Las comunidades indígenas de San Francisco Serrato, Donaciano Ojeda, Crecensio Morales y Carpinteros en Zitácuaro, Michoacán advirtieron a la mesa de seguridad del municipio que han formado una Guardia Policial Indígena propia. Ello, ante la incesante violencia de la que son víctimas por parte de grupos delincuenciales y de la inacción del cuerpo policiaco estatal, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía michoacana.
Hasta el fin de 2020, los indígenas mazahuas habían instalado tres puntos de vigilancia: uno en la entrada a la carretera de la localidad de Carpinteros, el segundo en la entrada a la Soledad y el tercero en la entrada de Curungeo.
En las comunidades mencionadas habían ocurrido previamente, el 14 de noviembre, enfrentamientos de las comunidades con grupos delincuenciales. Aunque los pobladores dieron aviso a la Fiscalía General de Michoacán (FGM) y aseguraron que la Guardia Nacional tenía la ruta para llegar a auxiliarlos, no aparecieron las autoridades hasta el término del enfrentamiento, el cual dejó muertos de ambos lados. La FGM “sólo recogió los cuerpos del grupo delincuencial”, dijo un comunero que, por estar en peligro su vida, se omite su nombre. “Estos delincuentes tienen sometidos a productores indígenas de aguacate, otros han sido despojados de sus huertas, casas y vehículos”, se menciona en un comunicado emitido el pasado 22 de diciembre.
Es por eso que este 26 de enero, en una mesa de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales exigieron el reconocimiento y la aprobación de su Guardia Policial Indígena; la asignación presupuesto directo para este 2021 por tenencia, comunidad o ejido de acuerdo con el número de población y grado de marginación de las localidades que integran el Consejo; y que con ello sean transferidos los poderes de gobierno y administrativos para la aplicación y ejecución de éstos. Asimismo, dijeron que no permitirán la entrada de la Guardia Nacional, de la Fiscalía ni de la Policía Estatal a sus localidades hasta tener respuestas “que nos lleven a un buen camino”.
A la reunión con los indígenas mazahuas acudieron el subsecretario de Gobernación del Estado, Gustavo Arias; el director de Carpetas de Investigación de la FGM, Manuel Moreno; el Fiscal Regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco; Nezahualcóytl Hurtado, director de Análisis Político de la Secretaría de Gobierno; el Comisionado de Distrito de la Policía de Michoacán, Conrado Corral Leyva; el inspector de la Guardia Nacional, Rigoberto Estrada; el presidente municipal de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández, y ocho regidores.
El Consejo Indígena de Seguridad aseguró que la organización está conformada por la defensa de su territorio y de sus familias y no es una guerra declarada a las autoridades. “Solo queremos vivir en paz” en las 28 localidades con más de 20 mil habitantes con un territorio de 18 mil hectáreas, de las cuales el 70 por ciento pertenecen a la Reserva de la Mariposa Monarca y el restantes a cultivos.
No obstante, reiteraron su inconformidad con el trabajo de las autoridades que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, pues no hacen el trabajo que les corresponde: ejemplificaron que cuando pidieron apoyo para la prevención de delitos, y más aún de los de alto impacto, como secuestros y extorsiones, no hubo respuesta.
“Estamos cansados de que no realicen la encomienda que tienen. Lejos de protegernos han realizado acciones que nos perjudican”. Las comunidades espetaron a los funcionarios la supuesta complicidad de la Fiscalía con el grupo delincuencial, pues “nos consta que se encuentran directa o indirectamente protegiéndolo”.
Al respecto, el titular de la Fiscalía michoacana respondió que en cuanto a la asignación de presupuesto no está dentro de sus funciones, sino sólo el investigar los delitos y si existe algún probable responsable, aplicar la ley. “En el tema de seguridad es un asunto en el que les estaremos ayudando”.
Mientras que el presidente municipal de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández, indicó que resolverá los asuntos meramente administrativos, y que apoyará como enlace con el Congreso estatal y con la Secretaría de Gobierno del estado para solucionar sus peticiones. Señaló que la asignación es de competencia del Congreso estatal y de la Unión; y la transferencia de poderes es competencia del Congreso del estado.
En el diálogo entre las comunidades y la mesa de seguridad del municipio se especificó que aunque se llegara a un acuerdo, no sería válido hasta que haya un acta de cabildo canalizada a las autoridades competentes; “la ley así lo exige”, argumentó el presidente municipal.
Reconoció “la serie de eventos que hemos tenido con la salud pública, con la seguridad y la economía”. Y prometió generar “mejores condiciones para establecer la línea de enlace, para que comunidades y gobierno podamos llegar a una solución”
