Territorios enteros de Tamaulipas permanecen bajo control total del crimen organizado. Como la sociedad misma, la academia y la medicina ven limitadas sus labores por el riesgo que implica desplazarse en zonas “prohibidas”. Los ambientes violentos impiden incluso atender a los adictos a las drogas

En Tamaulipas no hay estado de derecho: la autoridad recae en el crimen organizado, que controla incluso quién entra y quién sale de sus “plazas”; y sus “plazas” se extienden por toda la entidad. Ello lo corroboraron académicos de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la estatal Universidad Autónoma, quienes ni siquiera pudieron hacer un estudio de campo porque no encontraron las condiciones adecuadas para ello.

La investigación de largo aliento que pretendían hacer en varios centros de salud –titulado Obstáculos a la prevención y tratamiento de adicciones en las comunidades con el crimen organizado: la perspectiva de los proveedores de salud– se limitó forzosamente a una sola institución, porque el peligro corrían.

En entrevista con Contralínea, la doctora Anel Gómez San Luis –coautora del análisis– explica que la investigación fue realizada sólo en Ciudad Victoria: “sin adentrarnos mucho hacia otros centros de atención porque los informantes nos dijeron que no podíamos ir a las colonias, que teníamos que pedir permiso porque el crimen organizado tiene que saber que estamos ahí”.

La académica admite: “Nos dio miedo y nos quedamos con este trabajo en uno de los centros de atención de adicciones”. Y es que el estudio –también de la autoría de Manuel Almanza Avendaño– indica que el crimen organizado favorece el aumento de la oferta de sustancias ilícitas, incorpora jóvenes a la delincuencia, promueve estilos de vida orientados al consumo de drogas, uso de tácticas violentas para controlar territorios que generan inseguridad, complicidad u omisión de autoridades.

Para los autores, “en comunidades donde hay crimen organizado, las instituciones que brindan tratamiento contra adicciones no cuentan con condiciones de seguridad, por lo que el personal de salud requiere generar estrategias para su protección”.

Por seguridad de sus propias fuentes, el estudio omite identificar incluso el centro de atención primario de adicción. De éste, la académica explica que está situado en un distrito estratégico para la detección temprana de personas vulnerables, donde las escuelas se consideran en riesgo no sólo para el consumo, sino por la presencia de crimen organizado.

Entre el 23 de junio y el 21 de agosto de 2015, los autores entrevistaron a médicos sin la presencia de personas ajenas al proyecto de investigación. Los encuentros ocurrieron en un cubículo privado, de manera que los médicos especialistas pudieran expresarse libremente. Para ello, no se pidieron datos personales. El temor fue tal, que los archivos de audio de esas entrevistas fueron borrados.

Testimonios de médicos “participantes”

Los académicos desvelaron la influencia del crimen organizado en  comunidades tamaulipecas, en donde el personal de salud identificó elementos interactivos que facilitan el uso de drogas entre adolescentes, determinado por las sustancias que organizaciones criminales distribuyen en la región.

Gómez San Luis y Almanza Avendaño señalan que las sustancias pueden ser adquiridas en las mismas escuelas, donde se llevan a cabo actividades preventivas.

Al respecto, uno de los médicos entrevistados indicó: “Empecé a dar charlas y era muy común en la escuela para los estudiantes mostrarme droga envuelta en hojas de papel… En escuelas medias, a donde fui a trabajar, los concesionarios [vendedores] son los que les dan a ellos [estudiantes]… [Quienes] ya han identificado las escuelas y van y venden drogas”.

Los médicos especialistas detectaron que el inicio del uso de drogas puede estar asociado con el deseo de experimentar; sin embargo, precisaron que sobre todo obedece a circunstancias en el contexto familiar, como dificultades financieras, separación o ausencia del padre, o “disfuncionalidad” por violencia o falta de supervisión de los padres.

Esta configuración de elementos no sólo crea un contexto de vulnerabilidad para el consumo de sustancias, sino también para la incorporación de los jóvenes en grupos criminales, apuntan en su investigación los académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, publicado por la Revista mexicana de psiquiatría de abril de 2018.

Anel Gómez explica a Contralínea que, según terapeutas, no sólo llegaban consumidores que no son narcotraficantes, sino también otros que se sentían amenazados por el crimen organizado por acudir a tratamiento.

Las sicólogas señalaban que eran pacientes sin un deseo real de recuperarse, porque el crimen organizado ya había atacado el centro: hubo balaceras en el entorno, indica la académica.

El estudio señala que, aunque los jóvenes pueden usar sustancias sin pertenecer a un grupo criminal, quienes se afilian a la delincuencia organizada pueden ser especialmente vulnerables al uso de drogas: “Hay pacientes que participan [en el crimen] sin ser usuarios, pero tienen que usar drogas para hacer cosas [actos ilícitos], gradualmente asumir riesgos, no les gusta la droga, ni la sensación, pero la necesitan para poder trabajar”, señaló un médico.

Obstáculos para la prevención de adicciones

El control de las comunidades por la delincuencia organizada fomenta la construcción de un escenario en el que las autoridades educativas tienen miedo de abordar la venta y el uso de drogas en las escuelas por temor a represalias, advierten los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En ese sentido, uno de los médicos siquiatras apuntó: “Sabemos lo que está pasando pero no podemos participar, porque existe el temor de que podrían estar involucradas y tomar represalias”.

Por ello, los investigadores destacan en su estudio que el temor de los médicos a los grupos del crimen organizado restringe la aplicación de estrategias de prevención en escuelas. Ello obliga a modificar la forma en que hablan de adicciones: “Anteriormente se trataba de estar en contra de las adicciones, pero ahora es acerca de la prevención, porque si usted dice ‘contra’ es muy agresivo”, relató uno de los entrevistados por los académicos.

Los médicos especialistas también dijeron que tienen miedo de ir a determinadas escuelas, por la presencia de miembros de la delincuencia organizada en  alrededores o dentro de las instituciones educativas, así como la posible connotación negativa de su entrada debido a su posición como trabajadores del gobierno.

“Yo no quería ir a la escuela porque hemos encontrado que hay halcones. No podríamos hablar de ellos porque no entienden, sólo saben que estamos en el ‘otro lado’… Hemos empezado a tomar precauciones: comenzaron a decirnos que no llevemos camisas de gobierno dentro de las escuelas”, indicó un médico.

Otro punto que revela el estudio es que los médicos perciben que los mensajes preventivos no siempre pueden contrarrestar la influencia cultural de  las organizaciones criminales respecto a la promoción de valores y estilos de vida.

 “El narcotráfico tiene mucha influencia aquí porque [los jóvenes] lo consideran la mayor cosa: dinero rápido, lujos, casas. Los hombres piensan que tienen muchas mujeres, y que será muy atractivo”, detalló uno de los especialistas.

Violencia y atención al usuario

Luego de concluir el estudio, los académicos tuvieron que autoexiliarse de Ciudad Victoria. “Por decisión personal y las condiciones de riesgo salimos del estado después de hacer este artículo y otro, que aún no se publica, porque la situación es muy alarmante. Nos tocaron balaceras durante 3 años, fugas de reclusorios y otros eventos de acciones del crimen organizado como asesinatos, destazamientos”, explica la doctora Gómez San Luis.

Y es que en el contexto de inseguridad que vive el estado –uno de los más violentos del país–, los enfrentamientos entre organizaciones criminales o contra las fuerzas de seguridad ocurren dentro de la comunidad y amenazan la integridad de todos, incluidos académicos, médicos y usuarios de los centros de salud.

De ello dan cuenta los testimonios que Gómez San Luis y Almanza Avendaño obtuvieron. Uno de ellos indicó: “Hubo muchos tiroteos en la zona y tuvimos que irnos. Había soldados… estábamos muy asustados, estábamos en la terapia cuando ocurrieron los tiroteos”.

La seguridad personal de los médicos se ve comprometida porque hay usuarios de los servicios de salud que se dedican a actividades delictivas y, al tiempo, tienen problemas con el uso de sustancias. “Los adolescentes […], de repente, en la entrevista inicial confiesan que son halcones o están involucrados en el crimen organizado de alguna manera”, reveló uno de los médicos.

Es por ello, refiere el estudio, que las actividades delictivas pueden afectar las condiciones en que el tratamiento es realizado, en términos de registro de archivo, continuidad de sesiones, o razón por la que acuden al centro, ya que a veces los pacientes acuden al centro de salud para evitar problemas legales y no para efectos de su recuperación.

Asimismo, detalla que el uso de sustancias puede convertirse en parte de la vida dentro de la delincuencia organizada. “Quieren recuperarse y dejar de utilizar sustancias, y es mucho más difícil para ellos, pero lo intentan”, explicó uno de los médicos.

El riesgo permanente

Trabajar en zonas dominadas por el crimen y con pacientes que tienen relación con los grupos delincuenciales –como consumidores o integrantes– potencia el riesgo de los médicos. “El principal riesgo es que estoy allí, en una zona de alto riesgo y que no disponemos de proveedores para protegernos…”, señaló uno de los galenos.

Lo anterior obliga a los especialistas de la salud a desarrollar medidas para protegerse durante el proceso de atención a usuarios de drogas. Aprendieron que si se produce un evento violento en las inmediaciones del centro pueden llamar a las autoridades locales o cerrar la institución, acota Anel Gómez San Luis.

El estudio da cuenta de ello: “A veces nos vemos obligados, si una situación se sale de control, a hablar con los soldados o con el C4 [Centro de Comando, Computación y Comunicaciones] para que acudan a supervisar la zona. También pueden presentarse en la sede y, en situaciones de riesgo, nos han pedido cerrar el establecimiento”, explicó un médico.

Al prestar atención a usuarios que dicen ser o haber sido involucrados en la delincuencia organizada, los especialistas afirmaron que prefieren “no saber nada”. Y es que deben saber tan poca información como sea posible para protegerse. “Yo siempre les digo que no estoy interesado en los nombres, lugares, en nada de eso, que sólo quiero ayudarlos… No quiero saber detalles por seguridad”.

Otra estrategia es modificar programaciones para que no se brinde atención en las noches, ya que es cuando existe un mayor riesgo de acontecimientos violentos.

Uno de los testimonios apuntó que “se asigna un calendario especial para los miembros de la delincuencia organizada con el fin de asistirlos cuando hay más proveedores de salud. Para este tipo de casos, las citas son a las 2 de la tarde, porque todos los proveedores de salud por la mañana y por la tarde están presentes. Así nos sentimos un poco más seguros”.

Cuando tienen que realizar una actividad extramuros en la comunidad, los médicos intentan protegerse al pasar desapercibidos: “A veces no podemos salir con bata o uniforme o tarjeta de identificación, eso garantiza no ser identificados cuando hay mucha inseguridad”.

En este escenario, apunta el estudio, los médicos consideran que la seguridad no está garantizada por el Estado, por el control que ejerce el crimen organizado en la localidad, por lo que necesitan proteger la relación que tienen con usuarios de sustancias.

“En algún momento ya conocía lo necesario para atender a involucrados en el crimen organizado. No es que quiera, pero son personas que han sabido por mucho tiempo. No se puede romper la amistad porque dicen que si alguna vez necesitamos de ellos. Es algo muy drástico en nuestra vida y todo está en nuestras manos y no el gobierno”.

Los académicos concluyen que el poder de la delincuencia organizada se expresa en determinar las sustancias ilícitas que distribuyen, acceder a los servicios educativos, ejercer el control sobre las comunidades, generar miedo de presentar denuncias por parte de instituciones educativas, y limitaciones de médicos para llevar a cabo actividades preventivas en centros de rehabilitación.

Inseguridad y anomia institucional

Durante 8 horas de trabajo, en el centro de salud o en actividades extramuros, los médicos se enfrentan a riesgos como tiroteos y enfrentamientos entre grupos delictivos, agresión al centro donde trabajan, por considerarse como el “enemigo” del tráfico de sustancias ilícitas, y donde los usuarios pueden ser atacados por cárteles rivales.

“La sensación de inseguridad experimentada por los médicos afecta a su salud mental, causando estrés, ansiedad, depresión o agresión, reduciendo la calidad del servicio que prestan y modificando su discurso sobre drogas y adicciones”, destaca el estudio.

Por ahora, indica, los médicos han aprendido a hacer frente a limitaciones impuestas a sus actividades y ajustarse a las necesidades de miembros de estas organizaciones que están en tratamiento, mediante estrategias de protección como “no saber”, “no pensar”, “pasar desapercibido”.

Añade que los médicos encontraron un vínculo entre las muertes asociadas con enfrentamientos y un proceso de anomia institucional, particularmente aquellos relacionados con la debilidad del gobierno y del Estado.

Asimismo, afirma que el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas a erradicar la violencia criminal ha tenido consecuencias negativas para la población afectada, ya que se crea más violencia.

Para los autores, es esencial que el Estado recupere los espacios educativos y comunidades, para garantizar las condiciones de seguridad para la prevención y tratamiento de adicciones.

En términos de tratamiento, se requieren intervenciones para reducir el uso de sustancias ilícitas y los obstáculos encontrados para la adopción de prácticas basadas en la evidencia, como la falta de capacitación suficiente del personal clínico y la necesidad de equipos multidisciplinarios.

La doctora Anel Gómez dice a Contralínea que son pocas las personas que acuden a los Centros de Atención Primaria para las Adicciones (Capa) y que, de los que acuden, sólo una de cada seis reciben tratamiento. Son menos las que logran recuperarse, apunta.

“Los centros tienen escasa demanda y cuando las personas acuden a tratamiento los terapeutas reconocen que no están capacitados, son psicólogos pero no son especialistas ni tienen formación en atención de adicciones, sin embargo, pese a eso había pacientes que si se recuperaban”, considera la académica.

Destaca que pese a que los Centros de Integración Juvenil en la entidad  tienen un polígono de riesgo con zonas específicas, es considerada información confidencial a la que no tuvieron acceso para su investigación. “Nos limitamos a un solo centro de donde obtuvimos la información de pacientes por la inseguridad e imposibilidad de ampliar el análisis en los Capa”.

Para Anel Gómez, “no es posible que las autoridades estén coludidas con el crimen organizado, y en el mejor de los casos amenazadas, sin embargo, no tienen otra alternativa. Confiamos en los sicólogos, pero sólo llegamos a la punta del iceberg y decidimos no profundizar más en la investigación, aunque el trabajo de rehabilitación continúa en el estado”.

La académica observa que “la militarización para el combate al crimen organizado no ha funcionado: los jóvenes de Tamaulipas incluso se quejan de malos tratos por parte de los militares; la estrategia no está funcionando”.

Agrega que la prevención de las adicciones no sólo está en las pláticas que dan los médicos en las escuelas. “Implica la recuperación de comunidades y espacios educativos por parte de las instituciones del Estado. Y la atención requiere mejores condiciones de seguridad para los usuarios de drogas y personal de salud”, finaliza.

José Réyez

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