La trasnacional de origen canadiense Almaden Minerals habría incurrido en reiteradas violaciones a los derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla, denuncian comuneros y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan en su proceso de resistencia pacífica.
Y es que los trabajos que la minera desarrolla en la zona vulneran cuatro derechos de decenas de personas que habitan en comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán: a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ello, porque aunque el llamado Proyecto Ixtaca –que de no frenarse derivará en la minería a cielo abierto para explotación de oro y plata en la zona– se encuentra en etapa de exploración avanzada, los daños a los comuneros y al medio ambiente ya comenzaron.
La amenaza en el tema del agua, por ejemplo, no sólo se refiere a que los trabajos propios de la minería exigen el uso indiscriminado del vital líquido, sino que también implican un daño específico en su calidad.
“Los estudios técnicos presentados por la empresa y analizados por un especialista en geoquímica indican una potencial contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamiento de lixiviados de una presa ubicada en la zona estratégica de la cuenca [del río Apulco]”, señala el informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco.
Agrega que “se calcula que al cierre de la mina quedarán 35 millones de toneladas de jales, resultado de los residuos del proceso de lixiviación, y 165 millones de toneladas de residuos de roca, ambos potenciales generadores de drenaje ácido altamente contaminante para el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos, las aguas superficiales y la atmósfera”.
El análisis –realizado por las organizaciones civiles Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua– reporta que en el tema de la salud, las comunidades ya resienten los efectos de los trabajos.
“El estado de salud de las personas muestra que sus principales enfermedades están asociadas a las vías respiratorias y, por tanto, podrían incrementarse con el polvo y el ruido de la actividad minera; con las agravantes de la lejanía entre las comunidades y la infraestructura de salud pública y que más de la mitad de la población, 57 por ciento, no cuenta con seguridad médica, ‘quedando vulnerables a cualquier tipo de enfermedad’”.
Ixtacamaxtitlán es habitado por 24 mil 512 personas, refiere el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). En su mayoría, en situación marginal: 20 mil 749 individuos (81.3 por ciento del total de la población) en pobreza, de los cuales 14 mil 346 (56.2 por ciento) presentan pobreza moderada y 6 mil 403 (25.1 por ciento), pobreza extrema, indican las estadísticas más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010).
Encabezados por Teódulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros, entre otros integrantes de las comunidades perjudicadas, indican que a lo largo de estos años nadie les ha pedido su opinión –ni la empresa ni el gobierno– en una consulta previa, libre e informada.
De acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Y aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obligó a la empresa a realizar una consulta previa –según refiere la evaluación de impacto en derechos humanos de las organizaciones civiles–, por tratarse de una región con población indígena, Almaden Minerals interpuso un juicio contra esta medida. “El proceso [judicial] está vigente y la empresa mantiene sus actividades en la zona”.
En el caso de la mina Ixtaca –que forma parte del megaproyecto minero Tuligtic–, la medida administrativa que afecta a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla es la concesión que le autoriza a Almaden Minerals, desde 2001, explorar y explotar a cielo abierto 14 mil hectáreas.
“No queremos a esa empresa en nuestras tierras”, sentencian los comuneros. Teódulo Martínez, Francisca Zamora, Alejandro Marreros y otros pobladores consultados por Contralínea advierten que son ellos, los comuneros, quienes deben tener la última palabra sobre sus tierras. “El gobierno no nos puede imponer este proyecto”.
Los pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán no tienen garantizados los derechos humanos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, señala la evaluación de impacto en derechos humanos (la primera de este tipo que se realiza en México, hecha con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud y que consta de 140 páginas).
El informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos advierte que, una vez iniciados los trabajos de minería a cielo abierto –altamente nociva–, los daños serán irreversibles.
“Esta evaluación concluye que la presencia de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.”
En entrevista, los comuneros señalan: “Cínicamente, la empresa nos ha dicho que el cianuro no contamina. Miente para aprovecharse de nuestra ignorancia. Pero, ¿en qué parte del mundo el cianuro no contamina?”
Agregan que, para el funcionamiento de la mina, Almaden Minerals asegura que no será necesario hacer uso de los recursos acuíferos de la comunidad. “Otra mentira, porque allá no llueve siempre; llueve por temporadas. Así que se van a llevar nuestra agua, que es un recurso que nos pertenece y que es un derecho humano que nos quieren quitar.”
En entrevista, Patricia Legarreta –integrante de la organización Poder, una de las impulsoras de la evaluación en derechos humanos– refiere que los trabajos de exploración en la zona empezaron en 2009, y hasta ahora ni las autoridades mexicanas ni la trasnacional de origen canadiense consultaron a los pobladores. “Desde entonces no se les ha informado nada de este proyecto”.
Agrega que, aunque en febrero pasado la Semarnat negó el permiso a Almaden Minerals para continuar con los trabajos en la zona (consistentes en 69 nuevos barrenos), el 3 de abril volvió a resolver sobre el tema sin que se les haya querido informar si es a favor o en contra del megaproyecto.
“Hasta ahora no sabemos si es para reiterar la cancelación o dar permiso. Ambas cosas son posibles”, indica. Legarreta advierte que la cancelación de esos nuevos barrenos se dio luego de que las organizaciones civiles y los comuneros demostraron –con la documentación oficial que la minera entrega a sus accionistas– que la trasnacional había excedido el número de barrenos que tenía permitidos.
En la evaluación de impacto a los derechos humanos se hace referencia a este hecho: “ante las cifras de Almaden, el panorama no mejorará: reportó a sus inversionistas que ha realizado 236 barrenos, cinco más que los autorizados por Semarnat, en un periodo más extenso al autorizado, y en una densidad mayor a la permitida por la norma mexicana. Esto quiere decir que tan sólo el proceso de exploración ya ha dañado el ecosistema y el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano”.
Los pobladores entrevistados señalan que está demostrado que “la empresa miente”. “Da información falsa a nosotros, como comuneros afectados, y al gobierno”.
Para los comuneros, también la generación de puestos laborales en la que se escuda la empresa es falaz. “Dicen que van a generar empleo. Ése es su desarrollo, pero están engañando a la gente, a la población y al gobierno. Por eso no queremos esa empresa en nuestra tierra”.
La información oficial de la empresa indica que “la zona Ixtaca es un descubrimiento de prospección que cubre un área con potencial de oro y plata dentro del Proyecto Tuligtic en el estado de Puebla, México, del cual Almaden posee el ciento por ciento.
“Dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano, el Proyecto Tuligtic tiene 14 mil hectáreas y se encuentra a 95 kilómetros al Norte de la ciudad de Puebla, a 150 kilómetros al Este de la Ciudad de México y a 120 kilómetros al Sureste del depósito de oro y plata Pachuca, con una producción histórica reportada de 1.4 billones de onzas de plata y 7 millones de onzas de oro. Tuligtic fue identificado y adquirido por Almaden en 2001 durante el programa de exploración regional del Este de México a cargo de la compañía.
“Dentro de esta área, las observaciones de los exploradores de Almaden identificaron posibles objetivos de oro y plata, incluyendo la zona Ixtaca.”
Al respecto, la evaluación de impacto en derechos humanos indica que los trabajos de Almaden Minerals en la zona conllevarán efectos negativos, como “el daño al suelo, el paisaje, la flora y la fauna por la fragmentación del ecosistema ante la remoción del horizonte edáfico (la capa del suelo que va de 0 a 30 centímetros que contiene la materia orgánica para la fertilidad)”.
Respecto del perjuicio a la fauna, refiere que en el área habitan “escamoles, que son recogidos por los pobladores para su consumo, y anidaciones de gavilanes, un hábitat que será transformado por el ruido y el polvo conduciendo a migraciones o disminución de su presencia; será una pérdida de biodiversidad que tendrá un impacto directo en las actividades económicas de la población”.
Según la empresa, Almaden Minerals, Ltd, posee el ciento por ciento del Proyecto Tuligtic en Puebla. Éste implica al depósito de oro y plata Ixtaca, que fue descubierto por Almaden en 2010 y que cuenta con un recurso medido e indicado de aproximadamente 93 millones de toneladas, “con un total de 1.65M de onzas de oro y 96.7M de onzas de plata”.
“No queremos este tipo de desarrollo, porque, de por sí, estamos marginados. Ésta es nuestra inconformidad, porque el gobierno informa sólo lo que quiere”, señalan a Contralínea los comuneros encabezados por Teódulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros.
El informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco observa que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido negligentes y han propiciado los abusos y violaciones a los derechos humanos.
“Las autoridades de los tres niveles no informan, no consultan y no conocen el proyecto: 90 por ciento de la población encuestada en Ixtacamaxtitlán indicó que no ha sido informada sobre los efectos positivos del proyecto, y más de la mitad de la población explicó que desconoce cuáles serán los efectos negativos del proyecto minero en el medio ambiente, el agua y la salud. [Las autoridades] No velan por los derechos humanos y conocer la voluntad de la población sobre su territorio.”
La evaluación señala específicamente a la Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de omitir vigilar la actividad minera como se los mandata la ley. “Permiten, de este modo, que la empresa realice actividades que resultan en violaciones a la normatividad y a los derechos humanos”.
Agrega que, al no cumplir con sus responsabilidades y atribuciones, las autoridades “facilitan que las empresas realicen actividades extractivas y dificultan la participación ciudadana y la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan a la población”.
“No le creemos a la empresa porque miente, viola la ley y contamina. Y eso es ahora, nada más con la exploración”, señalan los comuneros Teódulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros.
Nancy Flores
[SOCIEDAD]
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