La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó urgentemente al secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela –en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud– para que se instrumenten acciones inmediatas que garanticen atención integral a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en materia de prevención, atención y seguimiento a su salud.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el organismo indicó que la atención médica a quienes viven con esa condición de salud debe respetar en todo momento los derechos humanos a la igualdad sustantiva, libertad personal, confidencialidad, autodeterminación y autonomía de las personas.
Por ello, también solicitó a las secretarías de Educación Pública, Salud y Cultura federales “coordinarse para aplicar planes y programas de estudio destinados a la formación en temas de educación sexual integral y reproductiva, que implican aspectos como el ejercicio responsable de la sexualidad, planeación familiar, maternidad y paternidad responsables, prevención del embarazo en la adolescencia, así como infecciones de transmisión sexual como el VIH, de manera científica, completamente ajena a cualquier doctrina religiosa y fomentando la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e informada.
Asimismo, consideró fundamental eliminar prácticas agresivas, discriminatorias y coercitivas como la aplicación obligatoria de pruebas para la detección del VIH. Y ejemplificó con la figura conocida como “control sanitario” aplicado a las personas que se prostituyen.
“En la mayoría de los casos, lejos de ser un servicio gratuito y de calidad, constituye un servicio oneroso y con fines de recaudación, impuesto por diferentes integrantes del Sistema Nacional de Salud a personas dedicadas al trabajo sexual, quienes, debido al contexto económico, social y cultural en el que se desarrollan, constituyen un sector en situación de vulnerabilidad”, señaló la CNDH.
En el mismo sentido, exhortó “al Poder Legislativo para que tome acciones urgentes a fin de evitar que las legislaciones penal y sanitaria prevean delitos específicos contra la transmisión deliberada del VIH y a que en esos casos excepcionales se apliquen figuras delictivas en general, garantizando que los elementos de previsibilidad, intencionalidad, causalidad y consentimiento estén claramente demostrados al momento de juzgar a las personas, tal como lo establecen las Directrices Internacionales sobre el VIH y los Derechos Humanos”.
Finalmente recordó que la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias son el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, “por lo que no dota de facultades ni competencia a las autoridades judiciales para desarrollar acciones y políticas de prevención y control de enfermedades transmisibles como el VIH y otras ITS”.
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