentaria, es decir, a poder cubrir los 28.45 pesos diarios en el medio rural (853.60 pesos mensuales) y los 40.84 pesos en zonas urbanas (1 mil 225.16 pesos mensuales).
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, el máximo órgano de fiscalización del país detalla que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) “no acreditó el cumplimiento del objetivo de la estrategia de abatir el hambre, y de los siete indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, no definió metas, ni acreditó sus resultados. Asimismo, la Sedesol no reportó el avance en el cumplimiento del indicador ‘Disminuir a un valor igual a cero los 7 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018’, sin que acreditara las causas”.
La ASF, a cargo de Juan Manuel Portal Martínez, indica que de los 11.4 millones de personas en miseria extrema, el 61.4 por ciento (7 millones) se encontró en condición de pobreza extrema alimentaria.
Expone que en 2014, se instrumentó el Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode) para identificar de manera puntual a los hogares y sus integrantes que presentan una condición específica y en éste se registró a 5 millones 280 mil 100 personas; de los que el 79.8 por ciento (4 millones 211 mil 100) pertenecía a municipios de atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo cual confirma el fracaso y la negligencia del principal programa del gobierno de Enrique Peña Nieto para reducir la pobreza extrema.
La observación de la ASF, dice Damián González –también experta en el tema de pobreza por sus línea de investigación desarrollada en El Colegio de México–, esta circunscrita a la lógica de focalización de la estrategia y no va más allá de lo que realmente se necesita hacer, “un padrón de beneficiarios es insuficiente en términos de lo que se requiere, la idea es sólo para poder verificar si realmente los que están recibiendo el beneficio cumplen con el perfil que el programa establece”.
Mediante los 55 programas se instrumentaron 79 acciones, pero en cuatro de ellas “no se establecieron metas, y en las 75 en que sí se incluyeron se definieron en términos absolutos y carecieron de un referente, lo que no permite determinar la suficiencia de las acciones para atender la problemática que se pretende resolver; además, la información de las 79 acciones implementadas por los programas no permite asegurar que se dirigieron únicamente a la población objetivo de la Cruzada, ya que sólo se cuantifica el total de la población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la imputabilidad de la estrategia en la solución del problema que pretende resolver”, determina el máximo órgano de fiscalización del país.
Advertencia “intermedia” del Coneval
Los Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, informe elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), determinan puntos en los que también hay debilidades de la estrategia gubernamental.
Se explica que si bien es cierto que en los comités comunitarios se establecen las necesidades prioritarias de la comunidad, “la entrega de apoyos está basada en la oferta disponible de los programas, y no en la demanda identificada a través de los propios comités comunitarios y los diagnósticos elaborados por los promotores”.
El Coneval también apunta que la Sedesol debe vincular dicha estrategia con otras relacionadas con los aspectos económicos, a fin de reducir de manera sostenida la pobreza. “La Cruzada está modificando las dinámicas y rutinas de las dependencias de gobierno en sus tres órdenes. Sin embargo, el efecto es diferenciado y heterogéneo entre entidades federativas”, anota la evaluación de resultados intermedios.
La política de lucha contra la pobreza supone entonces que los hogares van a poder tener asegurada la alimentación, cuando en realidad no se genera alguna dinámica económica para que haya empleo o para que la población logre su independencia de la ayuda gubernamental, dice en entrevista Damián González.
Advierte la legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional que el diseño del programa permite que haya un manejo político con los beneficiarios, “finalmente se encuentran en un proceso donde hay cierta discrecionalidad para elegir a cierta población y a otra no, eso hace que en lugar de que las personas se vuelvan sujetos activos, se vuelven clientes de los manipuladores políticos, se vuelven presa y se pueden utilizar para ganar las elecciones”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 485 / del 25 al 30 de Abril, 2016
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