El ajuste en el desastre económico recaerá en el gasto programable. Ya se tiene la partida para empezar los despidos entre los empleados públicos: 2.1 millones de pesos para el programa de separación laboral. En Pemex, serán en total más de 13 mil plazas las que quedarán canceladas; en la CFE, más de 4 mil, y en la Secretaría de Hacienda otras 4 mil
A principios de la década de 1980, a raíz de la crisis internacional de la deuda externa, fiscal y económica, así como del auge de los traumáticos y antisociales programas de choque fondomonetaristas, alguien, con lúcida ironía, escribió en un muro de Lisboa, Portugal: “Los pobres deben pagar la crisis por dos razones: son muchos y ya están acostumbrados”.
La falta de luces e ingenio no impidió a Vicente Fox agregar una tercera y cínica razón, recordada por el economista Alejandro Nadal, en su nota Graffiti presidencial, de 2001: “si pagan por la crisis, los pobres saldrán beneficiados”.
Desde luego Fox nunca dijo a los pobres cómo la pagaría ni cómo ni cuándo serían recompensados y si, ponderada, la subsecuente e incierta recompensa sería igual o más que proporcional a la magnitud de su sacrificio. Pero no era necesario que lo explicara.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]En 2016, el endeudamiento externo neto podrá ser de hasta 6 mil millones de dólares y el interno neto de hasta 535 mil millones de pesos, esto es 60 mil millones de pesos menos que en 2015″[/blockquote]A la chusma nunca se le ha preguntado si está dispuesta a pagar por otros, democráticamente, los costos de los programas de ajuste fiscal y económico, los cuales, además, se han distribuido inequitativamente. Se les han obligado a solventar los cinco desastres económicos ocurridos entre 1982 y 2009, pese a que ella no es culpable de los mismos, ni se benefició de los avances logrados antes de las crisis.
La responsabilidad ha sido fundamentalmente de quienes gobernaron durante esos años, así como de quienes cosecharon las ganancias, la nueva oligarquía “global” creada en ese periodo, a partir de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 1982 y la instrumentación de sus fracasados programas de ajuste ortodoxos y sus reformas neoliberales. Sin embargo, sus privilegios siempre se han mantenido intocados, en los buenos y los malos tiempos.
¿Qué pueblo está dispuesto a aceptar alegre y voluntariamente el papel de cordero propiciatorio, cuando observa que desde 1976, con el primer acuerdo firmado con el FMI, el poder real de compra de su salario se adelgaza irremisiblemente cada año, y 1 peso que ganaba en ese año equivale ahora a poco más de 20 centavos, debido a que el gobierno y el empresariado decidieron volverlo anoréxico, ante el mentiroso temor de que su robustez afecta la inflación, la productividad, la competitividad y la adicción placentera burguesa por las glotonas ganancias máximas?
¿Cuando ante cada apremio y crisis fiscal, como la iniciada en 2014, los tecnócratas descubren súbitamente, que los empleados públicos son una perniciosa grasa que sobra en el cuerpo del Estado y tienen que ser arrojados masivamente al desempleo, para adelgazar y volver elásticos los músculos de la institución, y los que tienen la suerte de permanecer en sus puestos se les recortan y se privatizan sus prestaciones sociales, como las pensiones, por ejemplo?
Sobre todo cuando las remuneraciones de la élite política –los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y las estatales resultan obscenas, insultantes para las mayorías, y no rinden cuentas a nadie, a los electores o sólo al Ejecutivo, y se han convertido en una especie de cleptocracia “democrática”. El anglo-pakistaní Tariq Ali ha denunciado la tendencia de los políticos a convertirse en comunicadores y gestores económicos, antes que legisladores de las políticas que beneficiarían a la gente.
Un ejemplo: mientras los peñistas montaron un grosero espectáculo mediático en contra de Joaquín Guzmán Loera y su entorno, Enrique Peña Nieto solicitó “no anticipar juicios ni defensas” en torno al priísta Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila (2005-2011) detenido en Madrid en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal, a petición del gobierno… estadunidense (no del mexicano, que antepone a la ley los mecanismos de lealtad, complicidad y protección sistémica).
A diferencia de Guzmán Loera, la detención de Moreira fue sin el linchamiento mediático, sin su impúdica exhibición filtrada por el gobierno a los medios que se recrearon en su propio miasma, sin la impune violación de las leyes y de su derecho a la presunción de inocencia, entre otras tropelías que refrendan la ausencia del estado de derecho en México y el trato desigual en el ejercicio de la justicia.
¿Cuando la recurrente dieta de hambre a la que ha sido sometido el gasto público y la poda a hachazos de la estructura estatal, como se lleva a cabo con el videgaryano “presupuesto base cero” –en realidad, una parodia como veremos más adelante–, desde hace años que acabó con la excesiva grasa, empezó a destruir sus huesos y redundó en una cada vez peor calidad de los bienes y servicios públicos que tiene que padecer los que no pueden recurrir a los privados, los cuales nada tienen que ver con las creciente cargas tributarias –impuestos especiales como los ambientales– con la que se expolia los enflaquecidos bolsillos de la población?
Claro que esa descarada destrucción metódica peñista-videgaryana tiene un fin, la cual fue aprobada para 2016 por los siervos del Congreso: ampliar su reprivatización, a través de la “asociación” público-privada, como lo son los bonos educativos, entre otros ingeniosos esquemas, o los servicios de salud.
¿Cuando la política envenenada por un bipartidismo tramposo aprueba el recorte en el gasto público que imponen los ejecutivos, el cual tiene efectos recesivos, abre nuevas grietas por las que hunden miles de trabajadores al desempleo y escupe a pobres e indigentes a destajo?
La terapia de la austeridad presupuestal sólo puede aplicarse sin analgésicos ni ansiolíticos. Con una dosis adicional de autoritarismo. A veces con decretos, a veces barnizados de “democracia” por el sistema de partidos.
Lo anterior no es nada nuevo.
Como escribiera en 1991 el politólogo polaco-estadunidense Adam Przeworski: “las reformas [neoliberales] se plasman en una estrategia de control desde arriba”, socavando “cualquier oposición en contra del programa” que “suele incluir la reducción del gasto público”. “El éxito de la ‘píldora amarga’ depende de su brutalidad inicial, de que se apliquen con la máxima celeridad posible las medidas más radicales, ignorando todos los intereses particulares y todas las reivindicaciones inmediatas”. Las negociaciones, agrega Przeworski, afectan la eficacia de las medidas adoptadas.
Al razonamiento de Przeworski puede hacérsele una acotación: los únicos intereses que no han sido ignorados, ni por los peñistas, son los de la oligarquía criolla y trasnacional. Por el contrario, son los favorecidos. La contrarreforma energética lo ilustra plenamente.
En cambio, la chusma víctima no sabe por qué se ha convertido nuevamente en víctima. Como Gregorio Samsa, el personaje de La metamorfosis, de Franz Kafka, quien “al despertar, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto”, se pregunta: “¿qué me ha sucedido?”.
La lógica presupuestal peñista-videgaryana de 2015-2018 es sencilla, como ha sucedido desde 1983: “Hay que achicar el Estado para negociar la nación/Hay que agrandar el Estado para reprimir a los que se oponen”, para usar las palabras del filósofo argentino José Pablo Feinmann –de quien se tomó prestada la metáfora kafkiana– con relación al macrismo.
La vieja receta del ajuste fiscal
Carente de propuestas novedosas ante el dilatado choque petrolero y con márgenes financieros cada vez más estrechos, el gobierno peñista volvió a desempolvar la vieja receta monetarista del ajuste fiscal, pese a que el FMI ha reconocido los desalentadores resultados de esa estrategia que él mismo recomienda como la mejor solución para los desequilibrios entre los ingresos y los gastos públicos. Esos factores son: 1) la imparable caída de los precios del crudo de exportación –entre el 31 de diciembre de 20l5 y el 15 de enero de 2016 bajó de 27.37 dólares por barril (db) a 20.70 db, promediando 23.32 dólares, 56 por ciento menos de la cotización con la que se programó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos públicos para este año (50 db)–; 2) los menores petroingresos fiscales; 3) la tendencia ascendente de las tasas de interés internas y externas que elevará el costo del endeudamiento local y foráneo; 4) la volatilidad financiera “global” (“los mercados son volátiles, imposibles de predecir”, dijo Maurice Obstfeld, del FMI; ni modo), la salida de divisas de los países subdesarrollados como México y la menor entrada de capitales a los mercados bursátil y de dinero; a lo anterior se le llama “aversión al riesgo”, ya que a los especuladores les gustan las ganancias financieras rápidas y sin sobresaltos que en épocas de turbulencias son ofrecidas por los llamados países industrializados; 5) los síntomas de la deflación internacional (recesión y reducción de la inflación), que el FMI define con el eufemismo de “crecimiento global atenuado”; 6) la debilidad del comercio mundial y de los precios de las materias primas; 7) el crecimiento estadunidense menor al esperado.
Ante ese contexto externo adverso, que se ha vuelto más sombrío desde que se aprobó la política económica y el presupuesto para 2016, más allá de las florituras con que fueron adornados por sus planeadores, éstas se definieron por los tediosos principios de la austeridad fiscal, a fuerza de ser repetitivos, y cuyos resultados desalentadores son de sobra conocidos.
Los principios presupuestales básicos son los siguientes:
a) El balance fiscal cero. “La disciplina y el manejo sano de las finanzas públicas” para asegurar la estabilidad macroeconómica y garantizar la continuidad del cambio estructural de la economía y del crecimiento, así como la satisfacción de las necesidades de la población. Ello implicará reducir el déficit fiscal de 3.5 por ciento del PIB a 3 por ciento entre 2015 y 2016, es decir, en 64.3 mil millones de pesos (mmp), 12.7 por ciento, en términos reales. Si se excluyen las inversiones de alto impacto, el déficit debe de bajar de 1 por ciento del PIB a 0.5 por ciento, en 86.9 mmp, 49 por ciento realmente. Para 2018 el primero deberá caer a 2 por ciento del PIB y el otro a cero por ciento. Eso es lo que se llama la “consolidación fiscal” o “equilibrio presupuestal”.
b) Reducir el ritmo de la deuda pública. Para 2016 se solicitó un endeudamiento externo neto de hasta 6 mil millones de dólares y un endeudamiento interno neto de hasta 535 mmp, que sería 60 mmp menos que el año anterior.
c) El problema es que se espera una caída de los ingresos presupuestales de 22.2 por ciento del PIB en 2015 a 21.5 por ciento en 2016, debido la baja de los ingresos petroleros que no serán compensados con los no petroleros, pese a la reforma fiscal de 2014, que elevó el impuesto a la renta de 28 por ciento a 30-35 por ciento, gravó con una tasa de 10 por ciento a las operaciones bursátiles, homologó el impuesto sobre la renta (IVA) fronterizo a 16 por ciento e impuso un gasolinazo y diversos gravámenes simpáticos como los “ambientales”, el de los alimentos de perros, gatos y otras mascotas, así como la basura que se hace pasar como “alimentos” consumida por los humanos, entre otros, que enflaquecieron aún más los bolsillos de la población.
Para este 2016 se programó una baja real de los ingresos presupuestarios de 0.2 por ciento, debido a una menor recaudación de los petroleros por 333 mmp, 30 por ciento en términos reales. Los ingresos petroleros del gobierno federal se reducirían en 284 mmp, 39.4 mmp.
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[toggle title=”Ver/ocultar tabla: Trabajadores del sector público, candidatos al desempleo 2016″ open=”no”]
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Por desgracia, la baja de los precios del crudo amenaza con que los ingresos totales sean menores a los previstos por Videgaray –4.1 billones de pesos (bp)–; los legisladores le agregaron unos cuantos pesos más (17 mil millones), que no cambia nada las cosas y se pueden esfumar en cualquier momento, como quizá ya ocurrió con la caída de los precios del crudo.
d) En ese sentido, sólo quedaba una forma para reducir el déficit fiscal y compensar la pérdida de ingresos presupuestarios y petroleros, recomendada por la ortodoxia monetarista: el recorte del gasto público, cuyo total programado fue por 4.7 bp (el Congreso lo elevó en 49 mmp, en un punto porcentual, cantidad que en efectos prácticos es irrelevante), 1.9 por ciento de manera real respecto de 2015.
Sin embargo, el recorte no afecta todos los renglones del gasto, integrado por el programable y no programable.
d) El no programable –los ejercicios fiscales anteriores o Adeudos Fiscales Anteriores (Adefas), las participaciones de estados y municipios y el costo financiero del sector público–, aumentará en 160 mmp en 2016, 12.2 por ciento, en términos reales. En especial, el costo de la deuda interna y externa total se elevará en 72 mmp, 14 por ciento más respecto de 2015, debido al alza de las tasas de interés locales y foráneas, la devaluación cambiaria, los débitos ya existentes y la que será contratada en el año para compensar la insuficiencia de ingresos presupuestales.
e) En ese sentido, el ajuste recaerá en el gasto programable (de operación, es decir, el destinado a las funciones del gobierno, el desarrollo social y el desarrollo económico, y de inversión productiva). Se espera que se reduzca de 19.8 por ciento del PIB en 2015 a 17.1 por ciento en 2018. El de operación, de 9.9 por ciento a 8.1 por ciento del PIB, y el de inversión, de 4.2 por ciento a 3.1 por ciento en los años citados.
Dicho gasto empezó a reducirse en 2015, como parte de la estrategia multianual de “consolidación fiscal”. En 2015 se recortaron 135 mmp contra los 124.3 mmp estimados originalmente. Para 2016 se proyectó una reducción adicional por 108 mmp, 5.9 por ciento menos, en términos reales. Esto debido a que se decidió reducir el déficit fiscal sin incrementar los impuestos ni el endeudamiento estatal.
El gradualismo dietético en el gasto público de 2015 se convirtió en una cirugía a golpes de hacha en 2016, sin anestesia. Se pasó del Estado harapiento al Estado que devora su osamenta.
Como cualquier gobierno “responsable” y preocupado por el equilibrio fiscal, bajo la lógica de la ortodoxia, reingeniería del gasto público” basada en el “presupuesto base cero”, se afanó en un ajuste con las siguientes características: la poda indiscriminada del gasto programable, sin preocuparse por el deterioro en la calidad de los bienes y servicios públicos, aunque se diga lo contrario; la mayor jibarización estructural del Estado; el reforzamiento de centralidad del mercado; la profundización de la participación privada, abierta legalmente e ilegalmente encubierta, en áreas antaño reservadas al Estado, bajo el argumento de su debilidad financiera.
“¡Ave, Caesar, ave imperator morituri te salutant!”.
A finales de marzo de 2015, el priísta Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), casi juró que el ajuste presupuestal no implicaría el despido de trabajadores públicos.
Víctor Fuentes, dirigente de los electricistas –que se decía que ganaba 21 mil pesos mensuales y tenía cinco propiedades por 30 millones de pesos, entre otros bienes–, Carlos Romero Deschamps, guía de los petroleros –que se cuenta que su salario era de 24 mil pesos, el cual le permitía poseer autos Mercedes Benz, BMW y Ferrari, y tener un vástago que puede adquirir dos departamentos de lujo en Miami, cuyo valor se estimó en 7.6 millones de dólares– y otros cabecillas del sindicalismo oficial, prefirieron convertirse en silenciosas estatuas, tal y como lo hicieron con la reprivatización energética. Al cabo, sus negocios, aunque disminuidos, no serían destruidos.
En honor de Romero Deschamps, es menester agregar que en enero de 2014 negó rotundamente que se pensara despedir a empleados públicos, y añadió que sus derechos laborales serían respetados en todo momento, de conformidad con la ley”.
Sin embargo, en la ardiente línea de fuego de la austeridad, los trabajadores son los primeros en ser inmolados.
Con la magnitud de la automutilación del gasto público y de la estructura estatal, era difícil pensar que no se afectaría el empleo público, aun cuando se deteriore la calidad del estado.
Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, había anunciado la “buena” nueva: “un gobierno austero, que se ‘aprieta el cinturón’”, tiene que trabajar con “las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente”. Así, agregó, que habría recortes y ajustes de plazas públicas en 2016.
Y Videgaray, en nombre de Peña Nieto, el señor feudal de horca y cuchillo que dispone de la vida y la muerte de sus súbditos, echó el bofe con las sumas y las restas de los empleados públicos.
Del lado de las restas, anunció alegremente, en nombre de la austeridad, que al Estado le sobraban 15 mil 825 trabajadores, 7 mil 740 permanentes y 8 mil 85 eventuales, e inició el proceso de arrojarlos al abismo del desempleo.
La eliminación de la grasa humana laboral excedente implicará un costo de 2.1 millones de pesos (ramo 23: programa de separación laboral), que se destinarán para liquidar a quienes cuentan o contaban con una plaza fija.
Debe suponerse que a los trabajadores eventuales y por honorarios sólo se les dará las gracias, si es que se les concede esa gracia.
Por supuesto, ninguno de ellos forma parte de la élite dirigente, y ninguno de ellos padecerá la austeridad y el apriete de cinturón.
Del lado de las sumas, la Muerte de un burócrata, para usar el título de la película del director de cine cubano Tomás Gutiérrez (valga la expresión en nombre de los miles), permitirá al Estado “ahorrar” 7 mmp en 2016.
Ciegos, mudos y sordos, Fuentes y Romero, nada dicen de que el hacha podadora hará más estrago en sus parcelas: se correrán casi 11 mil trabajadores en Pemex, aunque se habla que serán al menos 13 mil, no sólo por razones austeras, sino también por las reprivatizadoras –según el senador perredista Luis Sánchez Jiménez; su partido ha aventurado la cifra de 60-70 mil hacia 2018–, y poco más de 4 mil en el sector eléctrico, más lo que se sumen con la apertura sectorial al capital privado. En Hacienda la pérdida será de poco más de 4 mil.
Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas tuvieron “suerte”: los corrieron antes, a punta de bayonetas.
Con el desplome de los ingresos fiscales petroleros, empero, el número de damnificados podría elevarse.
Nada nuevo.
Cada episodio dietético fiscal suele generar servidores públicos desempleados como hongos después de la lluvia, desde los años de Miguel de la Madrid.
Enrique Peña Nieto y Videgaray encontraron la espada afilada.
Puede suponerse que dichos trabajadores ya se aprendieron la frase:
“¡Salve, César, salve emperador, los que van a morir te saludan!
Marcos Chávez*
*Analista económico-
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]
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Contralínea 473 / del 01 al 07 de Febrero de 2016
