Cada día, más de 90 personas son asesinadas en México. De estas muertes, entre el 60 y el 75 por ciento estaría directamente ligada a la violencia que provoca la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
El informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond señala que esta atomización de la criminalidad conlleva niveles de violencia extremos.
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
Para el maestro Carlos Fernández Vega: por su recuperación y el regreso a su imprescindible columna
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, difícilmente impactará en el negocio multimillonario de las drogas. Tan sólo en 2015, los cárteles se habrían embolsado entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares [es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar], según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (informe National money laundering risk assessment 2015).
Tres días antes de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el Congressional Research Service (el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense) emitió un duro informe acerca de la Iniciativa Mérida.
Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
Culiacán, Sinaloa. Tras ser condenados a muerte por el Alto Tribunal de Malasia por el delito de narcotráfico, los tres hermanos González Villarreal, originarios de Culiacán, esperan que se resuelva su juicio de apelación. Interpuesto por su abogado Kitson Foong, el proceso judicial al que tienen derecho fue pospuesto –porque el fiscal del caso enfermó– para el 14 de agosto de 2013, en la Corte de Kuala Lumpur.
En México operan 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, afirma un informe elaborado por la Procuraduría General de la República en marzo de 2013, del que Contralínea obtuvo copia.
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2021
