El sistema de pensiones privado está en quiebra: al cierre de 2014, 29.3 millones de cuentas abiertas en Afores y Siefores se encontraban inactivas, producto de la crisis económica. Pero éste no es el único problema: el 60 por ciento de la población ocupada no cotiza y por tanto no tendrá acceso a una pensión; mientras que el 69 por ciento de quienes sí lo hacen no alcanzará la mínima garantizada, de apenas 2.3 mil pesos mensuales. Contrario a ello, las financieras aumentan sus ganancias sin restricciones. Actualmente, XXI Banorte, Banamex y SURA concentran el 58 por ciento de los recursos
Veinte años después de la privatización de los fondos de pensiones, los resultados arrojados por las reformas zedillistas a la Ley del Seguro Social de 1995 y 1997 -que adoptaron las directrices inauguradas por el dictador Augusto Pinochet y los Chicago Boys chilenos en 1980, luego impuestas internacionalmente con los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- evidencian que este régimen de seguridad social ha sido un fracaso, según se desprende del documento Evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Técnicamente, el régimen de los fondos privados de pensión se encuentra en quiebra. Financieramente es inviable, en caso que no se lleve a cabo una reforma a la reforma señalada, o se decida “pensionar al sistema de pensiones”, como sugirió hace 1 década el politólogo Lorenzo Meyer y una gran cantidad de analistas.
Frente a la crisis del esquema de capitalización argentino, que mostraba resultados similares al mexicano, la presidenta Cristina Fernández empleó el “método” de Alejandro Magno para resolver el problema del nudo gordiano: en diciembre de 2008 eliminó a las “usureras” administradoras privadas -así las califica Diego Bossio, responsable de la Administración Nacional de la Seguridad Social argentina- y las altas comisiones que les cobraban a los trabajadores y que deterioraba los ahorros acumulados, nacionalizó otra vez al sistema y restableció el de reparto estatal, y amplió sustancialmente la cobertura y los montos de las pensiones pagadas.
Pese a ir en contra del consenso, el Banco Mundial se ve obligado a reconocer en 2015 que los dos últimos conceptos son los mejores de América Latina. Medida en dólares corrientes, las pensiones argentinas son cuatro veces a las pagadas en México y esa brecha seguirá ampliándose en el tiempo.
El desempeño del régimen privado de México contrasta radicalmente con dos de los objetivos básicos que justificaron la privatización del régimen de los asalariados del sector privado y que ahora vuelven a utilizarse para iniciar el traslado de las cuentas de los empleados públicos a las administradoras, filiales de los grupos financieros locales y trasnacionales.
Por un lado, aligerar en el tiempo la carga que representan las contribuciones al sistema de jubilaciones y pensiones sobre las finanzas del Estado, sobre el ingreso, gasto y balance fiscal.
Por otro lado, garantizar a los trabajadores, una vez concluido su ciclo laboral activo, una pensión que les dé una vejez más digna, o si se prefiere, menos miserable para las mayorías que las pagadas por el Estado con el antiguo esquema solidario, de reparto.
Dos décadas después, el saldo descrito por la Auditoría Superior –el desdentado organismo regenteado por Juan Manuel Portal, debido a sus escasas atribuciones legales para supervisar y sancionar a las instituciones y los funcionarios públicos a los infractores para restaurar las leyes- proyecta sombras sobre las ruinas de las pensiones mexicanas:
a) La baja cobertura. Entre 2010 y 2013 las personas ocupadas pasaron de 46.1 millones a 50.2 millones. Las que tenían acceso a una pensión subieron de 18 millones y 20.9 millones. Las que carecían de ella pasaron de 28.8 millones a 29.3 millones. Estos últimos equivalen a 60.7 por ciento y 58.4 por ciento de la población ocupada.
b) De las 52.7 millones de cuentas registradas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) al cierre de 2014, 29.3 millones, el 55.6 por ciento del total, se encontraban inactivas. Al menos desde 2011 no recibían aportaciones ni obligatorias ni voluntarias para su pensión, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
La falta de aportaciones se debe, principalmente, a los ciclos recesivos de la economía, el estancamiento crónico y la pérdida en la estabilidad en el empleo formal, legalizada por la “flexibilidad” laboral peñista. En ese sentido, son altas las probabilidades de que los titulares de las cuentas inactivas jamás logren pensionarse.
El número incluso puede elevarse ante el riesgo de que una mayor cantidad de trabajadores sean arrojados a las filas de la ocupación temporal, del desempleo abierto, el subempleo, la emigración, la informalidad o la población inactiva.
c) Al 69 por ciento de quienes sí logren cubrir el tiempo y la edad requerida, sus ingresos acumulados no le permitirán alcanzar la pensión mínima garantizada por la Ley del Seguro Social: 2.3 mil pesos mensuales. Si se considera a las cuentas activas, 23.4 millones, entonces 16 millones de trabajadores representan aquel porcentaje. De los que cotizan en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo lo alcanzará el 17 por ciento: 4 mil pesos. El salario mínimo promedio de 2015 es de 2 mil 78 pesos.
De cualquier manera, los privilegiados que obtengan esas pensiones garantizadas sólo tendrán aseguradas una vejez miserable. Ni siquiera un ingreso equivalente a tres veces el salario mínimo ofrece una vida diferente.
d) La pensión promedio que se obtendrá equivaldrá a 22 por ciento del último salario recibido. Con el antiguo sistema de reparto se recibía el 60 por ciento. Como de costumbre, esa tasa de remplazo es la peor dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en una lista de 34 países. El promedio es de 54 por ciento. En Canadá y Estados Unidos es de 45 por ciento y 38 por ciento. Las mejores corresponden a los Países Bajos y Dinamarca, donde equivalen a 91 por ciento y 78 por ciento del último salario.
La pensión media de los trabajadores que cotizan en los regímenes de beneficio, es decir, bajo responsabilidad estatal, será de al menos el 60 por ciento de su sueldo como trabajador activo.
La privatización de las pensiones no ha sido afortunada para los trabajadores del sector privado. Ni lo será para los del sector público, una vez que sean arrojados a los brazos de las Afores y las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (Siefores).
e) Si se considera por rango de edad a los cotizantes de las Afores y las Siefores (50.9 millones de trabajadores), según la ASF, sólo los trabajadores de 36 años o menos podrían acumular el ahorro necesario que les permitirá obtener una pensión superior a la mínima garantizada (2 mil 2523 pesos). Éstos suman 23 millones, el 45 por ciento del total.
Sus expectativas, empero, no son halagüeñas. Su pensión equivaldría a 30.7 por ciento de su salario.
El restante 55 por ciento –que incluye a los rangos de 37-45 años, 46-55 años y más de 56 años– requerirá de una compensación estatal para ajustar la pensión.
El grupo de 56 años o más requerirá un apoyo mensual estatal de 1.7 mil pesos para completar su pensión garantizada; el año promedio de retiro será en 2020. El grupo de 46 a 55 años necesitará entre 0.8 mil pesos y 0.9 mil pesos; el año medio de retiro será 2030. El de 37 a 45 años demandará entre 0.4 mil pesos y 0.5 mil pesos; el año promedio de retiro es 2039.
f) A menos que se modifique la ley, el Estado está obligado a cubrir la diferencia entre las pensiones pagadas y la mínima garantizada. Ello podría costarle al Estado alrededor de 5.1 billones de pesos acumulados entre 2014 y 2030.
g) Si se mantiene el programa de apoyo a las personas de 65 años o más de edad y se amplía la cobertura, el Estado tendrá que ampliar anualmente el presupuesto que le destina. El acceso a esa pensión, cuyo monto actual es de 580 pesos, exige no recibir una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sea superior a los 1 mil 92 pesos mensuales, ni del ISSSTE ni de otro esquema. Si alguien recibe ambas, su ingreso es de 1 mil 672 pesos.
En 2013, el programa atendió a 4.9 millones de personas, el 88 por ciento de las 5.6 millones que tienen ese rango de edad y carecen de una pensión. El gasto anual erogado fue de 22.6 mil millones de pesos, 384 pesos en promedio por persona. En 2050 ese sector de la población será de 15 millones y demandaría un gasto de 93 mil millones de pesos, 509 mil pesos por persona.
En 2015-2050 el costo público acumulado de esa pensión será del orden de 2 billones de pesos, 55 mil millones de pesos en promedio anual.
Es loable el interés estatal por asistir a un sector de la población tradicionalmente olvidado, en su mayoría, y condenado a un ocaso miserable. Por desgracia, el monto de la pensión complementaria es mezquino y reproduce circularmente la miseria. Los 580 pesos equivalen a 28 por ciento del salario mínimo promedio mensual de 2015 (2 mil 78 pesos) y 55 por ciento de la pensión alimentaria otorgada por el gobierno capitalino (1mil 49 pesos).
La supervisión del programa de pensión a adultos mayores, realizada por la ASF, arroja más tonalidades oscuras que transparentes. Bajo la responsabilidad de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el funcionamiento del programa, según la Auditoría, se ha caracterizado por el desvío de parte del dinero de las pensiones hacia el gasto de operación, por lo que deja de “promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas y, consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el desarrollo de actividades productivas y mejorar sus ingresos”.
Otras de las anomalías registradas son: el otorgamiento de pensiones a quienes no cumplen los requisitos; la exclusión de una parte de quienes sí encuadran en el perfil establecido (152 mil 498 personas), sí requieren esa asistencia y forman parte del padrón de la Sedesol; la duplicación de pagos a personas inscritas; el financiamiento de proyectos sin relación con el diseño original.
La opacidad, el desorden, los abusos, la violación a la normatividad y las leyes son algunos discretos detalles del funcionamiento de la Sedesol y el programa. Quizá por esas y otras razones ha sido tildado de tintes políticamente asistencialistas.
Fracaso estructural del modelo
A la Auditoría Superior, sin embargo, no le preocupa, en sí mismo, el fracaso estructural del modelo de cuentas individuales y privatizadas, el cual sustituye al régimen de reparto, solidario intergeneracional, intrageneracional y universal.
Ese esquema de ingresos tripartitos (públicos, empresariales y de los trabajadores), administrado por el Estado, pretendía garantizar a los trabajadores y sus familias una renta mínima en jubilaciones y pensiones, en servicios de salud y otros beneficios, una vez concluida su vida activa. Era uno de los componentes antiguos del estado de bienestar que, por medio de una política tributaria progresiva (gravar más a las empresas y los ricos) y redistributiva del lado del gasto, buscaba estabilizar las oportunidades en un capitalismo por esencia tendiente a la polarización social, reducir las desigualdades de clase, apoyar e integrar a los más desprotegidos de presente y futuro incierto.
Fue el estado de bienestar, difuso en México, limitado en su universalidad, que con la seguridad social quiso legitimarse para adocenar el descontento social y las tentaciones revolucionarias de las mayorías.
Tampoco le intranquiliza a Juan Manuel Portal y sus muchachos que la privatización haya convertido a la seguridad social en un valor de cambio, en una mercancía rentable y vendible a los grupos financieros y sus filiales, las Afores y las Siefores; en un activo transferible dentro del proceso de oligopolización típico de cualquier rama económica.
No le interesa que las Afores y las Siefores manejen arbitrariamente las pensiones. Al margen de los titulares de las cuentas. Más allá la farsa. De la simuladora formalidad en la que los trabajadores son, supuestamente, informados de forma oportuna de las operaciones llevadas a cabo con su dinero. En la que aparentemente ellos aprueban las inversiones de sus depósitos, están satisfechos con los rendimientos obtenidos y aceptan, como buenos jugadores, las ganancias y las pérdidas periódicas (“minusvalías” las llaman inodoramente, para maquillar los indolentes quebrantos), como si estuvieran en un casino, así como el montón de comisiones que les imponen los administradores, sin compartir los quebrantos, que afectan significativamente el nivel de sus ahorros.
Basados en la pedestre teoría económica tradicional, la ASF exalta a las Afores y las Siefores. Las presenta como la garantía para “la viabilidad financiera de las pensiones y jubilaciones”, por la rentabilidad de las inversiones del ahorro”, por su “adecuado manejo del riesgo” o la preventiva “diversificación de [la] cartera de inversión”.
Testifica la reducción de las Afores de 29 a 12 y que XXI Banorte, Banamex y SURA concentren el 58 por ciento de los recursos. Pero nada dice respecto de que las Afores desaparecidas transfirieron las cuentas a otras administradoras como cualquier mercancía porque el negocio dejó de ser atractivo. O de que los tres oligopolios citados arrebatan las cuentas a otras Afores con una guerra sucia, vendiéndoles a los trabajadores la ilusión de mayores ganancias, como los espejos que, se dice, los españoles intercambiaron por oro con los indígenas.
La supuesta prudencia de las Afores y Siefores no es más que un mito. Al presentar la Auditoría el rendimiento medio anual en los últimos 36 meses, como lo hace la Consar, y no anualmente, ambos utilizan un truco estadístico para ocultar las pérdidas, o “minusvalías” como las llaman, ocurridas en 2009, por ejemplo, debido a la “diversificación de cartera”, en las inversiones especulativas del mercado financiero (renta variable), atenuadas por los instrumentos de renta fija. Ese fenómeno es globalmente común en la era de la financiarización salvaje neoliberal.
La ASF ve satisfecho el rendimiento medio anual de 11.6 por ciento entre 2000 y 2013, aunque se queja de los 3 años de bajo rendimiento (6.7 por ciento en 2008, 6.1 por ciento en 2009 y 7.7 en 2013). Pero nada dice de que estamos presentes en una tendencia decreciente en el largo plazo: en 2000 fue de 23.4 por ciento y en 2013 de 7.7 por ciento: cayó en 15.7 puntos porcentuales o 67 por ciento.
Más aún, se vuelve cómplice de otra trampa: presenta los rendimientos en valores nominales. Si se descuenta la inflación, su valor real cayó de 14.4 por ciento en 2000 a 3.7 por ciento en 2013. Cayó 10.7 puntos, en 74 por ciento. El promedio real anual en 2000-2013 fue de 7 por ciento.
El porcentaje de 2013 fue similar al nivel esperado en la tendencia de largo plazo de los fondos privados de pensión chilenos, inútil para asegurar una jubilación digna. Esa situación se repetirá en México.
Existe otro elemento que explica las futuras bajas pensiones, el cual es omitido por la ASF y la Consar: las comisiones cobradas a los trabajadores por las Afores. Una vez descontadas, se reduce sensiblemente el nivel del dinero de las cuentas.
Entonces, ¿de qué les sirve a los trabajadores que el dinero de sus pensiones haya subido del 3.4 por ciento del ahorro financiero total en 1998 a 18.9 por ciento en 2019? Los únicos beneficiarios son el Estado y las empresas que se fondean con esos recursos.
No deja de ser llamativo que en 2003-2013 la Consar haya impuesto 5 mil 207 sanciones a las Afores y las Siefores, las cuales implicaron multas totales por 324 millones de pesos. Esas anomalías aumentaron entre 2001 y 2013.
A la ASF no le alarma la benévola displicencia reguladora de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ante las anomalías de las Afores y las Siefores. Pero el trabajo de la Consar deja mucho que desear.
Total, sus montones de auditorías en nada han servido para apaciguar, con el látigo de la ley, a los impunes infractores. Generalmente les dan la vuelta. Después de todo, los auditores son simples contadores a los que les tranquilizan los estados financieros cuadrados. No les inquieta el lúgubre destino de los futuros jubilados y pensionados.
Sólo les inquieta, como a los tecnócratas, que, al paso de los años, la desviación entre las piadosas mentiras y la cruenta realidad de las pensiones privatizadas se transforme en una perturbadora montaña de pasivos laborales, que pesaría como una lápida financiera sobre las espaldas del Estado. La bestia puede reventar por el exceso de peso.
El problema no es novedoso. La crisis sistémica neoliberal de 2008 arrastró al abismo a los sistemas privados de pensiones.
Desde 1980 el seminal experimento chileno ha sido sistemáticamente cuestionado. La dictadura y los Chicago Boys prometieron que las pensiones representarían hasta un 70 por ciento del último sueldo. Sin embargo, se estima que la mayoría de las pensiones pagadas en Chile son inferiores a ese porcentaje.
En 2013, Joaquín Vial, consejero del banco central chileno, señaló que cerca del 60 por ciento de los cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibiría una pensión de sólo 150 mil pesos chilenos mensuales, equivalentes a 314 dólares, a 4 mil 794 pesos mexicanos. Considerada como baja, duplica a la mínima garantizada en México. Con ese ingreso no es extraño que personas de hasta 75 años u 80 años prefieran mantenerse activas, pese a que un hombre puede retirarse a los 65 años y una mujer a los 60 años.
De las 9.6 millones de cuentas manejadas por las administradoras, sólo la mitad se encuentran activas. A diciembre de 2013, las seis administradoras privadas chilenas pagaron poco más de 1 millón de pensiones, con un equivalente a 310 dólares mensuales (4 mil 60 pesos mexicanos), 15 por ciento por debajo de los 364 dólares del salario mínimo (5 mil 506 pesos mexicanos). Quienes no habían cotizado o dejaron de hacerlo, recibieron una “jubilación asistencial” de 200 dólares creada por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ese monto, equivalente a 3 mil 26 pesos mexicanos, es poco más de cinco veces a la asistencialista concedida por el peñismo.
El economista chileno Manuel Riesco agregó que “las estadísticas del sistema [indican que] 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores”, y los otros 2 pesos “se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales”, donde las administradoras depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad. Dijo Riesco que de cada 3 pesos ingresados, por cotizaciones y subsidios, sólo sale 1 (37 por ciento). Estatizar las pensiones permitiría duplicarlas e igualarlas a las que paga el sistema público.
Así tenemos ahorro financiero robusto usado por las empresas y el tesado, administradoras rentables y pensionados indigentes.
Para resolver el problema, las administradoras, que sostienen que las bajas pensiones se deben a que los trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, proponen elevar aún más la edad de retiro y el porcentaje pagado con los salarios, de 10 por ciento, considerada una de las más bajas internacionalmente, a 13 por ciento. Curiosamente, no proponen reducir las comisiones cobradas en ese o en más puntos porcentuales. Riesco, empero, afirmó que “el sistema de ahorro forzoso saca dinero del bolsillo de los afiliados el equivalente al 13 por ciento del sueldo”.
Sebastián Piñera, entonces presidente, propuso reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo) para aumentar a 11 por ciento las cotizaciones a la pensiones.
En su primer mandato, Bachelet (2006-2010) sugería la creación de una administradora estatal. En junio de 2014 firmó el proyecto de ley.
Menos dubitativa, el gobierno de la argentina Cristina Fernández creó, en diciembre de 2008, el Sistema Integrado Previsional Argentino, el cual elimina el régimen de capitalización privado y lo sustituye por el de reparto. Desde ese momento, la cobertura y el nivel de pensiones han mejorado sensiblemente. El mínimo jubilatorio equivale a 442 dólares mensuales, 6 mil 686 pesos mexicanos.
Pensar que en México la pensión mínima garantizada es de 2 mil 23 pesos, la Ley del ISSSTE es de 4 mil pesos.
En lugar de proponer una salida al estilo argentino, la ASF recomienda, al igual que las administradoras chilenas o la Consar, la privatización de las pensiones públicas y que los trabajadores eleven sus aportaciones a sus cuentas, en aras de ampliar el nivel de sus pensiones, reducir o eliminar el déficit actuarial de los fondos gubernamentales y abatir las presiones fiscales sobre el Estado.
Según la ASF, una aportación adicional de 5 por ciento, que podría ser voluntaria o forzada, que obligue a que el 6.5 por ciento del salario que se destina a las Afores se eleve a 11.5 por ciento, mejorará el porcentaje de la pensión con relación al último salario. ¿En cuánto? De 22 por ciento a 33.3 por ciento. Como si ese cambio modificara cualitativamente el futuro sombrío de miseria y de pobreza de los próximos viejos.
¿Por qué la Consar y la ASF no propusieron una reducción en ese porcentaje de las comisiones cobradas por las Afores?
De acuerdo con el estudio ¿Cómo gestionar las comisiones que afectan a la jubilación bajo el Sistema de Ahorro para el Retiro?, elaborado por la Rand Corporation, las comisiones cobradas por las Afores son excesivas, deterioran el nivel de ahorro de los trabajadores y afectan el saldo acumulado que disponen los trabadores al final de su vida activa.
En ese trabajo se señala que las comisiones oscilan entre el 18 y el 23 por ciento de los recursos acumulados por los trabajadores, y son de las más altas cobradas en América Latina y algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El problema es aún más sombrío. El recorte en el gasto público anunciado por el gobierno en febrero pasado afectó en 5.3 por ciento al gasto destinado al Programa de Pensión para Adultos Mayores (se reduce en 2 mil 250 millones de pesos), el cual representa 36 por ciento del presupuesto total de la Sedesol.
Ello no sólo cuestiona la aspiración de su pretendida universalidad. Si los futuros ajustes fiscales anunciados amplían sus secuelas perniciosas sobre el conjunto del sistema de pensiones y jubilaciones, su crisis financiera ya empieza a asomar su rostro.
La precariedad del mercado de trabajo (inestabilidad laboral, bajos salarios) y el estancamiento económico reforzarán el colapso.
Marcos Chávez, @marcos_contra
*Economista
[Sección: Capitales]
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