“No hemos hecho nada”. Así responde la legisladora Lilia Aguilar Gil, cuando se le pregunta sobre las acciones emprendidas por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, cuya creación fue resuelta el 7 de octubre de 2014 por el pleno de la Cámara de Diputados.
En entrevista con Contralínea, la diputada federal precisa el sentido de sus palabras. Explica que si bien los legisladores que integran dicha Comisión –ella incluida– han sostenido una serie de diligencias con autoridades federales y estatales, así como con representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos para allegarse de información, su labor no ha contribuido en nada con la resolución del conflicto.
“Esta Comisión ha tenido muchas reuniones. ¿Útiles? Muy pocas. ¿Qué resultados ha tenido en la resolución del conflicto? Ninguno.”
El 8 de octubre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa fue instalada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede principal del Congreso de la Unión en México. Los buenos deseos emergieron durante la ceremonia de aquel día. Sin excepción, los presentes participaron en vehementes discursos. José Guillermo Anaya Llamas, en su carácter de presidente, fue el primero en hablar. Conminó al equipo a ser la excepción a la regla, es decir, a romper con la inercia de que las comisiones especiales no funcionan. Asimismo, pidió a sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas.
A casi 4 meses de creación, la Comisión ni siquiera se ha reunido con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, tampoco con los sobrevivientes de la embestida policial que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, siendo que, como lo señala Aguilar Gil, “no hay fuente de información más importante que ellos”.
A la Comisión le ha faltado voluntad y decisión para establecer contacto con estas personas –no así con la parte oficial–, sostiene la diputada por el Partido del Trabajo. Este hecho, aunado a que al interior ha privado la idea de no acudir a Iguala bajo el argumento de que “es peligroso”, la ha imposibilitado para obtener información de primera mano, según refiere la legisladora.
La Comisión para el caso Ayotzinapa fue declarada en sesión permanente. Así lo resolvieron, por unanimidad, los siete diputados que la integran, representantes de distintas fracciones políticas. No obstante, ésta no ha registrado actividad desde el pasado 13 de noviembre, cuando se desahogaron reuniones con Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
“He de confesarles que después de la reunión con Cienfuegos, la Comisión cayó en un cierto letargo, es decir, no se han realizado más reuniones”, reconoce, en su calidad de miembro, Ricardo Mejía Berdeja, diputado por Movimiento Ciudadano.
Así las cosas, han transcurrido más de 2 meses de absoluta inactividad de la Comisión, situación que contrasta con el esfuerzo cotidiano de los padres y las madres de familia por encontrar a sus muchachos desaparecidos forzadamente. Marchas, mítines, conferencias de prensa, incluso acciones de búsqueda ciudadana en territorios permeados por la delincuencia organizada.
En materia legislativa, la Comisión para el caso Ayotzinapa tampoco ha hecho nada. De acuerdo con la tabla disponible en el apartado de asuntos turnados de su micrositio electrónico, a casi 4 meses de funciones, la Comisión no ha turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición.
Los ceros que predominan en dicha tabla, reflejo de inactividad legislativa, contrastan, asimismo, con las percepciones de los diputados mexicanos. Cada uno recibe del erario un sueldo mensual –identificado como dieta neta mensual– de 73 mil 911 pesos, además de apoyos económicos por asistencia legislativa (para el desempeño de las funciones legislativas) y por atención ciudadana (por las labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes populares), que juntos ascienden a 74 mil 558 pesos, a los que se adhieren 2 mil 780 pesos por vales de despensa y un cupón de alimentos de 170 pesos por cada día de sesión.
A decir de Lilia Aguilar Gil, lo único positivo que ha hecho la Comisión para el caso Ayotzinapa es poner sobre la mesa institucional que los hechos ocurridos en Iguala configuran, entre otros, el delito de desaparición forzada, en el sentido de que el crimen perpetrado contra los estudiantes de esa normal es obra de agentes del Estado.
Frente a este panorama, la diputada enfatiza en la necesidad de replantear la Comisión –facultad que compete al Legislativo–, de tal manera que cambie de presidente, que se le otorguen atribuciones de investigación y que establezca fechas puntuales para el complimiento de su plan de trabajo.
“Nuestro papel como legisladores no se está cumpliendo y, como consecuencia, tenemos estas crisis en las calles. La gente ya no confía en las instituciones. No confía en el presidente pero tampoco en los diputados”, sentencia Aguilar Gil.
“Se atravesó el fin del periodo pero nosotros vamos a presionar para que volvamos a retomar el dinamismo de los primeros momentos. No vamos a permitir que se quiera dar cerrojazo a la Comisión o dejarla que muera de inanición a raíz de que el tema pueda ir perdiendo vigencia ante hechos nuevos. No vamos a quitar el dedo del renglón para que la Comisión emita un informe lo más sólido posible”.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, tres alumnos de la normal de Ayotzinapa (Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio César Mondragón) fueron asesinados en Iguala por servidores públicos. En el mismo episodio de violencia, 43 muchachos normalistas fueron víctimas de desaparición forzada.
Estos hechos motivaron la creación y posterior instalación, al interior de la Cámara de Diputados, de la Comisión para el caso Ayotzinapa, integrada por siete legisladores: José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; y Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México.
Entre las 17 acciones específicas encomendadas formalmente a esta Comisión –misma que estará vigente hasta el término de la presente legislatura–, destacan: contribuir a facilitar, agilizar y completar la búsqueda de personas desaparecidas; verificar que las investigaciones procedan en apego al estado de derecho, a los derechos humanos y a los principios de buena fe, transparencia, rendición de cuentas, protección de las víctimas, probidad, honradez y objetividad; impulsar y dar seguimiento a las investigaciones, programas, medidas y acciones para facilitar los trabajos y conclusión de la investigación que lleven a esclarecer los hechos; y supervisar y verificar que, en caso de que se determine responsabilidad a servidores públicos, se inicien, desarrollen y resuelvan los procedimientos civiles, penales y/o administrativos correspondientes.
A partir de su instalación, la Comisión para el caso Ayotzinapa ha tenido dos reuniones internas: una para diseñar su programa de trabajo y otra para evaluar los resultados obtenidos. Además, ha desahogado ocho diligencias con diversos funcionarios y representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Del 13 de octubre al 13 de noviembre de 2014, los integrantes de la Comisión se reunieron con Jaime Rochin, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; con Jesús Murillo, procurador general de la República; con Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública; con Iñaki Blanco, fiscal general de Justicia del estado de Guerrero; con Ángel Aguirre, exgobernador del estado; con Jesús Martínez, secretario general del estado; con algunos diputados del Congreso local; con Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; con Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; con Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional; con Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; y con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De la revisión del programa de trabajo de la Comisión en cuestión se desprende que aún están pendientes las siguientes diligencias: con las víctimas de los hechos, tanto con estudiantes sobrevivientes como con todos los familiares de los desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados; con el director y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; con los representantes legales de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; con el Equipo Argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones. Falta, asimismo, realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos, en compañía del personal de servicios periciales de la Procuraduría General de la República desplegado en la zona.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con cada uno de los diputados de la Comisión para el caso Ayotzinapa . Sólo dos accedieron a la petición. Los demás comunicaron a este semanario, a través de su personal, la negativa de entrevista por cuestiones de agenda o, simplemente, porque al cierre de esta edición aún se encontraban de vacaciones.
Con fecha del 3 de noviembre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa emitió el documento Resumen de actividades, por medio del cual presenta un balance preliminar de sus acciones.
El legajo de 42 cuartillas deja entrever algunas de las principales omisiones de las instancias federales, estatales y municipales con relación a los hechos y consecuencias de la violencia de Estado ejercida el 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala en contra de estudiantes normalistas.
A la hora de apuntar las responsabilidades institucionales, la Comisión para el caso Ayotzinapa dedica especial atención al gobierno local así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No ocurre lo mismo cuando se refiere a la federación, ya que únicamente señala que, tal como lo reconoció Osorio Chong, secretario de Gobernación, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que el alcalde de Iguala, su esposa y el director de Seguridad Pública del municipio se sustrajeran a la acción de la justicia.
En contraste, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, destaca dentro de las observaciones que compartió a la Comisión que “no debe olvidarse que tras los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la responsabilidad es del Estado mexicano en su conjunto, pues hasta ahora se ha omitido observar las recomendaciones formuladas a nivel internacional para la creación de una ley general de desaparición forzada de personas y aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de [la Organización de las] Naciones Unidas”.
La Comisión Especial para el caso Ayotzinapa destaca en su Resumen de actividades los que considera los resultados sustantivos preliminares de su labor. Así, señala que de la lectura de los informes rendidos por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, se desprenden múltiples contradicciones relativas al número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos; a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes; a los nombres de los estudiantes; y a la manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos.
Al respecto, apunta: “Llamó fuertemente nuestra atención que en todos los informes existen diversos momentos que no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos, contando las narraciones con diversas omisiones y, particularmente, con la ausencia, a veces hasta por varias horas, de qué sucedió entre cada uno de los hechos”.
En el tema de la desaparición forzada de personas, las observaciones de la Comisión para el caso Ayotzinapa coinciden con las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las de Amnistía internacional. Todas ellas advierten sobre la dilación institucional para calificar la conducta delictiva como desaparición forzada y, en consecuencia, la aplicación de diligencias incongruentes con este delito.
Por ello, como parte de las observaciones presentadas a la Comisión para el caso Ayotzinapa, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reitera las recomendaciones que diversos órganos de la ONU han dirigido a México en la materia.
Entre ellas, impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia.
Flor Goche, @flor_contra
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