Investigaciones abiertas en Canadá revelan políticas encaminadas a exterminar a los pueblos originarios. Sucedieron a lo largo del siglo XX y hasta la primera década de 2000. Niños y mujeres, las principales víctimas de programas que también estuvieron apoyados por estadunidenses. Mientras tanto, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos exigen a otras naciones el “respeto a los derechos humanos”

La Habana, Cuba. La investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de mujeres y niñas aborígenes de Canadá vuelve al debate nacional en ese país, en medio de los preparativos de las audiencias que tendrán lugar en mayo para analizar el tema.

De acuerdo con reportes de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por su sigla en inglés), desde 1980 hasta 2014 fueron asesinadas o desaparecieron 1 mil 224 féminas y niñas indígenas, aunque algunos líderes del gobernante Partido Liberal aseguran que la cifra puede ser mucho mayor.

Al frente de la indagación está Marion R Buller, primera mujer aborigen designada jueza de la Corte Provincial de Columbia Británica, quien explicó las tareas cumplidas por el grupo que encabeza desde su conformación en agosto de 2016 y las que tiene pendientes.

Según Buller, la comisión gastó hasta la fecha cerca del 10 por ciento de los casi 54 millones de dólares de su presupuesto y aunque no dio una fecha precisa para el inicio de las audiencias, señaló que el proceso comenzaría “esta primavera” posiblemente en mayo.

La pesquisa está diseñada para determinar las causas sistémicas de la violencia contra este segmento poblacional, incluyendo aspectos históricos, institucionales, culturales, así como las políticas del gobierno para garantizar el bienestar de la población en el período investigado, según el diario The Toronto Star.

Datos oficiales indican que 16 por ciento de todas las mujeres asesinadas en Canadá entre 1980 y 2012 eran de tribus originarias, aunque las integrantes de estas comunidades apenas constituyen el cuatro por ciento de la población femenina total.

Algunos familiares de las víctimas tienen muchas preguntas por hacer a las autoridades acerca de las circunstancias en que ocurrieron estos decesos y la forma en que continuará la investigación en los próximos meses.

Una de las principales demandas de los grupos que cabildearon a favor de una indagación a fondo del asunto, es la necesidad de elaborar una base de datos a nivel nacional sobre las víctimas de los asesinatos, pero hasta la fecha el proyecto está en fase preparatoria.

Dawn Lavell-Harvard, presidenta de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, informó que no existen estadísticas serias sobre el número de muertes, aunque algunas fuentes indican que fueron alrededor de 4 mil.

Carolyn Bennet, Ministra de Asuntos Indígenas y de Territorios Norteños, calificó de histórico el anuncio de la investigación, pero algunos líderes aborígenes expresaron su preocupación sobre su alcance limitado y las pocas posibilidades de que llegue a conclusiones tangibles.

A pesar de las reiteradas solicitudes de muchos familiares, las indagaciones no estarán enfocadas hacia la reapertura de casos individuales, sino al análisis de la situación general que provocó esta tragedia.

Un informe provisional debe terminarse en noviembre de este año y el reporte final sobre el tema estaría listo en diciembre de 2018, de acuerdo con los organizadores de la pesquisa, quienes aseguran que son una entidad independiente del gobierno federal.

Un problema de larga data

La investigación sobre la desaparición y asesinato de niñas y mujeres también sacó nuevamente a la luz las denuncias sobre la muerte de más de 6 mil alumnos indígenas canadienses en escuelas residenciales del país, cerradas en 1996, un misterio que las autoridades de ese país intentan aclarar.

La Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación (CVRC, por su sigla inglés) publicó un informe en 2015, en el que recoge testimonios de seis mil 750  sobrevivientes y exempleados de esos centros educacionales y esboza cerca de un centenar de propuestas para los diferentes niveles del gobierno.

Algunos alumnos que estuvieron allí en las décadas de 1940 y 1050 fueron objeto de experimentos científicos patrocinados por las autoridades federales canadienses y el gobierno estadunidense, en los que eran privados de nutrientes esenciales y cuidados odontológicos.

El reporte de la CVRC señala que “el gobierno canadiense llevó a cabo esta política de genocidio cultural porque quería desligarse de sus obligaciones legales y financieras con la población aborigen, tomar control de las tierras, los recursos y arrebatarles los derechos a estas personas”.

Este panel fue conformado en 2009 con el mandato de explorar la historia y el legado de las escuelas internas, pero según el diario The Globe and Mail el proceso atravesó por múltiples dificultades, en particular enfrentamientos con el gobierno federal para la obtención de los documentos, así como el reemplazo de miembros de la Comisión.

El juez Murray Sinclair, quien fue el primer juez indígena de la provincia de Manitoba y encabezó ese grupo de trabajo, asegura que la cifra de los infantes muertos es apenas un estimado y es probable que haya muchas más víctimas en estos centros, establecidos en el siglo XIX.

Según este magistrado, alrededor del  42 por ciento de los aborígenes que asistían a esos centros internos murieron allí o poco después de que se graduaron o abandonaron los estudios.

Cálculos anteriores a este informe de la CRVC estimaban en 4 mil el número de niños aborígenes que murieron en esas instituciones, pero algunos integrantes del panel alertaron que aún está bajo pesquisa el destino final de otros 46 mil pequeños que permanecen en anonimato.

Las escuelas de este tipo funcionaron desde 1883, bajo la dirección del  gobierno y la Iglesia con el fin de “educar” a los menores reclutados en los usos y costumbres de la sociedad occidental, y las últimas que cerraron en 1996 fueron Saint Michael’s Indian Residential School y Gordon Indian Residential School, ambas en Saskatchewan.

Otros estudios paralelos señalan que al menos 150 mil infantes originarios permanecieron recluidos durante años en esos centros donde se les obligaba a trabajar entre 10 y 12 horas, pues el objetivo era “civilizar” a estos niños, bajo el lema de “matar al indio en el niño” mediante torturas, abusos sicológicos y físicos.

Según Beverly McLachlin, jueza principal de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000 hasta la fecha, Canadá intentó cometer un genocidio cultural contra los pueblos nativos contra quienes desarrolló una política de exclusión y aniquilación cultural, lo cual se convirtió en la peor mancha en el expediente de derechos humanos de la nación.

Las leyes nacionales prohibieron las tradiciones religiosas y sociales del grupo y en las instituciones residenciales, en los que los niños fueron separados de sus padres, se les prohibió hablar su lengua materna, fueron obligados a prácticas religiosas cristianas y sometidos a abusos sexuales, denunció la magistrada.

El primer ministro liberal Paul Martin (2003-2006) calificó de genocidio los malos tratos en estos centros internos para niños nativos, cuando testificó ante la CVRC, creada por el gobierno conservador.

Por otra parte, las denuncias sobre estos abusos constituyen una muestra adicional de la situación de este segmento de la sociedad canadiense, pues otros datos indican que los aborígenes integran cerca de 4 por ciento de los habitantes de esa nación, sin embargo conforman casi 24 por ciento de la población penal.

Directivos de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios en Canadá coinciden en señalar que se ha hecho muy poco en los últimos años por llegar hacer justicia en este tema, a pesar de los “esfuerzos” de del primer ministro Justin Trudeau y los integrantes de su equipo de gobierno.

Roberto García Hernández/Prensa Latina

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]

Contralínea 534 / del 10 al 16 de Abril 2017