Más de 300 millones de pistolas, rifles, fusiles y otros instrumentos para matar circulan entre las familias estadunidenses. Lo peor, se usan mayoritariamente contra negros, latinos y otras minorías

Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina

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La recurrencia de masacres parece un asunto insoluble en Estados Unidos, con un debate entrampado entre la impotencia de quienes exigen un mayor control de armas y la excusa de la seguridad y el derecho a defenderse.

Tiroteos y asesinatos masivos acapararon titulares en varios momentos del año que concluyó, mientras que muchas de las causas que desatan estos fenómenos esperan por la voluntad de las autoridades para mitigarlas.

Quizás uno de los más trágicos sucesos resultó el asesinato de nueve estudiantes el 1 de octubre en un colegio universitario del occidental estado de Oregon.

En un mensaje a la nación, el presidente Barack Obama consideró el tiroteo como consecuencia directa de laxas regulaciones respecto a la venta y posesión de armamento, así como a la incapacidad del Congreso para sacar adelante medidas que limiten su acceso.

El autor del hecho, de 26 años, abatido tras intercambiar disparos con la Policía, disponía de un verdadero arsenal: junto al cuerpo del atacante se hallaron seis armas, un chaleco antibalas y cinco cargadores de armas automáticas, además de otros siete artefactos pesados en su departamento.

Obama se mostró frustrado al condenar los trágicos sucesos: “Esto se ha convertido en una rutina, las informaciones son rutinas, mis reacciones aquí en este podio son una rutina, y lo es la conversación posterior”, afirmó durante una intervención especial ante la prensa desde la Casa Blanca.

A su juicio, la ausencia de iniciativas al respecto constituye “una decisión política”, porque grupos interesados como la industria de armamentos “financian campañas y alimentan el miedo en la gente”.

El mandatario explicó que solicitó a su equipo de asesores analizar los límites del Poder Ejecutivo para hacer aplicar leyes existentes, a fin de “poner las armas fuera del alcance de los criminales”.

Según cifras oficiales, los últimos años atestiguaron decenas de masacres con un número considerable de muertos, la peor de las cuales ocurrió en diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, estado de Connecticut, donde perecieron 20 niños y seis adultos.

Otros datos ilustran la magnitud del fenómeno en una nación con el récord de muertes por arma de fuego dentro de los países desarrollados.

Entre 2004 y 2013, fallecieron más de 316 mil personas a consecuencia de disparos, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades.

Informes confirman la existencia de más de 300 millones de pistolas, rifles, fusiles y otros instrumentos para matar en inventarios privados estadunidenses, casi en igual proporción a la cantidad de habitantes de la nación.

Según el gobernante, las estadísticas muestran que la violencia armada tiene un costo mayor en vidas estadunidenses que el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Las exhortaciones de Obama y amplios sectores de la sociedad estadunidense parecen caer en saco roto ante las justificaciones de los republicanos, que esgrimen siempre la Segunda Enmienda constitucional como sacrosanto impedimento para frenar cualquier iniciativa contraria al derecho para portar armas.

Los muchos rostros del odio y la discriminación

A mediados de noviembre, una noticia evidenció el nivel de violencia policial en una nación que, al mismo tiempo, comienza a tomar conciencia de la urgencia de revertir esta situación.

De acuerdo con cálculos del diario británico The Guardian, agentes policiales estadunidenses son responsables del asesinato de al menos 1 mil personas desde que inició el año.

De ese total, 883 murieron por balas disparadas por policías, otros 47 fueron víctimas del shock provocado por taser –pistola eléctrica–, 33 resultaron atropellados por vehículos policiacos y 36 fallecieron en detención.

Según su análisis de estas estadísticas, la tasa de muertes de civiles a manos de la policía es actualmente de 3.1 cada día.

Los afroestadunidenses, aunque representan sólo 13 por ciento de la población, son ultimados por policías casi dos veces más que los blancos, agregó la fuente.

A la violencia de la Policía contra afroamericanos y latinos, se unen acciones de supremacistas blancos, que tratan de imponer su ideología como ocurrió el 17 de junio en una histórica iglesia de Charleston, Carolina del Sur.

Dylann Storm Roof se introdujo en una reunión de estudio de la biblia en la iglesia Emanuel African Methodist Episcopal de dicha urbe y abrió fuego, lo cual dejó nueve afroamericanos asesinados.

Durante el interrogatorio para incriminarlo de cargos, el supremacista blanco de 21 años aseguró que quería “emprender una guerra racial”.

La llegada a la Casa Blanca del primer presidente negro en 2009, apenas modificó el panorama que padecen los afroamericanos, en una nación donde, advierten algunos, “existen demasiadas armas y racistas”.

Un editorial del diario británico The Independent consideró que Estados Unidos retrocedió en sus relaciones raciales desde la elección de Obama y que “la obscena proliferación de armas sólo magnifica tragedias” como las de Charleston.

El diario mexicano La Jornada recalcó, por su parte, que la nación norteña se convirtió en un “Estado estructuralmente violento”, donde se utiliza la fuerza con demasiada frecuencia para resolver diferencias a nivel local e internacional.

Masacres y denuncias de cuestionables prácticas policiales contra personas negras desarmadas evidencian las heridas nunca cicatrizadas de un flagelo entronizado desde los oscuros tiempos de la esclavitud y la segregación por el color de la piel.

Tal estado de cosas alimenta el debate nacional, incluso en las altas esferas políticas, mientras avanzan reclamos para efectuar profundas reformas de los cuerpos policiales y del sistema judicial penal.

Una de las evidencias más sobresalientes ocurrió con la absolución de George Zimmerman, un guardia de seguridad blanco que en 2012 asesinó en Sanford, Florida, al adolescente afroamericano Trayvon Martin, a quien consideró “sospechoso”, pese a encontrarse desarmado.

El avance del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan), demuestra esta toma de conciencia y marca un nuevo punto de tensión dentro del discurso antidiscriminatorio.

Esta iniciativa se extiende a las universidades, con un enfoque más amplio sobre el racismo institucional que prevalece en este país, y miles de jóvenes han participado en una creciente ola de acciones con notables resultados.

Observadores dicen que Black Lives Matter sirvió para las acusaciones rápidas contra oficiales por disparar contra personas negras y desarmadas, así como un cambio en la actitud del público hacia el tema.

Entre sus acciones más destacadas se cuentan cierres de carreteras, centros comerciales, puentes y empresas de un extremo a otro de Estados Unidos.

A mediados de septiembre, logró incluso la renuncia del jefe policial del poblado de Surf City, Carolina del Norte, luego que este calificara al grupo como terrorista en un comentario de la red social Facebook.

Si los líderes demócratas, e incluso algún que otro republicano están reconociendo Black Lives Matter, es porque cientos de miles de personas salieron a las calles, sostuvo recientemente el sitio digital Socialist Worker.

Casi seis de cada 10 ciudadanos estadunidenses, incluyendo una mayoría de blancos y negros, creen que las relaciones raciales están generalmente mal, y casi cuatro de cada 10 piensan que empeorarán, reveló en julio una encuesta del diario The New York Times y la televisora CBS News.

Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 469 / del 28 de Diciembre de 2015 al 03 de Enero de 2016