Millones de pesos del erario son gastados en publicidad por Liconsa en sólo un estado de la República: Oaxaca. Desde el año pasado, la dependencia federal ha inundado los medios locales con información de las acciones que su titular, Héctor Ramírez Puga, realiza en otras entidades del país. Además, casi 50 oaxaqueños fueron incorporados en los primeros puestos de la institución. Diputados federales observan que Ramírez Puga estaría realizando desde su puesto en el gobierno federal una ilegal precampaña de cara a las elecciones que se realizarán en el estado para elegir gobernador
Casi 200 notas en primera plana –en medios impresos y portales electrónicos de la prensa oaxaqueña– han sido parte de la intensa campaña que Liconsa y su titular, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, han desarrollado en los últimos meses. El objetivo no queda claro para algunos legisladores del partido Movimiento Ciudadano. Y, ante esta “constate campaña mediática” del excolabrador de Ulises Ruiz Ortiz –quien fuera gobernador de Oaxaca del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010–, diputados por ese partido han presentado formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual es encabezada por Jesús Murillo Karam.
La denuncia entregada en las oficinas el 10 de abril de este año –y de la cual Contralínea posee copia– acusa a Ramírez Puga de “probable responsable de conductas posiblemente constitutivas de delito”. Es firmada por los diputados federales Ricardo Mejía Berdeja, Consuelo Argüelles Loya, Agustín Miguel Alonso Raya y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
En los hechos se describe que en febrero pasado los diputados federales fueron advertidos de la “campaña mediática” que se estaba “perpetrando” en los medios locales de Oaxaca, estado de donde es oriundo el titular de Liconsa (empresa estatal dependiente de la federal Secretaría de Desarrollo Social).
Con la revisión de los medios de comunicación se contabilizaron 198 publicaciones en las que, según la denuncia, en 119 notas se describen actividades del funcionario federal en su gira por distintos lugares del país. Para los legisladores, “causa extrañeza que 95 de las notas impresas [en medios de comunicación] no son temas que incidan de manera directa en el entorno local y que, por lo tanto, su publicación en medios de Oaxaca causa extrañeza, ya que ninguna otra entidad federativa se cubre con tal vehemencia al titular de Liconsa”.
Uso indebido de la Cruzada
El documento dirigido a Murillo Karam menciona que las notas relacionadas con las actividades públicas de Ramírez Puga y publicadas en medios oaxaqueños “tienen la clara intención de posicionar en el imaginario colectivo la imagen y nombre del funcionario con fines políticos”.
“Lo más grave y preocupante –dicen los promoventes de la denuncia– es la presumible mala aplicación de recursos públicos destinados al Programa Nacional para el Abasto de Leche, parte fundamental de la Cruzada Nacional de Contra el Hambre […]. No tenemos conocimiento que en medios de otra entidad se dé un seguimiento escrupuloso a sus actividades.”
En entrevista con Contralínea, el legislador Ricardo Mejía comenta: “Nosotros denunciamos hechos que pueden ser constitutivos de delitos federales, y en ese sentido presumimos que hay peculado. La ministerio público, al integrar la averiguación y al consignarla, especificará los tipos penales que se configuran.
“Al momento de ratificar la denuncia señalamos que puede haber dos formas de cometer este delito: a través de pagos en efectivo u operaciones en especie, partiendo de la base de que este personaje es excolaborador de Ulises Ruiz Ortiz y pudo encontrar la manera de diluir los pagos”, dice el diputado.
El posible delito
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 223, comete peculado “el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.
Al funcionario que le sea comprobado el delito se le podrá imponer una pena de 3 meses a 2 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal cuando el monto de lo “distraído” o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo en el momento de cometerse el delito. Así como la destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Para comprobar ese delito no bastan las notas periodísticas como pruebas: es necesario comprobar que se ha pagado para la promoción de la imagen. Es tarea de los legisladores que promueven la denuncia hacer una revisión minuciosa del presupuesto y comprobar el gasto, explica el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México Óscar Enrique Díaz Santos. “Ellos tienen la facultad de hacerlo”, dice en entrevista con Contralínea el especialista en gasto público y presupuestos.
El investigador agrega que las empresas paraestatales dependen presupuestalmente de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que el encargado de la política interna del país debe estar al tanto de que no se empleen los recursos de Liconsa indebidamente.
La campaña oaxaqueña
De acuerdo con el expediente abierto AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/O60/2014, con fecha del 14 de mayo pasado, el legislador Ricardo Mejía Berdeja presentó como “elementos probatorios” de la “constate campaña mediática” una la lista de 198 notas periodísticas que hacen referencia al director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, exfuncionario oaxaqueño, y a la institución que actualmente dirige.
El documento emitido para la agente del ministerio público, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Silvia Nathalie García Ocampo, contiene 92 notas en medios impresos y 106 en portales de internet.
Entre los medios que han difundido la información de Liconsa y del funcionario se encuentran: Voz e Imagen de Oaxaca, en el que se publicaron 53 notas; El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca, donde se contabilizaron 36; y en Rotativo Oaxaca, con 3 publicaciones. Todas en 2013.
Diez páginas de internet que han hecho mención del funcionario oaxaqueño y la institución que representa son, según el expediente abierto en la PGR: Quadratín Oaxaca, NSS Oaxaca, ADN Sureste, Radar Oaxaca, Ciudadanía Express, Voz del Sur, Noticiasnet, Publimar, Despertar de Oaxaca y oaxacain.com.
El diputado Ricardo Mejía, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, dice que hay una cobertura informativa “simulada” para dar cobertura mediática a Ramírez Puga. “Al ministerio público le corresponderá investigar cuál fue la contraprestación. Todo esto, evidentemente, es un manejo electorero con el propósito de posicionarse con miras al proceso electoral de 2016 para gobernar Oaxaca. No hay ninguna trascendencia noticiosa en la cobertura que se le da, sino otro afán, el de la promoción”.
Gastos documentados, 10 millones de pesos
A través solicitudes de información a Liconsa, Contralínea indagó sobre los recursos públicos que ha dispuesto la institución y su titular para promover sus campañas en medios de comunicación. La respuesta a la petición 2014300006414 fue que, en el periodo que va del 1 de diciembre de 2012 –fecha en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresara al frente del Poder Ejecutivo federal– al 7 de mayo de este año, la empresa ha suministrado más de 10 millones de pesos en propagada.
Proporcionada por el subdirector de presupuesto de Liconsa, Luis Gerardo Álvarez Tostado Valdivia, la respuesta indica que por concepto de difusión de programas institucionales y actividades gubernamentales de Liconsa, SA de CV, se gastaron 10 millones 329 mil 286.88 pesos.
Aunque sólo se da cuenta de que la difusión de la campaña que acompaña la Cruzada Nacional sin Hambre –impulsada por el gobierno federal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social– se llevó a cabo a través de medios electrónicos y durante 2013.
Entre los beneficiarios de los contratos que publicitaron la información se encuentra Tv Azteca, con un monto de 4 millones 857 mil 564.26 pesos. La factura 3952 tiene el membrete de Estudios Churubusco Azteca y fue emitida por la difusión de un spot televisivo de 60 segundos, con vigencia del 1 de abril al 30 de abril de 2013, en los programas Venga la alegría, La otra cara del alma, Hechos Noche, Hola México y Los del Siete.
El documento fiscal 3953 tiene cargos para Radio Fórmula por 1 millón 550 mil; Grupo Radio México, 1 millón 68 mil 750; Núcleo Radio Mil, 552 mil 960; MVS, 552 mil 960; Megacima Radio, 305 mil 835; Multimedios, 260 mil 650; Grupo Siete, 259 mil 350; Promosat, 243 mil 268; Somer, 231 mil 25; Imagen, 205 mil; Radiodifusoras Asociadas, 142 mil 100; Copo Radio, 117 mil 500; y Comunicación Segmentada, 78 mil 200 pesos.
La tercera factura –folio 3954, emitida también por Estudios Churubusco Azteca– entregada a través del sistema Infomex del gobierno federal fue para Diseño y Servicios Publicitarios, por haber realizado el diseño y los servicios publicitarios para la campaña de comunicación “Programas Sociales, Versión Cruzada sin Hambre” de Liconsa. El monto pagado fue por 790 mil pesos.
Gastos sin comprobar
Para realizar esta investigación, Contralínea solicitó copia de las facturas que correspondan a los gastos por concepto de viáticos y la agenda detallada de Héctor Pablo Ramírez Puga, mediante la solicitud 2014300005814. Sin embargo, los responsables de la operación del Presupuesto y Administración negaron la existencia de dicha información. Esto, pese a las giras que se realizan por la Campaña Sin Hambre, mismas que aparecen en el portal de internet de Liconsa, y que dan cuenta de la presencia de Ramírez Puga en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, entre otros.
Gerardo Álvarez Tostado Valdivia, subdirector de Presupuesto de la empresa estatal, responde que los registros contables de la entidad “no reflejan erogaciones por concepto de viáticos del titular de Liconsa”.
En tanto, el director de Administración, Marco Antonio González Amaro, informa que “no se cuenta con una agenda detallada de eventos (lugar, fecha, hora, objetivo del evento) a donde haya acudido Héctor Ramírez Puga desde que asumió la titularidad de Liconsa, en respuesta a la solicitud de información 2014300005814.
El equipo oaxaqueño
De acuerdo con información publicada por el periodista Miguel Badillo en su columna semanal Oficio de Papel, Ramírez Puga mantiene en la nómina federal a amigos y excolaboradores oriundos de Oaxaca (Contralínea 379), los mismos que han sido cotejados en el directorio oficial que aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Liconsa.
Entre ellos se encuentran Engelbert Granados Saynes como jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Liconsa, relacionado con Juan Manuel Vera, exdirector de Seguridad Pública en el sexenio de Ulises Ruiz; Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz, a quien nombró como subdirectora de Modernización de Liconsa y es hermana de la diputada local oaxaqueña Lilia Mendoza Cruz; Addiel Concha Cruz, jefe del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental; Aline Elizabeth Gómez Alderete, jefa del Departamento de Difusión; Ariel Hernández García, subdirector de Venta Comercial; Axel Igor Guerrero Vigil, jefe del Departamento de Análisis y Atención a Medios; Carlos Zicri Ruiz Robles, jefe del Departamento de Relaciones Industriales, excolaborador de la campaña del senador Eviel Pérez Magaña; Claudia Galguera Aparicio, jefa del Departamento de Planeación y Estrategia Comercial (es hija de Carolina Aparicio, exdiputada y expresidenta municipal de Pochutla).
Se encuentran también: Cristino Rubiel Rojas Medina, subgerente de Control de Calidad y excandidato para diputado por el distrito de Ejutla; David Antonio Jiménez, jefe del Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico; Eric Iván Ruiz Espinoza, jefe del Departamento de Servicios Generales; Etelberto Gómez Fuentes, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, exdiputado local y expresidente municipal de Tututepec; Fernando Franco Luna, jefe del Departamento de Padrón de Beneficiarios, expresidente del PRI de Huatulco y excandidato a la presidencia municipal; Floriberto Vázquez Vázquez, jefe del Departamento de Apoyo al Buen Gobierno y exdiputado local; Francisco Javier Matus Berra, jefe del Departamento de Sistemas de Información y Órgano de Gobierno; Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal en Veracruz, exdiputado local y expresidente municipal de Miahuatlán; Gilberto García Avendaño, jefe del Departamento de Adquisición y Servicios Generales, y operador político en Huatulco, y Guillermo Lavariega Cárdenas, jefe del Departamento de Seguimiento Operativo, excandidato a la presidencia municipal de Huatulco y exdelegado de gobierno.
Asimismo: Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo, hijo de Heliodoro Díaz Escárraga, exsecretario de Gobierno con Ulises Ruiz; Horacio Gervacio Mendoza Valeriano, jefe del Departamento de Productividad Industrial; Hugo Paz Sosa, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos; Jaime Arturo Larrazabal Bretón, gerente Metropolitano Norte, exdiputado federal y hermano del expresidente municipal de Monterrey Fernando Larrazábal y de Jonás Larrazabal, quien fue acusado de supuestamente extorsionar a dueños de casinos en esa ciudad; Jesús Carreto Silva, jefe del Departamento de Informática; José Antonio Amado Osorio, jefe del Departamento de Atención y Servicios a Concesionarios y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz; José Gerardo Flores Caballero, jefe del Departamento de Normatividad y Cuentas Vencidas Para Trámite Legal; Juan José Galguera García, gerente del Programa de Abasto Social Morelos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz y esposo de la exdiputada local Carolina Aparicio; Karla Gabriela Jiménez Carrasco, subdirectora de Planeación Estratégica y excandidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México; Luis Gendrón Pensado, subdirector de Adquisición de Leche; Marco Antonio González Amaro, director de Administración, exdiputado local y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz; Marco Antonio Hernández Cuevas, gerente estatal en Oaxaca, exdiputado local y exfuncionario de Ulises Ruiz.
Finalmente: María Antonia Vigil Garnica, jefa del Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría Particular y exsecretaria privada de Ulises Ruiz; Octavio Márquez Zamora, jefe del Departamento de Transportes; Othoniel Melchor Peña Montor, encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno y director del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca durante el sexenio de Ulises Ruiz; Raúl Iruegas Álvarez, subdirector Jurídico de lo Contencioso; Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, titular de la Unidad Jurídica y hermano del exdiputado Marco Hernández Cuevas, hoy gerente de Liconsa Oaxaca; Ricardo Hernández Méndez, titular de la Unidad de Comunicación Social; Richard Roberto Sánchez García, subdirector de Comunicación Social y asistente personal de Héctor Pablo Ramírez Puga; Samuel Rosales Olmos, subdirector de Maquila y Compra de Leche Fresca, exregidor del municipio de Huajuapan de León; Sergio Alfredo Canseco Vasconcelos, subgerente de Administración y Finanzas; Sergio Chacón Rojas, jefe del Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional, excandidato a la presidencia municipal de Zaachila; Vicente Lucas Lara, jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la Producción y expresidente municipal de Chiltepec; Genaro Javier Cuervo Hernández, jefe del Departamento Cuentas por Pagar; Isauro Cervantes Reyes, jefe del Departamento de Programación y Compras de Insumos; María del Carmen de Fátima Fuertes Casasnovas, jefa del Departamento de Prestaciones; Carlos Roosevelt Salinas Enríquez, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Humano, exfuncionario de la Contraloría del estado de Oaxaca.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la UNAM, dice que es posible la integración de todo un equipo de esta naturaleza debido a las lagunas que tiene la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en la que se permite que hasta el 30 por ciento de los funcionarios sean por designación directa, aunque las personas que ocupan los cargos no cumplan con el perfil requerido para desempeñar su función.
El legislador que encabeza la denuncia interpuesta ante la PGR comenta: “Advertimos que Héctor Pablo Ramírez Puga está utilizando a Liconsa como su cuartel de campaña y de ahí sale todo el esquema propagandístico. Esto es reprobable por el desvío de recursos y porque esta institución tiene como propósito combatir la pobreza”.
Ramírez Puga, sin respuesta
Para llevar a cabo este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, a través de su jefe de departamento de Relaciones Públicas y el titular de la Unidad de Comunicación Social, Carlos Roosvelt Salinas Enríquez.
Salinas Enríquez informó que el responsable de atender las entrevistas del funcionario federal es Alejandro Leyva Aguilar.
Leyva Aguilar, quien no se encuentra en el directorio oficial de Liconsa, opera con un número de celular con la clave Lada de Oaxaca (951) y se presentó como el “encargado de prensa personal” de Ramírez Puga.
Este personaje comenta a Contralínea que Ramírez Puga tiene una “agenda saturada” por la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Solicitó un cuestionario con la promesa de contestar vía correo electrónico, mismo que finalmente tampoco respondió.
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Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio
