¿Lawfare en México? Guerra judicial-mediática contra la 4T

Primera Parte. En la entrega anterior se analizó qué es la asistencia extranjera y, en particular, la asistencia económica de Estados Unidos hacia México y su impacto injerencista en el país. En este artículo se analizará lo que es y lo que no es el lawfare.

Desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial se opuso sistemáticamente a la transformación expresada en reformas constituciones, cambios a leyes, obras de infraestructura y a la propia reforma al Poder Judicial. Varios expertos, medios de comunicación y académicos se han referido a la posibilidad de que México viva un proceso de lawfare, ahora contra Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país.

Sin embargo, ante el curso de la historia de golpes de Estado blandos, golpes legislativos, golpes de nuevo tipo, entre otras formas de atentar contra Estados democráticos desarrolladas en América Latina y el Caribe, es pertinente revisar qué es y qué se entiende por lawfare, qué lo caracteriza y qué es lo que ha sucedido en México.

Qué es el lawfare

El término lawfare se refiere a la guerra jurídica por la vía judicial-mediática. Tiene intereses económicos, políticos y geopolíticos. El concepto fue usado inicialmente por el general estadunidense Charles Dunlap y lo empleó para describir un “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.[1]

El lawfare es definido también como una persecución política por la vía judicial y tiene por objetivo la expulsión o aniquilación de personalidades y proyectos –incluso partidos políticos– de la política formal. Pero no se limita a personalidades y proyectos, avanza también contra la militancia, la protesta social y tiene como fin, el fortalecimiento de la vía neoliberal.

Otra característica del lawfare es la manufacturación de consenso realizada por medios de comunicación masivos o no, hegemónicos o no. Pero principalmente son los medios de comunicación masivos y hegemónicos los que llevan a cabo el establecimiento de ciertas matrices de opinión entre la población que operan en determinados momentos políticos, pueden ser una campaña electoral, el inicio de un gobierno o aprovechar una crisis política abierta por problemas de gestión y escándalos de corrupción, principalmente.

El combate a la corrupción ha sido una de las vías con las que instituciones multilaterales –como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos– y gobiernos –como el de Estados Unidos– han incidido en políticas públicas para estandarizar poderes judiciales en América Latina que terminan reforzando la vía neoliberal, economías abiertas y de mercado. Para ello, desde la década de los noventa se han realizado constantemente reformas judiciales en América Latina y el Caribe.[2] Aquí es necesaria una aclaración, porque no es que se esté contra el combate a la corrupción –desde luego que es necesario que se persiga ese delito–, lo que sucede con el lawfare es que la corrupción se vuelve un pretexto para la guerra judicial-mediática ejercida desde una fracción del poder del Estado de un país y cuenta con el apoyo de poderes fácticos.

Este tipo de guerra opera por medio del aparato judicial que intenta establecerse o erigirse por encima de los otros Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo y Legislativo, con lo cual amplia sus atribuciones, se pierde el equilibrio de poderes y se normaliza la selectividad de casos judiciales. Como muestran varios expertos, hay una amplia agenda de investigación en torno al lawfare.[3]

Sin embargo, no todo es lawfare. No se puede confundir el golpe de Estado con la guerra judicial-mediática, porque esta última no es un tipo de golpe en sí mismo y la evidencia está en casos como el de Honduras en 2009, donde el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas fueron las instituciones principales. Tampoco sucedió en el caso de Paraguay contra Fernando Lugo, que, aunque sí se abrieron causas judiciales, fue por la vía del juicio político llevado desde el Congreso que se le destituyó. Mucho menos tiene relación con los golpes de Estado clásicos latinoamericanos en los que participaron las Fuerzas Armadas.

Tampoco todo proceso judicial abierto contra políticos es lawfare. Aceptar la premisa anterior invalidaría que se juzgue, entre otras cosas, la corrupción y otro tipo de delitos. O, dicho de otra manera, las causas judiciales abiertas contra políticos –incluidas las de corrupción– no presuponen necesariamente que haya una persecución política. Aquí aparece una de las características que sí son del lawfare: la persecución política. Eso explica que se hable de lawfare en los casos de Ecuador contra miembros del gobierno de Rafael Correa y contra él mismo, o en el de Argentina, contra Cristina Fernández, puesto que hasta la fecha las causas judiciales abiertas en su contra han violado el debido proceso y han llegado incluso a fabricar pruebas, como la Causa Cuadernos. Por otro lado, la justicia se tornó selectiva, pues no operó contra actos de corrupción y otros delitos en los casos de Mauricio Macri y Guillermo Lasso.[4]

El caso más paradigmático del lawfare es, sin lugar a dudas, el de Luiz Inácio Lula Da Silva. El presidente brasileño fue perseguido judicialmente por delitos fabricados que no se pudieron corroborar y se violan así el debido proceso judicial. Fue tan relevante que, con su encarcelamiento en 2018, se le impidió su participación en las elecciones de 2019 donde ganó Jair Bolsonaro.

El caso de Brasil, además, es una muestra de lo que implica un caso de lawfare. El juez que lo juzgó sin evidencia fehaciente fue Sergio Moro, quien fue preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.[5] Tras el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en 2014 (dicho sea de paso, en el marco del mundial de futbol), el PIB de Brasil se contrajo 3.8 por ciento en 2015 y en 2016 3.6 por ciento. Tras el triunfo de Bolsonaro en 2019, se privatizaron carreteras, aeropuertos, puertos, se vendió capacidad de refinación del país a privados y se intentó vender Electrobras, la empresa paraestatal de electricidad. Además, la selectividad de la justicia, dejó fuera del foco de la corrupción a las empresas internacionales como Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.[6]

Por lo tanto, el lawfare tiene una vertiente económica y geopolítica. Se aplica ahí donde hay gobiernos alejados de la política exterior estadounidense, que son los que intentan cambiar las premisas neoliberales de privatizaciones, liberalización económica, mayor explotación laboral con pérdida de derechos sociales y económicos. En suma, es una estrategia de poder, por la vía blanda, para cambiar a un régimen, o reafirmar el neoliberalismo; cuenta con los medios de comunicación hegemónicos y con el poder judicial para perseguir políticamente a determinados sectores de la política ubicados en el espectro de las izquierdas o del progresismo.

En este sentido, podríamos resumir lo anterior en un cuadro que permita visualizar de forma sencilla algunas características del lawfare y cómo han sucedido en varios países de América Latina.

Tabla 1. Elementos de lawfare en América Latina

Elementos de lawfare	Ecuador	Argentina	Brasil	Perú	México	Paraguay	Chile
Estandarización del aparato judicial	x	x	x		x		x
Medio de comunicación y manufacturación de consenso	x	x	x	x	x	x	x
Colaboración con EEUU por corrupción	x		x		x
Uso de inteligencia y embajadas	x	x	x	x		x
Causas vs políticos de izquierda	x	x	x	x	x	x	x
Proscripción política	x	x	x
Encarcelamiento	x	x	x	x			x