Cada día, más de 90 personas son asesinadas en México. De estas muertes, entre el 60 y el 75 por ciento estaría directamente ligada a la violencia que provoca la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
En 2017, por ejemplo, se estimó que de los 29 mil 168 homicidios dolosos registrados, unos 18 mil 792 (64.4 por ciento) estuvieron relacionados con el crimen organizado, revela el análisis Mexico: background and US relations, elaborado por Clare Ribando Seelke para el estadunidense Congressional Research Service.
No obstante, el Semáforo Delictivo ha estimado que la cifra es mucho mayor, al determinar que el 75 por ciento de los asesinatos perpetrados el año pasado fueron ejecuciones de los grupos criminales.
La lucha por territorios, mercado interno y control de rutas para el trasiego de drogas ilegales, así como por el dominio de otros delitos (tráfico de personas, trata de blancas, robo de combustibles, tala ilegal, tráfico de especies) son origen de esa violencia criminal.
Según el estudio de Ribando Seelke, las luchas internas entre grupos criminales se han intensificado desde el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A éste lo describe como un grupo con una capacidad de fuego relevante, pues fue el que derribó un helicóptero de la policía en septiembre de 2016. También refiere que su punto de ascenso se dio tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera –líder del Cártel de Sinaloa–, ocurrida en enero de 2017.
Dicha extradición, agrega, impulsó batallas de sucesión dentro del Cártel del Chapo Guzmán y “envalentonó” al Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos para desafiar el dominio de Sinaloa.
“Los grupos delictivos están compitiendo para satisfacer la creciente demanda de heroína y otros opioides en Estados Unidos. Las organizaciones criminales de México también se están fragmentando y diversificando para alejarse del tráfico de drogas, promoviendo su expansión hacia actividades como el robo de combustibles, el tráfico de extranjeros, el secuestro y el tráfico de personas”, indica.
Además, el análisis advierte que de estas modalidades, la peor para México es la del robo de combustibles, porque se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional. Este delito, señala, le cuesta 1 mil millones de dólares anuales a nuestro país y alimenta los conflictos violentos entre el Ejército y los presuntos ladrones.
Publicado el pasado 2 de octubre, el informe Mexico: background and US relations recuerda que la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se basó en la promesa de reducir la violencia en México. “Sin embargo, 6 años después, la inseguridad ha crecido considerablemente: los homicidios relacionados con la delincuencia organizada en México aumentaron ligeramente en 2015 y significativamente en 2016; pero en 2017 alcanzaron niveles récord”.
Varios factores explican por qué la estrategia contra el crimen organizado es un fiasco total.
Uno de ellos es que este gobierno –que está a días de concluir– priorizó la captura de los principales líderes criminales. De enero de 2012 a agosto pasado, las fuerzas de seguridad habían matado o detenido a 110 de los 122 objetivos de alto valor identificados por el gobierno. No obstante, advierte el análisis que sólo nueve de esos individuos recibieron sentencias.
Hay que agregar que los índices delincuenciales empeoran día con día: México sigue siendo la principal fuente de abastecimiento de drogas ilegales a Estados Unidos y Europa, considerados los principales mercados. Y como éste, el resto de delitos sigue empeorando en sus índices.
Focalizar los esfuerzos en los líderes ha contribuido, además, a que los grupos de delincuentes se dividan y a que diversifiquen sus actividades ilícitas y, con ello, se incremente la violencia en vez de reducirla.
Otro factor es que jamás se vulneró las finanzas criminales y de ello da cuenta el reporte estadunidense: “Aun cuando muchos grupos se han convertido en empresas ilícitas multifacéticas, los esfuerzos del gobierno por incautar activos criminales han sido modestos (36 millones de dólares en 2016) y los intentos de procesar los casos de lavado de dinero han tenido ‘importantes deficiencias’”.
Pese a que los gringos conocen perfectamente el origen del fracaso de la estrategia, no han dejado de financiarla. Quizá, porque toda esta violencia nos ha convertido en presa fácil de los intereses de ese país. Por eso en los últimos dos sexenios se han permitido tantas injerencias en nuestra política interna y externa.
El propio reporte del servicio de investigación del Congreso estadunidense admite que se “ha permitido al gobierno de Estados Unidos ayudar a configurar la política de seguridad de México”.
Respecto de la “asistencia” estadunidense, el informe anota que “la cooperación entre Estados Unidos y México para mejorar la seguridad y el estado de derecho se ha incrementado debido al desarrollo e instrumentación de la Iniciativa Mérida.
Este programa, que en un principio se propuso destinar 1.4 mil millones de dólares en ayuda contra las drogas y la delincuencia a México y América Central, principalmente en forma de equipo y capacitación para las fuerzas de seguridad, ha gastado más del doble pese a los resultados.
Las asignaciones totales de Estados Unidos ascienden a casi 2.9 mil millones de dólares, refiere el análisis. Agrega que, por su parte, México ha destinado de su propio presupuesto unos 10 mil millones de dólares por año.
Los cuatro pilares de la estrategia eran: acotar los grupos delictivos organizados, institucionalizar el estado de derecho, crear una frontera del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resistentes.
Actualmente la asistencia militar ya no forma parte de la Iniciativa Mérida. Aunado a ello, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales (TCO; E.O. 13773) y mejorar la seguridad fronteriza (E.O. 13767) han reenfocado la Iniciativa, sobre todo en el ataque al modelo de negocios de los cárteles, indica el análisis.
También se impulsa programas para combatir la producción y distribución de opioides y otras drogas, mejorar la interdicción fronteriza y la seguridad portuaria, capacitar a expertos forenses para reunir pruebas y testimoniar en juicios penales, y combatir el lavado de dinero.
Estados Unidos espera continuar la Iniciativa Mérida en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Para el próximo ejercicio se ha pedido un presupuesto de 76.3 millones de dólares. Habrá que ver si algo cambia.
Nancy Flores
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